Así es la reforma previsional del Gobierno, a pocas semanas de su envío al Congreso

La iniciativa no solo subirá cuatro puntos la tasa de cotización, sino que creará bonos y seguros para la tercera edad y permitiría retirar parte del ahorro si se posterga la jubilación.

Aunque los plazos se han ido corriendo, las señales apuntan a que el proyecto de ley que busca mejorar las pensiones ingresará al Congreso en lo que queda de octubre. O, a más tardar, la primera quincena de noviembre.

Es que el trabajo de articular una reforma ha sido complejo tanto técnica como políticamente, más aún en un escenario de austeridad fiscal. Además, el cronograma legislativo tampoco parece facilitar un trabajo armónico entre oficialismo y oposición: el Congreso estará en octubre y noviembre concentrado en el presupuesto y el reajuste del sector público. Y apenas eso se despeje, espera la modernización tributaria. 

Como el sistema previsional requiere de perfeccionamientos y los actuales pensionados y las generaciones que están próximas a retirarse no pueden seguir esperando, es clave construir acuerdos para materializar avances, aunque sean parciales. El interés se concentra en los principales cambios que constituyen el grueso de los anuncios por venir.

Mejores pensiones

El principal foco del proyecto es conectar con la demanda ciudadana por mejores pensiones y darle respuesta. Para esto, es esencial incrementar el ahorro previsional, reducir las lagunas y que las personas coticen más años.

El proyecto propondrá aumentar gradualmente la tasa de cotización desde el 10% actual al 14% de la renta imponible. Este incremento será con cargo al empleador, lo que con el tiempo ayuda a elevar el ahorro. Para no afectar el empleo, el alza en la cotización se dará en un plazo de ocho años, a un ritmo de medio punto porcentual cada año. Según el gobierno, esto beneficia a 5,2 millones de cotizantes actuales, cuyas pensiones aumentarán gradualmente.

También se fortalecerá el ahorro previsional voluntario colectivo (APVC), para masificar su uso en las empresas, que hoy es bajísimo. Esto, mejorando los incentivos tributarios para el empleador e incorporando la reajustabilidad automática de los planes de ahorro acordados por las partes.

Además, se creará un complemento a las pensiones de vejez de la clase media, de cargo fiscal, para los actuales y futuros pensionados del sistema de AFP que cumplan un requisito de años cotizados. Se evalúa que éste sea de 16 años de cotizaciones en el caso de las mujeres y 20 años para los hombres. Se trata de un bono que se pagará mensualmente junto con la pensión y será creciente en años cotizados; es decir, será mayor cuantos más años de ahorro se reúnan y también si se posterga el retiro.

Para reducir las lagunas o períodos sin cotización, se extenderá el seguro de lagunas previsionales a todos los beneficiarios del Seguro de Cesantía y no sólo, como hoy, a quienes reciben apoyo del fondo de cesantía solidario de ese seguro porque tienen poco ahorro en su cuenta. Este seguro será financiado con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, de modo que no demandará aportes privados o estatales adicionales.

Para incentivar que las personas posterguen su edad de jubilación, ya que ello incrementa los saldos en su AFP, elevando el monto de pensión a la hora de su retiro, se permitirá el giro parcial de fondos para quienes posterguen la pensión más allá de la edad legal, establecida en 60 años para las mujeres y 65 para los hombres. Este derecho se podrá ejercer una vez al año por parte de quienes hayan acumulado fondos suficientes para financiar una pensión mayor a la que obtendrían si lo hicieran a la edad legal.

Pilar Solidario

El Pilar Solidario del sistema de pensiones se creó en la reforma de 2008 y su fin es apoyar monetariamente a los adultos mayores que integran el 60% más vulnerable, ya sea con una pensión básica (Pensión Básica Solidaria o PBS, hoy de $107 mil mensuales) o con un aporte monetario que complementa pensiones mensuales (Aporte Previsional Solidario o APS) que alcancen un máximo de $317.085 mensuales.

La reforma planteará un mejoramiento en torno a 40% para estos beneficios, medida que se concretaría en un lapso de varios años. La idea del gobierno es que la PBS se incremente entre 10% y 50% mientras que el APS lo haga entre 30% y 150%, lo cual beneficiaría a 1,4 millones de pensionados.

