Crónica

El golpe de la Fiscalía contra el cardenal Ezzati

La Fiscalía de O’Higgins concretó una de las hipótesis que estaba investigando y citó al arzobispo de Santiago a declarar en calidad de imputado por encubrir delitos sexuales.

Agencia Uno

Por Juan Manuel Ojeda

Martes 24 de julio de 2018

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El fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, lo llevaba anunciando desde hace semanas. En varias de sus intervenciones públicas el persecutor destacó que, al menos en lo que tiene que ver con las investigaciones de su jurisdicción, junto con perseguir a los autores de los delitos pondría especial atención sobre los presuntos encubridores.

Para eso Arias ya lleva una notable delantera respecto de los otros fiscales que también están investigando delitos sexuales cometidos por clérigos de la Iglesia Católica. En su poder tiene más de 100 documentos incautados del Tribunal Eclesiástico en Santiago, del Obispado de Rancagua y de la Oficina Pastoral de Denuncias. Además, formalizó al excanciller del Arzobispado de Santiago Óscar Muñoz y consiguió su prisión preventiva por los delitos de abuso sexual y estupro.

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En menos de 24 horas, el sacerdote Óscar Muñoz fue detenido, formalizado y encarcelado. Con su caso el ojo está puesto en dos frentes: los autores y los encubridores de delitos.

Pero la Fiscalía de O'Higgins tenía reservado el mayor golpe para este martes 24 de julio cuando notificó al cardenal y arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, de que será citado a declarar como imputado por encubrir delitos sexuales.

El fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias. Crédito: Agencia Uno

Ya el lunes 23 de julio la Fiscalía Nacional había entregado una primera pista. Al momento de entregar su catastro de delitos sexuales relacionados a la Iglesia católica, agregó un dato no menor: “Existen cinco casos por encubrimiento u obstrucción a la investigación contra superiores de congregaciones u obispos a cargo de una determinada diócesis”.

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El catastro entregado por la Fiscalía Nacional contempla 144 investigaciones, 158 personas imputadas, 266 víctimas y cinco casos de encubrimiento u obstrucción a la investigación.

Apenas se notificó a Ezzati de la situación, el Arzobispado de Santiago tomó las primeras acciones y a través de un correo electrónico dio a conocer la situación a todos los sacerdotes de Santiago, a funcionarios del Arzobispado e incluso al Vaticano. Luego, transparentó la situación a través de un comunicado público en el que informó que “el Arzobispo de Santiago, Cardenal Ricardo Ezzati, fue citado por la Fiscalía Regional de Rancagua para declarar en calidad de imputado el próximo 21 de agosto, por la eventual responsabilidad que podría caber en el delito de encubrimiento”.

EL propio arzobispo comentó en el mismo comunicado: "Reitero mi compromiso y el de la Iglesia de Santiago con las víctimas, con la búsqueda de la verdad y con el respeto a la justicia civil. Tengo la convicción de que nunca he encubierto ni he obstruido a la justicia, y como ciudadano cumpliré con mi deber de aportar todos los antecedentes que contribuyan a esclarecer los hechos".

La noticia remeció a la Iglesia y desde la institución comentaron en privado que esperaban que una acción así ocurriera, pero sorprendió que la Fiscalía que dirige Arias lo informara tan pronto. Incluso los equipos legales del Arzobispado ya se adelantaron y se están preparando para la arremetida del Ministerio Público contra la Iglesia. Por ejemplo, el abogado del organismo, Gonzalo Pérez, asistió al Juzgado de Garantía de Rancagua para escuchar directamente la formalización de Muñoz.

Con la decisión de investigar formalmente a Ezzati por encubrir abusos sexuales, el Ministerio Público dio un paso inédito hasta ahora. Y lo hizo apuntando sus dardos directamente hacia la máxima autoridad de la principal diócesis de Chile.

El desafío de condenar por encubrimiento

Varios abogados penalistas consultados por PAUTA.cl coinciden en que la decisión de Arias es “osada”. A pesar de que el persecutor es conocido por tomar decisiones polémicas y estar obsesionado por incomodar a las máximas autoridades —como lo hizo mientras estuvo a cargo junto con el fiscal Sergio Moya del caso Caval—, los expertos infieren que el persecutor debe contar al menos “antecedentes potentes” para dar un paso de este tipo. Sin embargo, el camino que le espera a la Fiscalía de Rancagua no es fácil.

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Solo el Papa puede determinar si entrega los datos que solicite el Ministerio Público vía exhorto al Vaticano. Su decisión, en cualquier escenario, será controversial.

En términos jurídicos, el encubrimiento no es un delito, sino que sólo constituye uno de los tres tipos de participación —autor, cómplice y encubridor— que puede tener una persona en la comisión de un ilícito. A pesar de que la fiscalía que dirige Arias aún no entrega detalles respecto de la investigación que tiene en contra del cardenal, lo más probable es que su imputación corresponda para el delito de abuso sexual.

La primera claridad respecto del encubrimiento la ofrece el Código Penal en su artículo 17, en donde se estipula que “son encubridores los que con conocimiento de la perpetración de un crimen o de un simple delito o de los actos ejecutados para llevarlo a cabo, sin haber tenido participación en él como autores ni como cómplices, intervienen, con posterioridad a su ejecución”.

En el mismo texto se describen cuatro modos respecto de los cuales se puede configurar este tipo de participación en un delito. La abogada María Elena Santibáñez, profesora de derecho penal de la Universidad Católica, explica que lo más probable es que la fiscalía opte por probar un encubrimiento de tipo personal, detallado en el numeral tres de dicho artículo, es decir, “albergando, ocultando o proporcionando la fuga del culpable”.

Santibáñez apunta a la práctica del traslado de sacerdotes, algo muy común en las diócesis. “El encubrimiento se puede configurar en cierta forma si se comprueba que, sabiendo del ilícito, el imputado destinó al sacerdote a otra localidad como forma de ocultarlo o le facilitó medios al victimario para que estos delitos no se sepan”, asegura la penalista.

Respecto de las posibles penas que arriesga Ezzati, la norma general es que se aplica la pena que tiene el delito imputado, reduciéndolo en dos grados para el encubridor. El abogado Jaime Winter, profesor de derecho penal de la Universidad de Chile, aclara que por el momento es difícil hacer un análisis en abstracto y que se deben tomar en cuenta una serie de variables que aún se desconocen. "El encubrimiento habitual tiene una pena que va de los 61 días a los 5 años, pero, si concurren varias atenuantes como la irreprochable conducta anterior, la pena podría ser incluso menor", explica Winter.

Con todo, las acciones del Ministerio Público contra Ezzati llegan en un contexto local y también mundial marcado por los casos de clérigos autores y encubridores de abuso sexual contra menores. De hecho, la justicia civil australiana acaba de anotarse una importante victoria. A inicios de este mes, Australia condenó al arzobispo de Adelaida, Philip Wilson, por encubrir los abusos cometidos por el sacerdote Jim Fletcher a sus acólitos en los años 70. La condena fue de 12 meses de presidio, que lo más probable es que cumpla bajo arresto domiciliario.

En Chile, por el momento el capítulo recién está comenzando y la primera escena partirá el próximo 21 de agosto, cuando por primera vez en la historia de la Iglesia chilena se vea a un cardenal (y arzobispo) declarando en calidad de imputado por encubrir abusos sexuales.

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