“Los campamentos son un síntoma, la problemática está en la ciudad”
El director ejecutivo de Techo Chile, Sebastián Bowen, contó que en el país hay 33 mil familias que viven vulneradas en su derecho a vivienda.
Más de 500 voluntarios de Techo participaron en la investigación que detectó los problemas habitacionales más críticos de la población vulnerable, como el hacinamiento y el subarriendo. Según estos datos, hay 704 vecindarios con vulneración al derecho de la vivienda, lo que corresponde a más de 33 mil familias.
En conversación con Primera Pauta, el director ejecutivo de Techo Chile, Sebastián Bowen, dio a conocer las primeras conclusiones de este estudio del derecho a la ciudad, realizado en Antofagasta, Valparaíso, Santiago y Concepción. “De un tiempo a esta parte nos dimos cuenta que los campamentos son un síntoma, la problemática está en la ciudad. El campamento es una suerte de vía de escape de familias que viven hacinadas, que no pueden pagar el arriendo o viven en barrios inseguros y por eso terminan yéndose al campamento”, dijo.
La organización fundada por Felipe Berríos realizó un mapa de las ciudades para identificar los problemas previos a que las familias decidan vivir en campamentos. Las primeras conclusiones indican que hay una exclusión social que no tiene que ver con los campamentos, viviendas ubicadas en zonas de peligro, como quebradas, y el hacinamiento. Otro fenómeno es el de los conventillos, que están localizados en zonas céntricas -como Santiago y Estación Central-.
“Ves puertas normales, tú abres esa puerta y te encuentras con 12 piezas, con condiciones precarias y donde una sola persona las subarrienda. Nos dimos cuenta que si esa persona arrienda alrededor de 12 piezas, está ganando entre un millón y un millón 200 mil pesos. Hay un negocio bien profundo detrás del subarriendo. Son arriendos que se dan en contextos muy informales, donde hay inmigrantes pero también hay chilenos. Ahí hay un fenómeno bastante nuevo que tenemos que empezar a ver cómo lo vamos a abordar”, agregó Bowen.
Este fenómeno se da, asegura Techo, por la gran cantidad de requisitos para conseguir un arriendo formal y, por ello, muchas veces las familias vulnerables terminan pagando incluso más de lo que lo harían con un alquiler legal: “Me tocó entrar a conventillos donde las familias estaban pagando 180 mil pesos por piezas de tres por tres metros y claramente con condiciones higiénicas y de servicios básicos super precarias. Y muchas veces tienen que pagar un colegio porque no tienen idea cómo insertarse en el sistema educacional chileno y ese colegio les puede cobrar 130 mil pesos, que fue un caso particular de una familia haitiana”.
El desafío, dice Bowen, es cómo facilitar el acceso a los servicios a esas familias de menos ingreso y donde se une con la integración social pues “hay un anhelo bien profundo de vivir en zonas mejor localizadas y eso es lo que lleva a un nivel de hacinamiento que lleva a estos arriendos informales”. Además, las conclusiones arrojan que no hay opciones de solución temporales, como aldeas o barrios transitorios que permitan evitar que las personas lleguen al campamento.
Una de las soluciones que encontró Techo fue el estándar 20/60, en el que todas las unidades vecinales deben tener entre un 20% y un 60% de hogares vulnerables. Para factibilizar esta medida, se citó a una comisión de expertos que espera tener resultados preliminares en los próximos diez días y resultados más completos en el mes de septiembre. Su intención es entregárselos al ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg y a los parlamentarios.
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