Además, se propone estratificar a los beneficiarios del pilar solidario en cinco tramos, partiendo de los 65 años, y escalonando los tramos en 5 años. Ello, para lograr que las jubilaciones sean mayores para los pensionados de mayor edad.

En la actualidad, quienes reciben APS tienen la garantía que su pensión no caerá por debajo del monto de la PBS. Pero los pensionados que se jubilan con la opción de Retiro Programado reciben una pensión decreciente en el tiempo y no tienen ninguna garantía en cuanto a montos. Por ello, la reforma propondrá crear un seguro de longevidad para ellos, para asegurarles una pensión estable.

Seguro de dependencia

Un tema novedoso que el gobierno quiere incluir en la iniciativa legal es un nuevo seguro para adultos mayores de 65 años con dependencia funcional severa; es decir, personas que enfrentan problemas físicos o intelectuales que les impiden valerse por sí mismas.

Para apoyarlas, se propondrá crear un subsidio financiado con fondos fiscales y un seguro que se financiará con una cotización de 0,2% de la remuneración, con cargo al empleador.

En Chile, segun cifras del INE a 2017, los adultos mayores (60 años y más) superaron las 3,7 millones de personas y la esperanza de vida se ubica en 78,9 años. La mayor probabilidad de dependencia física y/o mental ocurre entre quienes superan los 80 años, incidencia que se estima en torno al 25% de las personas de ese grupo de edad. 

Regulación y competencia

Ya que el debate se ha centrado en los beneficios para las personas, una de las materias respecto de las cuales existe menos información es la referida a futuros ajustes a la regulación de la industria de AFP.

Se ha planteado que se buscará que sociedades anónimas especiales que no distribuyen utilidades puedan constituirse como nuevas AFP, precisamente para promover la competencia. Así, se autorizará a las entidades financieras sin fines de lucro, como cajas de compensación y cooperativas de ahorro y crédito, a formar filiales AFP, las que deberán someterse a la misma regulación que rige para las administradoras actuales.

Un punto sobre el que no hay claridad aún es qué entidades administrarán la cotización adicional. Si bien las AFP han ofrecido hacerlo sin costo, en el gobierno evalúan que es necesario que ello quede a elección del afiliado y que entre las alternativas para la gestión de ese 4% estén las AFP, compañías de seguros, administradoras de fondos y gestores globales de activos. No obstante, para los cotizantes con rentas bajas, se evalúa la opción de un gestor estatal como el Instituto de Previsión Social (IPS) o Banco Estado.

Además, se creará un sistema único de cobranza de cotizaciones, que centralice la recaudación de los aportes adeudados a los trabajadores, tarea que hoy realiza cada AFP en forma independiente. Según el último informe de la Superintendencia de Pensiones, la deuda previsional acumulada a 2017 incluyendo intereses, reajustes y recargos fue de $3.356 mil millones (US$ 5.455 millones). De este monto, el 73% corresponde a intereses.

El proyecto propondrá autorizar a las AFP a que cursen cobros de administración menores a quienes estén pensionados o sigan cotizando después de cumplir la edad legal.

También se plantearán cambios en la regulación del Sistema de Consultas y Ofertas de Monto de Pensión (SCOMP), entre ellas estableciendo que la supervisión y fiscalización a la entidad que lo administre será realizada directamente por la Comisión para el Mercado Financiero y la Superintendencia de Pensiones sobre la base de los riesgos de la entidad administradora. También se propone aumentar facultades de fiscalización de dicha superintendencia sobre el IPS.

La reforma previsional presentada por el gobierno anterior recogió un conjunto de medidas sobre regulación de la industria que, en su momento, fueron valoradas transversalmente por los parlamentarios y también por las actuales autoridades en las fases iniciales de elaboración de la iniciativa actual.

Aparte de las ya consideradas en el proyecto, entre ellas figuran normas para mejorar la licitación de afiliados, regular las comisiones de intermediación, actualizar los estándares de calidad de servicio de las AFP, ampliar la participación de los afiliados, fortalecer la Comisión de Usuarios e introducir cambios al sistema de multifondos,  para alinearlos aún más con las etapas de vida y disminuir los riesgos para los afiliados.