Contraloría revela irregularidades en Fondo de Educación Previsional

Anomalías ocurrieron bajo la gestión de la ex subsecretaria Jeannette Jara. Con cargos públicos se difundieron contenidos del movimiento No+AFP y cursos en que aparecen asistiendo personas fallecidas.

Un conjunto de irregularidades detectó la Contraloría General de la República en un informe publicado en octubre pasado, en el que se revisó la gestión del Fondo de Educación Previsional (FEP) de la subsecretaría de Previsión Social. Este fondo financia acciones de información en torno al sistema de pensiones ejecutadas por organizaciones de la sociedad civil.

Además de incumplir diversas normas administrativas relacionadas con la gestión y control de los recursos, incluyendo $24 millones no utilizados en 2017 que no habían sido reintegrados a la Tesorería General de la República, se detectaron diversas fallas en la fiscalización de los proyectos financiados con cargo al FEP: beneficiarios que figuran como fallecidos, otros que señalan no haber asistido a las actividades o RUT que no correspondían, entre otras. Además, se constató la difusión de contenidos del movimiento No + AFP que no corresponden a los objetivos del programa.

Los cuestionamientos recaen principalmente en el concurso 2017, bajo la gestión de la exsubsecretaria de Previsión Social, Jeannette Jara (PC, en la foto), que asumió el cargo en octubre de 2016, en reemplazo de la abogada comunista de derechos humanos Julia Urquieta. Esta, a su vez, sucedió en el puesto a otro correligionario, Marcos Barraza (en la foto), que había llegado al cargo en 2014, pero al año siguiente fue designado ministro de Desarrollo Social.

Otro personero del mismo partido, el entonces jefe de la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Camilo Ballesteros, admitió haber autorizado la impresión de afiches del movimiento No+AFP en la imprenta de esa cartera y con cargo a fondos públicos, lo que consta en el informe de Contraloría 805/2017.

La exsubsecretaria Jeannette Jara declinó comentar los resultados del informe de Contraloría, de 110 páginas, explicando que se encuentra analizándolo. Consultada respecto de si hubo alguna instrucción u orientación del Partido Comunista a sus militantes que ocuparon altos cargos en el gobierno pasado, en cuanto a apoyar las orientaciones del movimiento No +AFP en sus ámbitos de acción, lo negó por completo: “Descarto tajantemente que existiera algún tipo de instrucción en ese sentido. Al asumir funciones públicas, como autoridades de gobierno, nos entregamos a lo dispuesto en la ley, al programa de gobierno y al plan de trabajo que nos fijó la Presidenta (Michelle Bachelet)”.

Problemas con beneficiarios

La revisión de la Contraloría se centró en el décimo concurso FEP que distribuyó $1.631.374.333 entre 51 iniciativas que involucraron a 42 mil personas en todas las regiones. Uno de los ámbitos del informe apunta a los beneficiarios de las acciones de educación previsional, para lo cual el ente revisó una muestra de actividades de 9 ejecutores que realizaron actividades para 9.121 personas en todo Chile.

En el análisis se detectan diversas inconsistencias y falta de control. Por ejemplo, se estableció que existen seis casos de personas que figuran como asistentes a las actividades que fallecieron antes de la realización de los cursos; 21 beneficiarios registrados como asistentes pero cuyos RUT pertenecen a otras personas (19 de esos RUT también son de personas difuntas); 17 personas asociadas a números que no corresponden a un RUT;  siete personas que figuraban como beneficiarios y al mismo tiempo trabajaban en los organismos ejecutores y 12 casos de personas que afirmaron no haber asistido a los cursos, pero figuran en las planillas.

El Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL) y la Fundación CENDA figuran entre los ejecutores que incurrieron en los problemas de personas fallecidas y beneficiarios que dijeron no haber asistido a los cursos, aunque figuran como registrados. En el caso de ICAL, además, aparece organizando un diálogo ciudadano en el cual no participó ninguna autoridad, requisito establecido en las bases para concretar una actividad de ese tipo.

En sus descargos, la subsecretaría de Previsión Social precisa que los casos objetados no afectan el porcentaje total de beneficiarios y que puede haber problemas o errores en la trascripción, ya que los rut son auto reportados por las personas. Con todo, el organismo está adoptando diversas medidas correctivas, como un acuerdo con el Registro Civil para verificar las identidades de los beneficiarios y la incorporación en las bases 2019 de la causal de inhabilidad para ejecutores que hayan entregado información inconsistente en la identidad de los beneficiarios en versiones anteriores del concurso.

No+AFP

Otra de las falencias encontrada es que en tres actividades realizadas en Punta Arenas, Santiago y Copiapó, organizadas por los ejecutores ICAL y Fundación CENDA, “los participantes afirman que en algunas de las actividades realizadas se trataron contenidos relacionados con el movimiento No+AFP, situación que no concuerda con lo establecido en el reglamento del FEP”.

Detalla el informe de Contraloría que en uno de esos eventos, organizado por Fundación CENDA, “se presentaron como oradores personas que son reconocidas con dicho movimiento, a fin de tratar materias, quienes no aparecen inscritos como integrantes del equipo de trabajo del organismo ejecutor”.

