Acusación constitucional apunta a que supremos abrieron una puerta para la “más absoluta impunidad”
El texto agrega que los magistrados abandonaron notablemente sus deberes al no “ejercer el control de convencionalidad”.
Con un libelo de 93 páginas firmado por 10 diputados de oposición se pretende dar curso a la acusación constitucional contra tres ministros de la Corte Suprema para de destituirlos de sus cargos.
Al inicio del texto, los parlamentarios dan la primera señal de cuál será el tono de la acusación: “Los magistrados abandonaron notablemente sus deberes al dejar de ejercer el control de convencionalidad y facilitaron la impunidad de los ex militares condenados, al otorgar un beneficio que hace ilusoria la sanción impuesta por sus crímenes”.
El control al que hacen referencia los diputados es el que establece que se debe juzgar si un acto o normativa de derecho interno es compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos.
Luego se agrega que “la conducta de los ministros acusados revive una herida abierta en nuestra sociedad y abre una peligrosa puerta para que los culpables de la desaparición y muerte de otros chilenos quede en la más absoluta impunidad”.
Las justificaciones de los diputados acusadores
La mayor parte del libelo trata de justificar por qué, a juicio de los diputados, esta acción es necesaria. La primera razón, dicen, radica en que tienen un “deber ético e institucional ineludible de salvar el prestigio de la Nación frente a los compromisos asumidos ante el mundo”.
El texto cita los informes Rettig, Valech I y II, así como también a constitucionalistas como Alejandro Silva Bascuñán y Humberto Nogueira. Además, utiliza como principal argumento que los magistrados no realizaron el debido control de convencionalidad: “Los ministros acusados constitucionalmente, al dejar de aplicar los estándares internacionales de derechos humanos y equiparar el estatuto de los delitos comunes con el de los delitos de lesa humanidad han incurrido, sin duda, en la causal de notable abandono de deberes”.
En este punto, dicen los diputados, “los Estados no pueden invocar normas de derecho interno para evitar el cumplimiento de las obligaciones convencionales” y que “el referido control de convencionalidad obliga al Estado a adecuar su legislación interna, provocando la expulsión de normas contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos”.
Respuesta al pleno de la Corte Suprema
El libelo aprovecha de hacer frente a las críticas realizadas por los propios supremos. El tribunal, hace algunas semanas, emitió una declaración en la que aseguró que este tipo de acción es una “grave afectación de la autonomía de los magistrados”.
Los diputados afirman que “mal podría afirmarse entonces, como lo ha hecho el Pleno de la Corte que la presente acusación constitucional afecte la autonomía de los tribunales ni, menos aún, la vigencia del Estado de Derecho. Por el contrario, causaría grave daño al Estado de Derecho la existencia de órganos estatales dotados de irresponsabilidad constitucional”.
Los parlamentarios de oposición también rechazan los reproches que apuntaban a que esta acusación implicaba una revisión de decisiones jurisdiccionales, sugiriendo que eso atentaría contra el artículo 76 de la Constitución. El libelo explica que “de acogerse la acusación, el Congreso Nacional no dictará una sentencia de reemplazo, ni anulará las dictadas. Asimismo, no está corrigiendo ni enmendando dichos fallos. Se está ante el ejercicio de una facultad constitucional reconocida a las cámaras del Congreso que permite controlar la sujeción de autoridades de otros poderes del Estado a la Constitución y las leyes, evitando el ejercicio arbitrario del poder y el alzamiento de un órgano del Estado como supremo poder”.
Con todo, este jueves 23 de agosto, la sala de la Cámara escogió al azar a los cinco diputados que integrarán la comisión que revisará el mérito de la acusación constitucional. Para suerte de la oposición, quedaron con cuatro de los cinco cupos: Natalia Castillo (RD), Carolina Marzán (PPD), Leonardo Soto (PS) y Esteban Velázquez (FRV). Sólo Renzo Trisotti de la UDI representará al oficialismo en dicha instancia.
Mientras tanto en la Corte Suprema están analizando la situación y dicen que no se adelantarán a emitir ningún juicio apresurado. De lo que sí están seguros, es que cuando el libelo entre en tierra derecha, la defensa de los supremos recriminará la responsabilidad que tiene el Congreso al no legislar las dudas de interpretación sobre cómo conceder libertades condicionales a condenados por crímenes de lesa humanidad.
Revise aquí el texto completo de la acusación constitucional