Asesor presidencial en pensiones mantiene propiedad en consultora de temas previsionales

Augusto Iglesias asegura que tiene un rol pasivo en su empresa.

No es un misterio en el Gobierno: quien lidera el proceso de elaboración de la futura reforma previsional no es ni el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ni el titular del Trabajo, Nicolás Monckeberg. El Presidente Sebastián Piñera le entregó esa importante función al coordinador programático de pensiones durante la campaña y exsubsecretario de Previsión Social en su primer gobierno, Augusto Iglesias (64 años, sin militancia), quien integra el grupo de asesores presidenciales directos que coordina Cristián Larroulet: el llamado Segundo Piso.

Su liderazgo en la redacción de la reforma previsional, cuyo envío al Congreso se ha comprometido para septiembre, es férreo. Además de encabezar las reuniones semanales con el equipo técnico, sostiene bilaterales con los ministros de Hacienda y Trabajo cada vez que lo necesita; pide los datos que necesita para estudiar determinadas medidas y monitorea estrechamente todos los detalles de redacción de minutas y documentos.

Aunque su foco está en lo técnico, también mantiene control sobre lo comunicacional, cuidando que no haya filtraciones. “Es el sello Iglesias: que lo técnico esté bien resguardado y que se trabaje con el menor ruido posible”, comenta un funcionario que ha sido parte de su equipo.

Y aunque ha desarrollado todo esto con el celo y el bajo perfil que lo caracterizan, Augusto Iglesias podría haber dejado un flanco abierto. Esto porque, a diferencia de 2010 cuando asumió como subsecretario de Previsión Social, esta vez sigue manteniéndose como uno de los propietarios de PrimAmérica, la consultora especializada en asesoría en las áreas de pensiones y seguros; de asesorías financieras, y de regulación y supervisión de mercados.

La existencia de esta relación fue revelada por un hecho fortuito: en la preparación de este artículo y al solicitarle chequear algunos datos, Augusto Iglesias envió copia de su biografía no desde un correo de Presidencia, como correspondería al rol de asesor presidencial. Lo hizo desde su cuenta de PrimAmérica. Asimismo, en la única presentación pública que ha hecho sobre temas previsionales desde que asumió como asesor presidencial, Augusto Iglesias usó la plantilla powerpoint de PrimAmérica.

En Chile no se conoció esta información, ya que se trató de una ponencia presentada en Bogotá (Colombia) en el marco de un seminario sobre pensiones organizado por el Banco Central de ese país y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Iglesias figura en el programa oficial de ese seminario como experto internacional y asesor del Gobierno de Chile en asuntos previsionales.

El vínculo

Augusto Iglesias no es ningún recién llegado al mundo público. Incluso antes de ser subsecretario, era un activo participantes en foros y seminarios sobre temas previsionales, aportando una visión técnicamente fundada y que se identificaba con la promoción de la capitalización individual en materia de pensiones. Integró el Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional, conocido como Comisión Marcel; ha sido consultor de organizaciones internacionales, incluyendo el Banco Mundial, el BID, la CEPAL y las Naciones Unidas; y ha asesorado a diversos gobiernos en reformas de pensiones, entre ellos Colombia, México, Perú, Polonia, República Checa y Rumania.

Según distintas fuentes del mundo financiero, PrimAmérica es una de las consultoras más prestigiosas y solicitadas en temas de pensiones y seguridad social en Chile y en el extranjero, tanto en lo que se refiere al desarrollo de políticas públicas como al funcionamiento de este mercado. Entre sus clientes frecuentes están las AFP y las compañías de seguro, dicen las mismas fuentes.

La firma fue fundada en 1993 por Augusto Iglesias y Rodrigo Acuña, amigos y colegas que compartían no sólo su formación (ambos son economistas de la Universidad Católica), sino que además su desempeño profesional en AFP Habitat. Iglesias fue gerente de Estudios de la gestora entre 1987 y 1991, para luego desempeñarse como asesor de la gerencia general de la AFP entre 1992 y 1994; mientras que Acuña fue subgerente de Estudios de Habitat entre 1991 y 1992.

