Viviendas de integración social antes de Lavín

Desde hace casi 10 años que el Estado construye viviendas para familias de bajos ingresos en barrios bien localizados. Van casi 50 proyectos y el Gobierno ya prepara cambios para profundizar esta política.

El jueves 6 de julio el ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Cristián Monckeberg (RN), viajó hasta la Región de Atacama. El objetivo de su paso por la capital regional, Copiapó, era inaugurar y entregar un conjunto de nuevas viviendas a los vecinos del sector. Sin embargo, la actividad de Monckeberg sólo generó una polémica a nivel político en su propia coalición.

A su viaje se había sumado el senador RN Manuel José Ossandón y la señal generó molestias en Chile Vamos. Lo que nadie notó, salvo algunos pocos medios regionales, es que durante la actividad Monckeberg inauguró el proyecto Altamira I, las primeras viviendas sociales de integración estrenadas por este Gobierno.

Ciento noventa y seis viviendas color damasco estaban ahí entre medio de los desérticos terrenos de la ciudad. Como fondo, se veían los cerros soleados del norte chico, árboles pequeños recién plantados y cientos de personas a la espera de recibir las llaves de su primera casa propia.

Las familias que llegaron a Altamira I son vulnerables. Una de ellas vio cómo todo lo que tenía fue arrebatado en 2015 por el aluvión de Copiapó y unas cuantas otras provenían del campamento “Cerro Mirador La Negrita” y este proyecto les permitió tener una vivienda definitiva.

Nada de esto atrajo las cámaras de televisión. Sí logró eso dos días antes un alcalde con manejo comunicacional. Era el jefe comunal de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI), quien acababa de dar por finalizada una contienda que protagonizó junto a su par de Vitacura, Raúl Torrealba (RN), por un terreno que compartían ambas comunas y en el cual Lavín pretendía construir viviendas sociales. Torrealba no concordó con el proyecto y compró la mitad del paño para ser el único dueño.

Así, el militante UDI continuó con su cometido y en días posteriores anunció la creación de un proyecto de viviendas sociales de integración en plena Rotonda Atenas. El anuncio sorprendió al sector oriente de la capital. El edificio de 15 pisos y 85 departamentos encontró su primer obstáculo: los vecinos del sector.

Lo que vino después fue una revoltosa ola de polémicas, con manifestaciones y cacerolazos, para rechazar la idea de Lavín de impulsar viviendas sociales en un barrio de altos ingresos.

Tres gobiernos, un solo programa

Ni de Lavín ni tampoco de Monckeberg. A ninguno de ellos se le puede atribuir el origen de la política de integración social. Lo cierto es que formalmente esto existe en el Minvu desde el año 2007.

Desde esa fecha este ministerio comenzó a incorporar el concepto de integración social en varios de sus decretos vigentes. El objetivo en ese tiempo era ofrecer incentivos en los subsidios que entregaba para que los proyectos tuvieran como criterio buscar algún tipo de integración. “Se trataba sólo de una mención, estaba separado y disgregado, no existía como una política única. La intención sólo era orientar un poco la aplicación de este criterio en los subsidios de la época”, recuerda Claudia Castillo, funcionaria del Minvu que trabaja a cargo de los asuntos de política habitacional desde la década del 90.

Esta incipiente política se detuvo abruptamente en 2010. La debacle que dejó el terremoto y posterior tsunami paralizó de alguna forma todos los esfuerzos por construir proyectos con focos en integración social. Había que enfrentar la crisis de la reconstrucción cuanto antes y, al menos por el momento, lo importante era devolverles las casas a las familias que las habían perdido.

Dos años después, cuando a la cabeza del Minvu estaba Rodrigo Pérez en dupla con el entonces subsecretario Juan Carlos Jobet, el trabajo en integración social se comenzó a sistematizar nuevamente. Ahí surgen los primeros programas, considerados como pilotos, y la política se estabilizó. El objetivo era probar cómo funcionaba dar incentivos a familias de sectores medios para que optaran a vivir en proyectos donde también conviven familias más vulnerables.

De esas primeras experiencias surgen los proyectos —ya habitados— Las Condesas en Las Condes, Montesol Arica en la región de Arica, el condominio Aires de La Florida en La Serena y Altos de Caupolicán en La Unión, entre varios otros.