Consultada la subsecretaría de Previsión Social, calificó la difusión de contenidos asociados a No+AFP como “un error”, ya que “el objetivo del FEP, según la ley que lo creó, es apoyar financieramente proyectos, programas, actividades y medidas de promoción, educación y difusión del sistema de pensiones”. Por ello, enfatizó que se está fortaleciendo “la supervisión de los proyectos FEP, de modo que sus contenidos se orienten a dicho fin”.

Los dos organismos ejecutores mencionados comparten dos características. La primera es que ambos están ligados al Partido Comunista. De hecho, ICAL es reconocido como el centro de estudios del partido, mientras que CENDA es liderado por el economista comunista Hugo Fazio, quien junto con Manuel Riesco han encabezado el análisis económico crítico al modelo neoliberal. La segunda es que ambas entidades han obtenido recursos públicos del FEP principalmente mientras la subsecretaría de Previsión Social, la entidad que licita tales fondos, ha estado dirigida por militantes comunistas.

Según se establece en el Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades (que recopila todas las transferencias de fondos públicos que se efectúan desde el Estado a entidades de la sociedad civil), la Subsecretaría de Previsión Social concretó vía decreto 30 transferencias de recursos asociadas al FEP hacia CENDA entre el junio de 2014 y febrero 2018, por un total de $244 millones. En el caso de ICAL, se registran cuatro transferencias entre junio de 2017 y febrero de 2018, por $48 millones asociados al mismo fondo. El representante legal de ICAL, Luis Espíndola, detalló que no participaron en otros concursos del FEP.

En el registro no figuran transferencias de recursos por FEP previas a 2014 para estas organizaciones, aunque consta que en 2011 CENDA obtuvo recursos del FEP por poco más de $15 millones. El director de CENDA, Hugo Fazio, comentó que la entidad ha ganado varios concursos del FEP en distintos años, “excepto en 2018, ya que se cambió el carácter del concurso para llevarlo a una propaganda del sistema y nosotros no estamos por hacerle propaganda a las AFP”. Detalló que los concursos del FEP no son definidos por el subsecretario de Previsión Social, sino por un sistema de puntaje, “así que es distorsionado decir que ganamos porque había determinado militante en esa subsecretaría”.

Desorden administrativo

El informe de Contraloría también recoge varias situaciones que reflejan cierto desorden en los procesos internos de la subsecretaría de Previsión Social relacionados con el FEP.

Entre las anomalías figura el pago de $20 millones del concurso 2016 del FEP con recursos del presupuesto 2017, “lo que transgrede los principios contables y administrativos de eficacia, eficiencia y control”, situación que debe ser corregida de acuerdo con lo que defina la Dirección de Presupuesto (Dipres). Asimismo, se señala la existencia de $24 millones no utilizados en el FEP y que, a la fecha de la auditoría, no habían sido reintegrados a la Tesorería General de la República. Ante consultas, la subsecretaría informó que, tras solucionarse un requisito administrativo, “los montos consignados fueron ingresados a la Tesorería el 27 de julio pasado”.

El informe también reprocha el hecho de que las conciliaciones bancarias de la entidad no se realicen en el sistema integrado de Dipres, sino en un sistema computacional propio donde los datos son ingresados manualmente, con los riesgos financieros y de seguridad asociados. Tampoco se cumple la norma de que dichas conciliaciones no sean elaboradas por los mismos funcionarios que participan del manejo o custodia de fondos, y que el registro y revisión de las transacciones no se concentran en un solo funcionario, para reducir “riesgos de errores, actuaciones ilícitas o la probabilidad que no se detecten”.

De igual forma se detectaron reembolsos a organismos que no cumplen con la normativa, atrasos y problemas en las rendiciones de fondos y en la emisión de resoluciones, ausencias de documentos físicos respecto de algunas etapas del proceso y vacíos en la carga de datos en la plataforma de seguimiento de las actividades, entre otras.

Además, la Contraloría instruyó que los movimientos de las distintas cuentas que posee la entidad se registren en forma separada en el Sistema de Información Financiera Integrada del Estado (SIGFE), que los traspasos internos de recursos se ajusten a la normativa y que los activos financieros de la entidad deben ser protegidos con resguardos más seguros que los actuales.

Un nuevo FEP

Los problemas en el FEP no son nuevos. Más bien han sido recurrentes, señalan conocedores de este mecanismo. Y así también lo admiten desde la subsecretaría de Previsión Social: “El FEP ha tenido una deficiente evaluación por parte de distintos gobiernos, por parte de la Dipres de distintos gobiernos. Esto nos presenta un tema que es transversal: el hecho de que no se ve el impacto de la inversión en educación previsional”. 

Desde la entidad explicaron que por estas razones el proyecto de Reforma a las Pensiones propone eliminar este fondo y obligar a las administradoras, tanto del 10% como del nuevo 4%, a destinar  parte de las comisiones que recaudan anualmente para hacer educación previsional. 

La nueva institucionalidad encargada de la educación previsional será bipartita; esto es, las administradoras deberán definir planes de educación previsional y estos serán supervisados por de  la Subsecretaría de Previsión Social, la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero.

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