La ciencia vuelve a la calle

Científicos chilenos y de todo el mundo alzarán sus carteles este sábado para visibilizar los problemas que enfrentan.

Este sábado 14 de abril se realizará en varias ciudades de Chile la Marcha por la Ciencia. Se trata de la respuesta local a un movimiento internacional por la ciencia que se inició el Día de la Tierra de 2017, motivado por lo que se consideraba un “ataque” contra la ciencia por parte de la administración del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Ese 22 de abril de 2017, en Washington DC y en más de 500 ciudades del mundo, marcharon cientos de miles personas para celebrar la ciencia y hacer un llamado a construir políticas públicas sostenidas en evidencias, protestando “contra la institucionalización de las seudociencias y el negacionismo”, en palabras de uno de sus organizadores, Jonathan Berman, de la Universidad de Texas.

Los organizadores de la marcha de este año no están enfocados en la masividad en la calle, sino que han decidido diversificar sus acciones. Los seguidores del movimiento en Estados Unidos firman peticiones para sus autoridades (por ejemplo, recientemente exigieron al Congreso que apoye la investigación en violencia con armas de fuego), organizan congresos para enseñar a divulgar ciencia y publicaron un libro.

Este evento se replicó el año pasado en varias ciudades de Chile. En Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Santiago, Concepción y Punta Arenas marcharon unas 4.500 personas con carteles en que reivindicaban el trabajo de los académicos y pedían un mayor reconocimiento a disciplinas de las humanidades y las ciencias sociales.

Según cuenta Fernando Valiente Echeverría, doctor en microbiología y coordinador nacional del movimiento + Ciencia Para Chile, la marcha de este año se ha convocado en seis ciudades: Arica, Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Santiago y Concepción.

En el petitorio de la marcha se incluye el velar por la constitución y consolidación del futuro Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, aumentar el presupuesto de ciencia, tecnología e innovación del 0,38% del PIB actual al 1% en 2022, fomentar la investigación fuera de la Región Metropolitana, generar un plan nacional de inserción para investigadores jóvenes, y promover la equidad de género e incorporación de las necesidades de la comunidad LGBTI+ en la ciencia, entre otros puntos.

El debate ministerial

Como telón de fondo, en el Congreso actualmente se encuentra en comisión mixta el proyecto de ley que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, luego de que en el Senado se rechazaron algunas de las modificaciones introducidas en la Cámara de Diputados. Este proyecto de ley ha generado mucho debate en el mundo científico: tal como se explica en una carta firmada por premios nacionales de ciencias naturales, exactas, ciencias sociales y humanidades, habría aspectos administrativos, legales y presupuestarios que no estarían bien resueltos.

Mario Hamuy, presidente del Consejo de Conicyt desde el gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet (y ratificado por el Presidente Sebastián Piñera), trabajó en la coordinación del proyecto de ley que crea este ministerio. Para Hamuy, el ministerio no busca “mejorar la ciencia”, sino “poner la ciencia al servicio de las necesidades del país”. “Se necesita una instancia robusta de toma de decisiones políticas y una coordinación fuerte con otros ministerios”, dijo en una entrevista para El Mercurio.

Uno de los puntos que causaron el rechazo en el Senado fue el de una indicación que, según el senador Juan Antonio Coloma (UDI), vulnera el derecho de propiedad intelectual del científico o inventor. “El científico va a tener que compartir su invento… dónde está el incentivo… ¿Ustedes creen que alguien va a querer usar recursos del Estado para estos efectos si sabe que el Estado se puede apropiar (de la patente)?”, dijo el senador.

El senador Carlos Montes (PS) sostiene que “la investigación que se haga con recursos públicos debe tener un sentido para la sociedad” y, por ello, un avance científico con impacto social (por ejemplo, en el área salud) no debería quedar solo al criterio de quien lo ideó.

Pese al debate que ha entrampado el proyecto, Valiente es optimista. Afirma que, si bien el mundo político siempre podría ser más consultivo, participativo y vinculante, “ha sido receptivo con las demandas de las organizaciones sociales”. Además, dice que, una vez creada la nueva secretaría de Estado, las organizaciones de investigadores, si son invitadas, tendrán la oportunidad de “ayudar a definir la política y la estrategia que regirá a este ministerio”.