Los trabajadores del 1%

Se calcula que en Chile menos del 40% de las personas con discapacidad tiene trabajo. A partir del 1 de abril eso deberá cambiar.

Los ojos verdes, ciegos, de Eric Díaz no podían ver los colores de los paraguas, los pliegues de la ropa interior, los brillos del maquillaje. Él mismo los vendía sobre un paño extendido en el suelo del Paseo Ahumada. Era 2003, tenía 20 años y se paraba solo, diez horas al día, a pregonar. Allí, entre el barullo del centro de Santiago, trabajaba de lo único que había conseguido. “Gracias a eso crie a mi hijo mayor durante sus primeros años”, dice. Sus estudios en masoterapia no eran una solución: armar una cartera de clientes no era sencillo. Por eso, durante dos años, se paró en la calle y ganó, dependiendo de la época, cinco mil, 15 mil, 30 mil pesos por día.

Un día una amiga le habló del Proyecto Ágora, que capacita a personas ciegas para que ingresen al mercado laboral y entonces, durante varios meses, caminó hacia sus oficinas para aprender inglés y computación. En 2005 se convirtió en ejecutivo de Orsan, una empresa de cobranzas. Allí trabajaba con dos herramientas: un teléfono y un computador adaptado con el programa Jaws, diseñado para leer los contenidos de la pantalla. Meses más tarde, consiguió un trabajo más desafiante, como ejecutivo del banco BCI. Once años después, en 2016, sintió que había llegado el momento de irse y decidió volver a las calles, esta vez para dedicarse a lo que siempre había querido, la música. Fue así que durante un año cantó junto a Yoseline, su pareja de baja visión, canciones románticas en distintos puntos de la ciudad.

A fines de 2017, buscando de nuevo más estabilidad, volvió a trabajar a Orsan, pero esta vez como supervisor. Hoy, a los 35 años, está a cargo de siete personas. Solo una de ellas es ciega. Eric Díaz siente que hubiera sido difícil conseguir ese trabajo sin el padrinazgo de una institución. Cree que, si no hubiera sido por ellos, el mercado laboral no lo hubiera considerado. “Yo creo que depende un 50% de nosotros, los discapacitados, demostrar que podemos y el otro 50% de la empresa que te da la oportunidad”, asegura. “Como siempre digo: ‘Déjame mostrarte cómo trabajo y después ves si te gusta o no’. Lamentablemente es así. No es como con una persona vidente que por la presencia o el currículum queda seleccionada. Esos son los costos, pero no por eso me voy a poner a llorar”.

En Chile, más de un 60% de las personas con discapacidad no tiene trabajo. Aquellas que lo tienen, según el II Estudio Nacional de la Discapacidad —realizado en 2015 por el Ministerio de Desarrollo Social— ganan un 32% menos que el resto de los trabajadores. Cuando el 1 de abril entre en vigencia la Ley de Inclusión Laboral todas las empresas privadas y públicas que tengan más de 200 empleados deberán tener en su planta al menos un 1% que tenga discapacidad o pensión de invalidez. A partir de la misma fecha del 2019, deberán cumplirlo aquellas con más de 100 trabajadores.

Desde esa fecha, ninguna persona con discapacidad podrá ganar menos que el salario mínimo y estará prohibido contratar como aprendiz a personas con discapacidad intelectual después de los 26 años. Al momento de seleccionar un trabajador, habrá que ser igualitario. La ley no permite que ciertas discapacidades sean preferidas por sobre otras.

Dudar de ellos

Podría, pero no. Cuando Andrea Medina (35) habla de sí misma, no lo hace con un tono compasivo. Solo cuando se le pregunta por su enfermedad, la osteogénesis imperfecta, cuenta que durante su vida ha tenido fracturas en los brazos, las piernas, la clavícula, el coxis. A causa de esta enfermedad congénita, conocida como “huesos de cristal”, a sus huesos les falta colágeno. Por eso son débiles y ante una caída leve o un mal movimiento, pueden tardar semanas o meses en recuperarse.  

Parte de lo que Andrea Medina aprendió en su magíster en ciencias de la comunicación hoy lo vuelca en el proyecto Integradoschile.cl, una web que diseñó para personas con discapacidad. Allí busca empoderar a otros, mostrarles que también ellos deben pelear por sus derechos. Ella aprendió desde niña la importancia de ser fuerte. “Muchas veces los niños en la calle me miran raro. No feo, sino más bien sorprendidos o extrañados”, dice. “El adulto, en cambio, te mira diferente, lleno de prejuicio. Todavía falta educar para que Chile sea respetuoso con la diversidad. Porque si por tener una discapacidad o enfermedad la sociedad cuestiona si eres capaz, si por eso dudan de ti, se nos hace más difícil avanzar”.

