Crónica

Los riesgos de la única pena irrevocable

No hay evidencia de que la pena de muerte reduzca el crimen, siempre hay riesgo de condenar a la persona equivocada y en Chile no se cuantifican los errores procedimentales.

Por Jorge Román

Martes 24 de julio de 2018

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En febrero de este año, cinco diputados UDI pidieron al entonces presidente electo, Sebastián Piñera, que hiciera un plebiscito para consultar sobre el restablecimiento de la pena de muerte. "Hay personas que no merecen ser alimentadas y encarceladas, porque el nulo respeto a la vida no permite otra opción que la de pagar con su vida los atroces delitos cometidos", argumenta la carta.

El debate sobre esta condena -que fue derogada en 2002- ha reflotado a causa de varios casos de asesinatos (a veces ligado con abusos sexuales) a niñas de entre uno y tres años ocurridos en febrero, en abril y ahora en julio de este año.

"Lo que yo he visto es que la pena de muerte no es un disuasivo para los crímenes violentos", asegura a PAUTA.cl Mauricio Duce, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. "Estados Unidos tienen enormes tasas de violencia y encarcelación, y tienen pena de muerte, mientras que en muchos países de Europa pasa justo lo contrario".

Mucha gente exigió pena de muerte para el violador y asesino de una niña menor de dos años.

Una extensa revisión de investigaciones realizada por el colectivo de divulgación científica Etilmercurio parece ratificar esta afirmación. En Estados Unidos (uno de los países donde más se ha investigado este tema) hay estados con y sin pena de muerte, y aquellos donde no existe tienen índices de asesinato inferiores a los que sí la tienen.

No obstante, correlación no significa necesariamente causalidad. Por ello, dos investigadores del National Research Council realizaron una extensa revisión de estudios sobre la pena de muerte. Su conclusión es que los estudios "no se elevan al nivel de evidencia creíble" para apoyar la hipótesis del efecto disuasivo (o no disuasivo) de la pena de muerte como "determinante de los índices de homicidios totales y no son útiles para evaluar la pena capital como política pública". Es decir, en el mejor de los casos, la existencia de la pena de muerte no tiene influencia alguna en el número de crímenes violentos.

"La criminalidad más violenta no es impulsada por una racionalidad. No hay un cálculo racional en la comisión de crímenes violentos", afirma Duce. Recuerda que existe otro problema: "La pena de muerte es la única pena que no permite corregir el error".

El riesgo del doble crimen

El estadounidense de Mississippi Kennedy Brewer pasó 13 años en prisión, siete de ellos como condenado a muerte, por la violación y asesinato de una niña de tres años, hija de su pareja. A través de exámenes de ADN realizados por la organización Innocence Project se desecharon las pruebas contra Brewer que estaban basadas en análisis forenses erróneos. El verdadero asesino fue encontrado y se descubrió que además había violado y asesinado a otra niña de tres años, y en ese caso también se había condenado a la persona equivocada.

Desde 1992, Innocence Project ha conseguido exonerar a 358 personas en Estados Unidos gracias a tests de ADN. Veinte de estas personas habían sido condenadas a muerte y esperaban la ejecución de la pena.

"Existe creciente evidencia en el mundo anglosajón de que los sistemas de justicia criminal tienden a cometer errores", explica Duce. "Por ejemplo, se le da mucho valor a pruebas oculares cuestionables, se le cree mucho a testigos falsos", afirma.

Esto parece ser confirmado por varias investigaciones y revisiones sistemáticas, como un artículo de dos académicos de la American Psychological Association, donde se subrayan las dificultades de confiar en testigos oculares para casos de justicia criminal. Es más: incluso se han cuestionado las competencias de sicólogos y siquiatras que trabajan en las cortes como testigos expertos.

En Chile, el Proyecto Inocentes, de la Defensoría Penal Pública, ha dado a conocer 65 casos de personas acusadas y condenadas. Luego se comprobó que no habían tenido responsabilidad en los hechos. "Dichos casos son ejemplos que representan un universo cercano a 3.000 personas que viven situaciones similares año a año en Chile", dice a PAUTA.cl Humberto Sánchez, abogado y parte del equipo del Proyecto Inocentes.

