Crónica

El secreto pontificio que obstaculizará las investigaciones de la Fiscalía

Solo el Papa puede determinar si entrega los datos que solicite el Ministerio Público vía exhorto al Vaticano. Su decisión, en cualquier escenario, será controversial.

Fiscalía Nacional

Por Juan Manuel Ojeda

Martes 26 de junio de 2018

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La Fiscalía Nacional se encuentra en pleno proceso de análisis de la información que recibió de sus 18 fiscalías regionales sobre los casos de presuntos delitos sexuales contra menores de 18 años en que se involucra a sacerdotes o funcionarios de la Iglesia. Con este catastro, la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones y la Unidad de Delitos Sexuales del Ministerio Público comenzarán a preparar la solicitud de información al Vaticano.

La petición, que deberá hacerse vía exhorto internacional, enfrentará uno de los obstáculos más difíciles de sortear en la Santa Sede: el secreto pontificio. Esta traba —que para la Iglesia Católica es una de las garantías de confidencialidad más importantes establecidas en el código de derecho canónico y sus normas adyacentes— rige para todos los documentos y archivos que derivan de una investigación canónica.

Los enviados especiales del Papa recibieron al Fiscal Nacional y a tres persecutores regionales en la Nunciatura para abordar la colaboración de la Iglesia con la justicia civil. Crédito: Agencia Uno

El jesuita experto en derecho canónico Marcelo Gidi, quien además ha cumplido el rol de investigador en causas como la de Cristián Precht, asegura a PAUTA.cl que “todo cae bajo secreto pontificio”. Esto quiere decir que tanto las investigaciones previas, las investigaciones judiciales o administrativas y también las sentencias están bajo reserva.

Este tipo de secreto está regulado en el documento de la curia romana titulado “Instrucción Secreta Continere” redactado por la Secretaría de Estado del Vaticano en 1974. Varias fuentes ligadas a la Iglesia y conocedoras del proceso de investigación canónica comentan que la relevancia de esta prerrogativa quedó evidenciada posteriormente en las normas que regulan los delictis gravioribus (delitos más graves), al cual califican los pecados contra el sexto mandamiento, es decir, los delitos sexuales. En el artículo 30 de ese documento se estipula que “las causas de este género están sujetas al secreto pontificio”.

Todo esto es válido para el Estado chileno, dado que las investigaciones canónicas se rigen por las normales legales de la jurisdicción del Vaticano. Ello, más aún cuando el órgano que investiga es la Congregación para la Doctrina de la Fe, ubicada en la Santa Sede y a donde se remiten todos los antecedentes de alguna causa canónica.

La abogada Anastasía Assimakópulos, profesora de derecho canónico de la Universidad de los Andes, explica que “con el secreto pontificio, respecto de los delitos más graves, se procura proteger la vida privada de las personas que participan en el proceso de recepción de denuncias y de investigación canónica”. Según Assimakópulos, esta norma tiene su fundamento en la seguridad que necesita una persona abusada para poder contar en confianza los hechos que sufrió. “Está pensado, principalmente, para proteger a la víctima para que pueda decir lo que quiera decir y así garantizarle confidencialidad”, afirma la canonista.

El cardenal Ricardo Ezzati siguió de cerca la incautación que hizo la fiscalía del Tribunal Eclesiástico. Ese mismo día leyó una declaración asegurando que la Iglesia sí ha colaborado con la Fiscalía. Crédito: Agencia Uno

En ninguno de los documentos que regulan este secreto se establece las causales por las cuales se puede levantar la reserva. Sin embargo, Gidi explica que “como esto se trata de un secreto de naturaleza moral, el Papa puede determinar su suspensión para algunas materias y en algunos casos”.

Consultado sobre la posibilidad de que Francisco decida levantar el secreto para colaborar de forma efectiva con la justicia civil, el jesuita aclara que “siempre puede ser una posibilidad que el Papa, por buscar un bien mayor, suspenda la obligación de secreto”.

Este medio realizó consultas por escrito, telefónicas y en persona ante la Nunciatura Apostólica para obtener una opinión sobre estas materias, pero no se obtuvo respuesta.

La molestia de la Iglesia

La escena protagonizada por el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, incautando los archivos del Tribunal Eclesiástico ubicado en Santiago acompañado del OS-9 de Carabineros causó la preocupación de la Iglesia Católica.

Crónica

El histórico día en que el Ministerio Público se enfrentó a la Iglesia chilena

La Fiscalía incautó documentos eclesiásticos y solicitó colaboración con la justicia civil. El mismo día, Charles Scicluna criticó las “malas prácticas” del clero chileno en el manejo de denuncias de abuso.

Ese mismo día varios canonistas se contactaron entre ellos y el comentario obligado fue que el Ministerio Público había cruzado una línea muy delicada. Los expertos resintieron la acción judicial de Arias y el poco respeto que se tuvo a los tiempos de la Iglesia y sus procedimientos.

Pero lo que más les preocupó fue que se violara de esa forma la confidencialidad que garantizan los procedimientos canónicos y la privacidad de las víctimas que han acudido a la Iglesia y no a la justicia civil para hacer sus denuncias o presentar sus testimonios. Además, aseguran, por el alto riesgo de que los antecedentes reservados que estaban en el Tribunal Eclesiástico se filtren a la prensa a medida que avancen las indagatorias.

Fuentes ligadas a la Iglesia consultadas por PAUTA.cl confirmaron que al menos desde el Arzobispado de Santiago y de la Nunciatura Apostólica le transmitieron vía correo electrónico o por teléfono esta preocupación al Ministerio Público.