Medina, que desde hace cinco años trabaja en el Departamento de Comunicación del Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis), cree que la ley visibiliza la necesidad de personas como ella de encontrar un trabajo. De demostrar que cumplen, que son responsables. “En general, uno tiende a cuidar más la pega porque sabe cuánto le cuesta conseguirla”, dice. “Si tú lo ves de afuera el 1% parece poco, pero para las empresas es harto, porque las obliga a pensar cómo es su cultura organizacional y cómo están plantadas ante las personas con discapacidad”.

Impulsadas por esta ley, las empresas chilenas deberán transformarse y para hacerlo, necesitarán adaptar su infraestructura, invertir en tecnología y en capacitación.

El número y más allá

Si se tuviera que elegir una palabra, si hubiera que explicar con ella qué sienten las empresas ante la ley, sería “incertidumbre”. En la actualidad, muchas empresas están dando sus primeros pasos: están calculando qué necesitan para adaptarse, cómo hacerlo y cuánto cuesta. Lograrlo no es sencillo. ¿Qué tan capaces serán de incluir a personas que hasta ahora habían quedado al margen del mundo laboral?

Matías Poblete, presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad, cree que la ley no ofrece suficientes garantías. “Siempre hemos pensado que esta ley es discapacitada. Es necesaria para Chile, pero su formulación y su implementación generan problemas. Que sea el uno, el cinco o el 10% no significa nada si la empresa no genera una inclusión laboral efectiva, si no tiene acceso a capacitación o a tecnología accesible, si no mejora su infraestructura y no se sensibiliza sobre el tema”, comenta.

KeyClouding, una plataforma digital de selección, encuestó a más de 300 ejecutivos de recursos humanos en Chile para saber cuál es su situación frente a la ley. Si bien el 96% respondió que es un aporte para las empresas incluir a personas con discapacidad, casi el 40% declaró no estar preparado para cumplir con la cuota en el tiempo estipulado.

Las únicas razones para que una empresa no cumpla con el 1% pueden ser por el tipo de tareas que realiza, por no contar con cupos disponibles o por no recibir postulaciones a las ofertas de trabajo. En ese caso, hay dos salidas alternativas: contratar empresas que trabajen con personas con discapacidad o hacer donaciones en dinero a corporaciones o fundaciones que tengan proyectos de inclusión laboral para esta población.

Marcel Villegas, socio de Deloitte Chile, asiste a algunas empresas para que sean más inclusivas. Considera que, más allá de habilitar la llegada de personas con discapacidad, hay que esforzarse para que, al trabajar, se sientan iguales a sus compañeros. “Lo primero que ocurrirá es que las empresas tratarán de cumplir con el porcentaje, y eso tiene que ver con la diversidad, pero el real partido lo vamos a jugar en la inclusión”, dice. “Lo importante es: ¿Ese 1% de personas se sienten incluidas? ¿Se las trata de la misma forma? ¿Pueden desarrollar todas sus capacidades a pesar de su discapacidad?”. Esas preguntas, cree Villegas, son las más desafiantes y la mayoría de las empresas comenzarán a responderlas en una segunda etapa.

Carrera invertida

“Yo iba a un colegio normal, pero en quinto los niños me empezaron a molestar, me llamaban ‘mongolita’ o ‘enfermita mental’, dice Paula Vargas. “A tal punto que le dije a mis papás que no quería ir al colegio. Y no fui más. Estuve cinco años en mi casa”.

Así vivió de los cinco a los 15 años: encerrada en una casa de campo en Lonquén, acompañada por su madre. Un día llegó su abuela y le dijo a sus padres que no era posible, que no podían tenerla así. Entonces visitó un neurólogo y volvió a estudiar. Durante su nacimiento, Paula Vargas había sufrido una asfixia neonatal que le había provocado un daño en el lado izquierdo del cerebro. Hoy, 43 años después, cuenta que quedó con secuelas en el habla y con poco control de ciertos movimientos.

Una vez que terminó secundaria, estudió análisis de sistemas y, antes de egresar, ya trabajaba en una metalúrgica. Mientras cuidaba a su primera hija, pasó por las áreas de administración, finanzas y contabilidad. Con el dinero que ganaba cursó ingeniería en administración en un instituto profesional. En 2013 nació su segunda hija y decidió tomarse un año y medio libre para cuidarla. Cuando quiso volver a trabajar, se le hizo muy difícil.

Después de mucho buscar, en julio del 2017 consiguió trabajo, ayudada por la Fundación Chilena para la Discapacidad. Ahora es cajera a tiempo parcial en una cadena de supermercados. “Mis dos o tres primeros días lloraba todo el camino. Pensaba, ¿qué estoy haciendo acá?”.

“Si no cambia la mentalidad de la gente, puede haber mil leyes y la cosa no va a cambiar. La ley me parece genial, pero tiene muchas falencias y yo lo viví: las empresas buscan un porcentaje, no un trabajador. Buscan el porcentaje que les cause menos costo, capacitación e implementación. O sea, buscan desesperadamente al discapacitado que sea menos cacho”. A pesar de eso, se ríe y dice: “La verdad que en mi trabajo se sacaron un siete conmigo”.