En el año 2000 se incorporó a PrimAmérica otro economista de la UC, Guillermo Martínez, cuya trayectoria se había centrado más en los seguros. Partió en el área de estudios de seguros, tanto en el sector público (área de estudios de la Superintendencia de Valores y Seguros) como en el sector privado, donde llegó como gerente general de Consorcio Nacional de Seguros.

En 2010, y antes de ingresar al Gobierno, Augusto Iglesias les vendió su participación en la empresa a sus dos socios, asumiendo Rodrigo Acuña la presidencia de la firma hasta hoy. En 2012 esa parte se vendió al ingeniero civil UC Joaquín Echenique, que también tiene una extensa trayectoria en seguridad social: fue director del INP, intendente de Seguros de la ex SVS y luego ocupó altos cargos en distintas compañías de seguros. Además, fue gerente general de Asociación de Aseguradores de Chile entre 1997 y 2000.

Según informó Augusto Iglesias a PAUTA.cl, en 2015 volvió a comprar una participación en PrimAmérica. “Actualmente los socios gestores son Acuña, Martínez y Echenique. Yo soy socio, pero con un rol ‘pasivo’. Esto es, no participo de la gestión ni en proyectos de consultoría”, explicó vía correo electrónico.

Consultado sobre cómo cautela el conflicto de interés al mantener parte de la propiedad de PrimAmérica y simultáneamente asesorar al Presidente de la República liderando la elaboración de la reforma previsional, Augusto Iglesias explicó las diferencias entre su realidad actual y la que tuvo cuando fue subsecretario. “Antes tenía un cargo, con responsabilidades administrativas, de gestión y políticas. Además, administraba presupuesto. Hoy soy un asesor, sin ninguna responsabilidad de decisión, ni tampoco presupuestaria. Solo doy recomendaciones a quienes tienen que tomar las decisiones respectivas. No contrato a nadie; no tengo presupuesto de gastos asignado; no administro personal”, detalló.

Reafirmó que “voluntariamente decidí marginarme de la gestión de PrimAmérica y no participar en ninguno de sus proyectos de consultoría en el país”. Añadió que esa consultora no tiene contratos con el Estado ni con empresas públicas.

Un economista comentó que entre los expertos previsionales se estima que Augusto Iglesias se sumó al Gobierno sólo para elaborar (y eventualmente tramitar) la reforma previsional, pero que espera reintegrarse a su consultora apenas concluidas dichas responsabilidades.

¿Qué dice la ley de probidad?

La ley N°20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención en los Conflictos de Intereses establece que las altas autoridades del Estado (Presidente, parlamentarios, contralor, ministros, subsecretarios, autoridades fiscalizadoras, entre otras) estarán obligadas a enajenar la participación en empresas si éstas tienen determinadas características (por ejemplo, explotan concesiones o entregan servicios al Estado), pero no se pronuncia en el caso de asesores de alto nivel, como los que trabajan con el Presidente de la República.

Según la información que provee Gobierno Transparente, Augusto Iglesias tiene un contrato a honorarios con una remuneración bruta de $ 7 millones mensuales. Es una de las más altas del Gobierno y está entre las cuatro mayores del equipo del Segundo Piso. Aunque las declaraciones de intereses y patrimonio son públicas, ministerios y servicios sólo tienen la obligación de publicar las de las autoridades.

En cuanto a si un funcionario de Gobierno de alto nivel puede cumplir funciones simultáneamente en una empresa, expertos consultados por PAUTA.cl precisaron que la regla general, de acuerdo con la Ley de Bases de la Administración, es que independientemente de su tipo de contrato (planta, contrata, honorarios) pueden desarrollar libremente cualquier profesión u oficio conciliable con su posición en la administración pública, siempre que ello no altere el cumplimiento de sus deberes funcionarios ni vulnere eventuales restricciones incluidas en la contratación de servicios. Esto, sin perjuicio de la prohibición de realizar actividades particulares que se refieran a materias específicas o casos concretos que deban ser analizados, informados o resueltos por ellos o por el organismo o servicio público a que pertenezcan.