El Proyecto Inocente rescata casos de personas que fueron perseguidas penalmente y, en algunos casos, encarceladas, por errores procedimentales. Sergio Vera, por ejemplo, fue imputado por identificación errónea.

Duce, no obstante, hace una distinción entre estos casos y aquellos de personas que estaban efectivamente cumpliendo sus penas y, a través de un recurso de revisión, pueden amnistiarse condenas firmes. El académico dice que, entre 2007 y 2016, identificó 48 casos de recursos de revisión exitosos. Sin embargo, no se ha hecho un estudio sistemático que permita detectar el porcentaje de error en las condenas en Chile. "En Estados Unidos, Samuel Grossman y otros investigadores determinaron que para la pena de muerte había una tasa estimada de error del 4,1%. Pero es posible que para delitos menores la tasa podría ser muy superior", explica Duce.

Sánchez identifica seis causas de error habituales: error de reconocimiento, testimonio falso, mala ciencia pericial, mala conducta de agentes del estado, error en la defensa y falsa confesión. "Esta última es una de las causas más complejas", sostiene Sánchez, ya que en Chile "la confesión no es prueba de culpabilidad" a causa de los vicios que esto puede provocar en el sistema (por ejemplo, forzar una confesión a través de presiones y torturas). Sánchez asegura que hay casos en que las confesiones son construidas a partir de los antecedentes del caso "y posteriormente se les hace calzar cuando se encuentra al chivo expiatorio perfecto para ser el culpable", asegura Sánchez.

Uno de los casos detallados en el Proyecto Inocentes es el de un hombre de 80 años que se declaró culpable del asesinato de dos hombres. Aunque las evidencias hacían dudar de su culpabilidad, el fiscal utilizó pruebas circunstanciales y una confesión forzada: "Hubo algo de insinuarme que dado mi edad, que yo podía reconocerlo como culpa mía y que me iban a declarar interdicto", afirmó después el acusado.

El riesgo de este tipo de situaciones es evidente: no solo se encarcela a una persona inocente, sino que el culpable continúa libre y sigue siendo un peligro para la sociedad. Es decir, se produce un doble crimen. "En Chile tenemos una cifra negra de decisiones erróneas que no tenemos cuantificadas", dice Duce. También explica que existe la idea de que el sistema penal chileno casi no comete errores, pero "en Chile se reproducen muchas de las malas prácticas que se ven en Estados Unidos". De hecho, Duce ha desarrollado varias investigaciones sobre los errores que se producen en el sistema penal, por ejemplo, con las pruebas periciales y con los reconocimientos oculares.

Por ello, aun antes de discutir un aumento de penas, tanto Duce como Sánchez sugieren mejorar los procedimientos penales.

Medidas rápidas

Además de ayudar a aclarar casos de personas erróneamente condenadas, el Proyecto Inocentes expone sugerencias para revisar los procedimientos. Esto busca no solo asegurar que se respete la presunción de inocencia, sino también asegurarse de que se está condenando al verdadero culpable.

En Chile no existe un registro audiovisual de los interrogatorios, los procesos de identificación de los imputados inducen a muchos sesgos y hay poco cuidado con la recolección y preservación de las evidencias (al punto que muchas de ellas se han extraviado o perdido antes del juicio). En una columna publicada en marzo, Duce también sugiere independizar los laboratorios forenses de las policías u otras instituciones responsables de la persecución penal para evitar presiones indebidas y darle una mirada más científica a ese trabajo.

El problema, explica Duce, es que la clase política siente presión por mostrar resultados rápidos. Así, las medidas de "mano dura", aumento de penas o incluso reponer la pena de muerte son respuestas ideales, fáciles de anunciar y de entender. Pero "el problema de combatir eficazmente la delincuencia implica políticas públicas complejas", además de un debate serio con "una comunidad técnica que pueda discutir en forma crítica las medidas", concluye el académico.

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