Malversación reiterada: los escenarios que enfrentará Fuente-Alba

Romy Rutheford estimó que el excomandante malversó $ 3.500 millones de fondos públicos. Su caso quedó en manos de la Corte Marcial y los antecedentes bajo secreto de sumario.

Han sido dos semanas negras para el Ejército, luego de que entre el 8 de febrero y este martes 19 de febrero dos de sus ex comandantes en jefe han sido procesados por la justicia: Juan Emilio Cheyre, acusado de torturas a ex presos políticos en La Serena en 1973, y Juan Miguel Fuente-Alba, en contra de quien la ministra en visita Romy Rutherford acaba de dictar cargos por el delito reiterado de malversación de caudales públicos por $3.500 millones. Además, en la misma resolución pidió el embargo sobre sus bienes por el mismo monto de lo defraudado.

La jueza investiga el patrimonio de Fuente-Alba, el uso de gastos reservados y los viajes que realizaba en comisiones de servicio mientras encabezó el Ejército. De hecho, este último ítem es una de las 21 aristas de la indagatoria de la ministra relativa a las agencias de viajes con la que trabajaba la institución castrense: los precios de los pasajes aéreos eran abultados y los excedentes se los devolvían (a los altos uniformados) con los que, incluso, habrían viajado a otros destinos.

Se trata de viajes relativos a comisiones de servicio, es decir laborales, ante los que no correspondía que se dirigieran a otros destinos ni que lo hicieran acompañados de sus esposas, como fue el caso de Fuente-Alba. De hecho, ese es uno de los episodios de los que se hizo cargo Rutherford en su resolución, la que fundamentó en el informe que le entregó la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef) de la PDI: “Los antecedentes de los viajes realizados por el encartado Fuente-Alba aportados por la Bridef a fojas 1945 que no solo dan cuenta [de] que éste viajó en sus comisiones de servicio acompañado de su cónyuge sino, además, de los altos valores pagados por la Comandancia en Jefe con ocasión de estos viajes, lo que los incluía a ellos y a su comitiva, tanto en cuanto a tickets aéreos, como alojamientos y traslados”.

Fuente-Alba fue comandante en Jefe del Ejército entre marzo de 2010 y marzo de 2014, nombrado por la expresidenta Michelle Bachelet a su salida del gobierno. Pero su período en la institución lo ejecutó durante el primer mandato de Sebastián Piñera.

En 2006 se desempeñó como agregado de Defensa y Militar en la Embajada de Chile en Washington, periodo que también investiga la jueza. De hecho, entre 2008 y 2014 Fuente-Alba habría viajado más de 40 veces fuera de Chile.

Desde 2017, cuando empezó a ser investigado y se conoció que tiene un patrimonio de $ 1.100 millones, lo que incluye propiedades de alto valor y automóviles de lujo (en particular la marca Audi), Fuente-Alba ha defendido sus altos ingresos, argumentando, entre otras cosas, que se debían a sus inversiones y herencias.

Tras ser procesado, el general (r) quedó en prisión preventiva en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén, el mismo lugar donde estuvo detenido por cinco días a la espera del procesamiento de esta tarde.

Secreto de sumario

Su defensa, la abogada Joanna Heskia y Alejandro Espinoza, estudian pedir su libertad bajo fianza, beneficio -al igual que una eventual apelación al procesamiento- que deberá resolver la Corte Marcial. 

Fuente-Alba está sometido al antiguo sistema de justicia, que incluye secreto de sumario. Esto, debido a que la jueza Romy Rutheford, aunque es civil, integra por tres años la Corte Marcial, que se compone por dos ministros de la Corte de Apelaciones y tres miembros de las Fuerzas Armadas: Carabineros, Fach y Ejército.

Y aunque el procesamiento contra Fuente-Alba tiene más de 80 páginas, la jueza hizo públicas apenas dos, justamente las que contienen los cargos. La razón: los detalles y fundamentos forman parte del secreto de sumario. Aunque no para Fuente-Alba: el general (r) tuvo acceso a todo el contenido de lo que se le acusa en su procesamiento.

Justamente el sistema de justicia al que están siendo sometidos los ex altos oficiales es el argumento que dio pie al ex comandante en jefe del Ejército, el general (r) Humberto Oviedo, indagado por la ministra Rutheford también en la arista de los viajes, para impugnar ante el Tribunal Constitucional el no tener acceso al sumario de la causa.

Pero no será fácil para los exmilitares, adelantan fuentes judiciales, tratar de “botar” un procesamiento de Rutherford: es conocida por ser detallista, por fudamentar latamente sus resoluciones y dejarlas “amarradas”.

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