Ministra Cubillos y proyecto Aula Segura: “Terminar con la impunidad es una prioridad”

La titular de Educación invitó a los que critican el proyecto a conversar con los afectados. “Aquí es bien fácil hablar a veces desde fuera de las comunidades”, dijo.

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, conversó con Primera Pauta sobre el proyecto Aula Segura, enviado ayer por el Ejecutivo y que busca que los directores tengan mayores facilidades para expulsar a los estudiantes que cometan hechos vandálicos de gravedad en establecimientos municipales y particulares subvencionados.

Según la ministra, “lo que se trata con este proyecto es darles atribuciones a los directores que hoy no tienen o la tienen de una manera que es ineficaz. ¿Qué pasa hoy día? Si un alumno es sorprendido lanzando una bomba molotov o rociando con bencina a un profesor, las únicas atribuciones de los directores para expulsarlos dependía de que estuvieran incorporados en sus manuales de convivencia y, aún así, para expulsarlos tenían plazos que podían ir de 25 a 35 días, por lo bajo, para lograr la medida, y además, no tenían facultades para mantener al alumno separado del colegio desde que se iniciaba el proceso de expulsión”.

“Lo que nosotros queremos hacer con este proyecto de ley, que ha sido pedido por los directores de los liceos donde se viven los hechos de violencia extrema y conversado con los padres de estos colegios, es que el director tenga atribuciones para expulsar de inmediato. Siempre tiene derecho la familia o el alumno a pedir la reconsideración de la medida, pero ahora en un plazo más corto de cinco días, y además el alumno es expulsado de inmediato entonces durante todo el proceso de revisión el alumno está fuera del colegio. Si la medida termina siendo injusta por decisión de esta reconsideración, el alumno será reincorporado. Pero tú no obligas a tener a un profesor por 30 o 35 días con el mismo alumno que lo agredió sentado en su sala de clases. Qué profesor puede enseñar en paz”, agregó.

-¿Esta idea aplica para todo tipo de establecimientos? ¿Solo para los colegios públicos, colegios privados o incluso establecimientos de educación superior?

“Esta es una reforma a la ley de subvenciones, por lo tanto, está en el artículo donde están los requisitos para impetrar la subvención, por lo que aplica a los colegios públicos y los particulares subvencionados. Los particulares pagados no tienen este problema, porque si ocurriera un hecho de violencia como estos el director puede expulsarlos en cualquier minuto y la familia recurrirá a la Justicia o a la Superintendencia, pero ese alumno no será reincorporado si el director del particular pagado lo expulsa. El problema lo teníamos en colegios públicos o particulares subvencionados”.

“Aquí no estamos hablando de problemas de convivencia escolar o de protestas estudiantiles, causas o movimientos, estamos hablando de estudiantes que han decidido ellos mismos, por hechos de violencia extrema, automarginarse de su comunidad educativa. Aquí no hay petitorios estudiantiles, no estamos hablando de una marcha, de ese tipo de manifestaciones, que por cierto son completamente legítimas y no están dentro de este proyecto de ley”.

-Usted habla de estudiantes, el Presidente de la República ayer [20 de septiembre] habló de violentistas y delincuentes. ¿No habrá sido mucho?

“¿De qué manera puedes tratar a una persona como las de las imágenes, que le lanza una molotov a un carabinero o rocía con bencina a un profesor? Yo creo que decir las cosas por su nombre está bien. Cosa distinta es que ese estudiante, que incurre en actos de violencia extrema, nosotros como Ministerio de Educación no lo expulsamos del sistema educativo, ese alumno se le tiene que reubicar en otro colegio y buscar formas de apoyo. Y eso ya está ocurriendo, hubo seis alumnos expulsados en junio por hechos cometidos en el Liceo de Aplicación y ayer, conversando con la seremi que es quien tiene la responsabilidad de reubicarlos, me contaba cómo los propios padres de esos alumnos tienen esperanzas que un cambio de colegio los aleje del camino de violencia y que el apoyo que le han ofrecido en colegios nuevos, más chicos, los puedan ayudar. Y al mismo tiempo me parece justo que si ese alumno se automargina de un liceo emblemático donde hay miles de familias queriendo acceder, le dejen espacio a un joven que quiere estudiar y a una familia que mira con mucha ilusión que su hijo pueda llegar a este liceo de excelencia”.

-Expertos de distintas instituciones, como Educación 2020, han sostenido que este proyecto podría estigmatizar a estos alumnos y que ellos requieren apoyo sicológico y académico y esta medida podría afectar en cierto sentido.

“Yo creo que ahí se habla muchas veces desde un lugar más cómodo, he también visto a gente que desde su oficina dice que esto no es necesario, pero yo los invito a conversar con quienes viven este problema”.

-¿Hay apoyo? ¿Qué tipo de apoyo?