El arzobispo de Malta, Charles Scicluna, durante su paso por Chile aseguró que la Iglesia "debe colaborar con la justicia civil". Crédito: Agencia Uno

Esta misma inquietud se volvió a sentir el día que la fiscalía Metropolitana Sur y la PDI decidieron interrogar al monseñor Charles Scicluna en el aeropuerto de Santiago justo minutos antes de abordar el avión de regreso a Roma. Por eso se explica, dicen desde el Ministerio Público, que ese día cuando el fiscal regional, Raúl Guzmán, se refirió públicamente a la diligencia, la calificara como una simple “entrevista” con el enviado papal.

Sin embargo, desde la Iglesia aseguran que dado el ruido que provocó la arremetida de los persecutores, ha sido el mismo fiscal nacional, Jorge Abbott, quien ha calmado el ambiente explicando que actuarán con prudencia y se mantendrá la reserva de los archivos incautados. Abbott, no obstante, no tiene tanta injerencia, dado que el material incautado está en manos de la fiscalía regional de O’Higgins, jurisdicción que es autónoma en sus investigaciones.

La oficina que no fue

Hay otro asunto que también tiene en alerta a ambas instituciones. Se trata del “enlace” que se supone se iba a establecer entre la Fiscalía Nacional y la “nueva oficina” de recepción de denuncias que está a cargo de cinco integrantes del Consejo de Prevención de Abusos de la Conferencia Episcopal (Cech).

La coordinadora de este nuevo espacio, Pilar Ramírez, ha explicado que no se trata de una oficina, sino que de una instancia “de escucha” y que a ellos no les corresponde dar conocimiento de los hechos que reciban a la justicia civil. Esto significa que no se recibirán denuncias formalmente ni tampoco derivarán a la Fiscalía.

Ramírez ha expuesto en reiteradas ocasiones que el encargo que les hizo Scicluna es que reciban a las víctimas que él no pudo escuchar luego de su segundo paso por Chile. Lo que sí harán es asesorar a la víctima para que escoja, en libertad, el camino que quiera seguir: hacer la denuncia ante un obispo en caso de que el clérigo sea diocesano, denunciar ente el superior de una congregación religiosa y los canales existentes para denunciar ante el Ministerio Público o las policías.

Pese a que esta postura ha sido blanco de críticas por ser considerada una forma de encubrimiento o de protección a los clérigos, desde la Cech están convencidos de que “no se pueden apropiar del relato de ninguna víctima”, como ha planteado Ramírez. Además, desde la instancia aclaran que tanto el Papa como Scicluna han reiterado que la Iglesia debe cumplir con la legislación del país correspondiente y en Chile no hay ninguna norma que los obligue a tener que denunciar ante órganos civiles.

Pilar Ramírez es la coordinadora del nuevo "proceso de escucha" a víctimas que encargó Scicluna luego de su retorno al Vaticano. Crédito: Agencia Uno

En cualquier caso, hay unos artículos del Código Procesal Penal que detallan una serie de sujetos —que incluye funcionarios de establecimientos de salud o educacionales— que “deberán hacer la denuncia dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal”. Ni ese artículo ni otros incluye a los sacerdotes entre los sujetos obligados a informar de crímenes.

Con todo, la presión que le llegará al Papa Francisco no es menor dado el especial interés que ha puesto en el caso chileno. Una vez que el Ministerio Público chileno defina el contenido de los exhortos que enviará al Vaticano, será el Sumo Pontífice quien evaluará la pertinencia de cada uno de ellos.

De optar por proteger el secreto pontificio, las críticas por la poca colaboración de la Iglesia con la justicia civil aumentarán al punto de echar abajo los compromisos que supuestamente asumió Scicluna cuando recibió a los fiscales en la Nunciatura Apostólica. Pero, en el caso contrario, en el que opte por suspender la reserva dada la gravedad de la crisis de la Iglesia chilena, el Papa tendrá que hacer frente a los cuestionamientos internos que reciba dentro de las propias filas vaticanas, en especial de quienes están ligados a la Congregación para la Doctrina de la Fe y de los cardenales más conservadores que históricamente han sido férreos defensores de la confidencialidad de las investigaciones canónicas.

Chile versus el Vaticano

PAUTA.cl consultó a la Corte Suprema sobre el registro total de exhortos al Vaticano, pero el máximo tribunal no lleva la cuenta de estos recursos separado por Estado. A pesar de eso, un funcionario de la Corte Suprema asegura que en los últimos diez años sólo tiene recuerdo de dos exhortos.

Uno de ellos se hizo en 2011 en el marco de la investigación civil que llevó adelante la jueza Jéssica González. La ministra solicitó todos los antecedentes del juicio eclesiástico que condenó al expárroco de El Bosque Fernando Karadima. Esa vez el Vaticano respondió la solicitud enviando en un sobre cerrado el expediente del fallo condenatorio de Karadima. Según explica la canonista Anastasía Assimakópulos, lo más probable es que esa vez el Papa aceptó suspender el secreto pontificio ya que se trataba de una investigación cerrada que culminó en una condena.

El segundo exhorto que envió el Estado chileno a la Santa Sede ocurrió en 2015, enmarcado en la demanda civil que mantienen tres víctimas de Karadima contra el Arzobispado de Santiago por el supuesto encubrimiento de la jerarquía de la Iglesia a los abusos realizados por el sacerdote. Ese año se solicitó al Vaticano que entregara una copia “íntegra y fidedigna” de los antecedes que tenía la Santa Sede sobre el rol que jugó el exobispo de Osorno Juan Barros en los abusos realizados por Karadima. Pero esa vez el Vaticano rechazó el exhorto y denegó la información pedida por la justicia civil chilena.

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