El paso definitivo se dio en la administración de la expresidenta Michelle Bachelet bajo la conducción de la entonces ministra de Vivienda, Paulina Saball. Durante su gestión se recogió todo el trabajo previo realizado en estos pilotos y en 2015 se promulgó el Decreto Supremo N° 19 llamado Programa de Integración Social y Territorial. “Esta es una política pública de Estado y no de un gobierno de turno. El programa ha sobrevivido a varios cambios de administración y eso demuestra la relevancia que tiene y será algo que nosotros seguiremos impulsando”, afirma el jefe de la División de Política Habitacional, Carlos Marambio.

El ministro Monckeberg, en entrevista con Primera Pauta, de PAUTA100.5, aseguró que “esta no es una idea de Joaquín Lavín, ni siquiera es mía. Esta es una idea del Ministerio de Vivienda y viene desde hace tiempo implementándose. Hay que ser justos con quienes han trabajado en esto desde hace muchísimo tiempo. En el primer gobierno del Presidente Piñera se inició, en el gobierno de la presidenta Bachelet se profundizó y nosotros la vamos a profundizar aún más”.

En palabras sencillas, este programa consiste en ampliar la oferta de viviendas con proyectos que incorporen familias vulnerables y de sectores medios, en barrios bien localizados y cercanos a servicios.

A este programa concursan año a año distintas inmobiliarias que ofrecen los terrenos y diseñan las viviendas. Los criterios para postular están pensados para premiar todo lo que favorezca la integración social. Por ejemplo, en el caso de un edificio se otorga puntaje extra para la “entremezcla”, es decir, que en un mismo piso convivan familias de ingresos bajos y medios.

Actualmente el Minvu cuenta con 48 proyectos próximos a entregar, los cuales están distribuidos en diez regiones del país.

El programa maneja un presupuesto de $250 mil millones por año, aproximadamente, y ya cuenta con una evaluación realizada por la Dirección de Presupuestos entre enero y agosto del año pasado y respecto de la cual obtuvo un buen desempeño.

Tocar la puerta a las municipalidades

La fuerte arremetida de Lavín con su proyecto Rotonda Atenas puso en alerta a La Moneda. La primera semana de julio el asunto fue tratado en el comité político y la instrucción fue clara: esta debe ser una bandera impulsada por el Gobierno.

La iniciativa de Lavín claramente había representado un golpe mediático, uno que ninguno de los otros proyectos de integración había logrado, dado que se trataba de un terreno en el “cono de alta renta” de Santiago.

En parte, el diagnóstico del Ejecutivo fue que había que dejar en claro que el proyecto Rotonda Atenas es compartido entre Las Condes y el Minvu. Prueba de ello es que desde mayo el ministerio agendó al menos tres reuniones con este municipio para entregarle consejos y recomendaciones.

Ante este escenario, el equipo comunicacional de Monckeberg echó a andar un plan para hacerlo visible. Al interior del ministerio aseguran que esto no se trata de una competencia, pero que sí identificaron que la figura del ministro no estaba siendo asociada a iniciativas de este tipo y eso, dicen, era un problema.

Dentro del plan de acción se contempla la asistencia de Monckeberg a una reunión con la Asociación Chilena de Municipalidades y la organización de un seminario sobre integración social. Incluso no se descarta mapear posibles terrenos que puedan ser entregados por otros municipios en Santiago u otras ciudades, siguiendo el modelo iniciado por Las Condes.

Junto con eso, el equipo legislativo del Minvu se encuentra en plenas gestiones con la Segpres para redactar un proyecto de ley en conjunto que modernice el DFL N° 2, texto que entrega diversos beneficios tributarios a las familias que acceden a estos beneficios.

Además, la División de Política Habitacional pretende realizar algunas modificaciones al DS N° 19 con el objetivo de “garantizar que la integración permanezca asegurada”. El cambio apunta a regular la situación que se produce cuando la vivienda culmina su periodo de prohibición de enajenación, fijado en 10 años.

La cruzada del Minvu tendrá otro hito este martes 31 de julio, ya que se vence el plazo de recepción de proyectos para este programa. Con esta convocatoria, el programa ya acumula tres llamados y han tenido buena recepción por parte de las inmobiliarias. Por ejemplo, hasta ahora han recibido proyectos para más de 40 mil viviendas y, dado los cupos que se manejan, varios proyectos quedarán fuera de la selección, ya que sólo se aceptará un máximo de 20 mil viviendas, aproximadamente.