“Cualquier alumno que es expulsado y reubicado en un colegio, nosotros queremos que el requisito para que ese colegio lo acepte, es que tenga estas duplas sicosociales que son fundamentales: trabajadores sociales y sicólogos. Ahora, cualquier tratamiento adicional tiene que ser de acuerdo con los padres para que ese niño deje la violencia. Pero aquí es bien fácil hablar a veces desde fuera de las comunidades. Yo me reuní más de dos horas con padres de estos colegios que tienen a sus hijos queriendo estudiar en esos colegios, que no saben si en la sala de clases en algún minuto irrumpen overoles blancos, encapuchados, lanzando bombas molotov o con agresiones como las vistas en los últimos días”.

“¿Qué pasa con ese profesor rociado con bencina? A él se le ofrece salir del liceo emblemático para ubicarse en otro colegio. ¿Es justo eso? A lo mejor un profesor que ha dedicado su vida a ese liceo. Me parece que es tremendamente más justo que el que salga sea el alumno que está automarginándose de la comunidad educativa por incurrir en estos hechos de violencia. Por lo tanto la seguridad de esa comunidad es una prioridad, terminar con la impunidad es una prioridad, garantizar el derecho a la educación y tratar que este joven deje la violencia por todos los lados posibles también es una prioridad, pero se tienen que conjugar los derechos de todos”.

-El Presidente pidió apoyo transversal a esta iniciativa. ¿Qué trabajo prelegislativo ha habido en este sentido? Cuesta imaginar que sectores del Frente Amplio -que sin duda me imagino están en contra de la violencia- pero sí han estado muy cerca de los movimientos estudiantiles y quizá este tipo de medidas no les guste…

“Esto no es movimiento estudiantil, las legítimas demandas y las marchas son otra cosa, lo dijo ayer claramente el director del Liceo de Aplicación. Lanzar una bomba molotov a un carabinero no es movimiento estudiantil. Yo fui diputada y creo que el trabajo legislativo se hace al alero del Congreso, el proyecto entra y el trabajo se tiene que hacer en las comisiones pertinentes. El trabajo prelegislativo que hemos hecho, que es el fundamental, es con quienes están viviendo este problema: los directores, los profesores y los padres de familia. Muchos de ellos nos piden ayuda o porque sus hijos no pueden estudiar con seguridad u otros que ven con temor de perder a sus hijos en manos de grupos más violentistas”.

-Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, decía que puede ser -deja abierta la interrogante- una herramienta para reprimir a los que legítimamente se manifiestan…

“Eso es desconocer el texto específico del proyecto, se lo enviamos ayer al Colegio de Profesores en detalle, porque las dos causales por las que se puede expulsar a un alumno de hacer uso de esta atribución, una es por el porte y uso de armas -entre ellas bombas molotov o incendiarias- y segundo agresiones a miembros de la comunidad educativa. Y en esta segunda causal el propio Colegio de Profesores nos ha pedido mucho apoyo respecto a las agresiones que sufren los profesores. Tanto así que piden que sea un agravante de otras materias, en materia penal, el agredir a un profesor. Por lo tanto, esto no tiene nada que ver con el derecho a manifestarse de los estudiantes. Estamos hablando de dos casos extremadamente graves con los cuales hay que tomar medidas de seguridad y protección para el resto de la comunidad. No queremos tener que lamentar un hecho grave sin haber hecho nada por separar a jóvenes que incurren en actos de extrema violencia”.

-¿Qué pasa con los organismos de seguridad, con la capacidad de inteligencia que puede tener Carabineros? Porque los alumnos de los que estamos hablando efectivamente cometen hechos delictuales, pero eso no aparece en dos segundos: se ponen overoles, se cargan con molotov y aparecen espontáneamente en algún emblemático de la capital. Debe haber algún tipo de trabajo previo y por lo tanto ¿hay algún llamado de atención a Carabineros, a la PDI, para tratar de prevenir estos hechos?

“Es una pregunta que se tiene que se hacer a autoridades del Ministerio del Interior y de policía, que entiendo que se están llevando a cabo e identificando bastantes de los autores y de los niveles de organización que puedan existir. Eso es materia de investigación que no es del Ministerio de Educación, nosotros nos tenemos que hacer cargo de garantizar el derecho a la educación de comunidades que están siendo tremendamente afectadas por estos hechos de violencia. Hay miles de padres que quisieran que sus hijos estudiaran en algunos de estos liceos emblemáticos y no lo pueden hacer porque no tienen espacio. Cómo no va a ser lógico que un joven que ha decidido incurrir en caminos de extrema violencia tenga que dejar ese colegio y al menos le deje el espacio a una familia y a un joven que quiera aprovechar las ventajas y la calidad de enseñanzas que estos liceos pueden dar”.

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