El choque por el salario mínimo abre un incierto precedente legislativo

La insistencia del Ejecutivo en fijar el reajuste al menos hasta 2020 terminó haciendo naufragar el proyecto. El manejo político de Gobierno y oposición augura más conflictos en el futuro.

Más allá de las recriminaciones del oficialismo por el bloqueo opositor a la hora de legislar sobre salario mínimo y que sus adversarios critiquen que el Gobierno está jugando a imponer su postura en una suerte de todo o nada, la forma en que se hundió la propuesta del Ejecutivo en esta materia tiene efectos políticos y marcan precedentes para proyectos futuros.

Tal vez la consecuencia más relevante la resumió el diputado Pepe Auth (independiente, ex PPD), quien fue el primero en intervenir en la votación del veto presidencial en la Sala de la Cámara de Diputados: “Incompresible que el Gobierno, que sabe que no hay una sola oposición, logre que nos juntemos todos en el rechazo de este proyecto. Y eso apenas a cinco meses de iniciarse el Gobierno”.

Las acusaciones mutuas sobre qué sector político es responsable del fracaso del proyecto debieran desembocar pronto en la decisión del Ejecutivo de enviar un nuevo proyecto de ley, porque tiene iniciativa exclusiva en ese ámbito. Esto ocurriría no antes de la semana próxima, dicen fuentes del Gobierno.

El episodio, entonces, revelará más claramente con qué capital político cuenta una administración que está obligada a construir acuerdos al no tener mayorías en el Parlamento. La exigencia es mayor para el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, que no es un debutante en estas lides y que tiene sobre sus hombros el peso de la reforma tributaria y la de pensiones, tal vez los cambios de mayor envergadura anunciados hasta ahora por el Gobierno.

Temeraria apuesta

Intentar fijar el reajuste anual del ingreso mínimo para los trabajadores por todo el periodo de gobierno, con avances asociados al crecimiento de la economía, siempre fue una medida de alto riesgo, que ni siquiera se había intentado antes. Menos, con el rechazo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

En La Moneda y entre parlamentarios oficialistas la fórmula de dos años en lugar de cuatro les parecía más viable, especialmente para evitar lo sucedido en 2012, cuando el reajuste se logró sólo tras el envío de un veto presidencial.

Desde el primer momento el Gobierno instaló que se trataba de una propuesta integral donde todos los elementos eran prioritarios: reajuste real inicial (de $276 mil a $283 mil), reajustabilidad sobre inflación pasada y rango de crecimiento de la economía para los próximos años, y extensión a todo el periodo de Piñera. Pero muy pronto, tras su presentación en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, quedó claro que la valla a sortear era alta porque la DC pedía en llegar a $300 mil y desde el PS se insistía en fijar una trayectoria para alcanzar los $420 mil en el mediano plazo.

Entonces el ministro de Hacienda optó por una negociación acotada con el presidente de esa instancia, Pablo Lorenzini (DC), que logró elevar a $286 mil la cifra para agosto de 2018 y fijar los $300 mil para marzo de 2019. Y aunque parte de la oposición resintió que Felipe Larraín haya optado por conversar sólo con los DC y radicales, la propuesta fue respaldada por la Sala de la Cámara.

En la Cámara Alta la oposición fue distinta: los senadores terminaron ratificando los ajustes para 2018 y 2019, pero rechazaron la fórmula que legislaba reajustes en años posteriores. En tercer trámite, la Cámara rechazó este recorte y entonces se conformó una comisión mixta para dirimir las diferencias.

Fue una jornada excepcional, ya que se trataba de semana de trabajo en distrito. La comisión mixta terminó inclinándose por limitar la plurianualidad a 18 meses (hasta marzo de 2020 cuando debía enviarse un nuevo proyecto), lo que fue ratificado por las salas de ambas corporaciones.

Con esto, la Cámara de Diputados (como cámara de origen) envió al Presidente Sebastián Piñera el oficio N°14.183 para que se procediera a la promulgación de la ley del salario mínimo.

La última jugada

La idea del veto había estado presente en diversos momentos de la tramitación, incluso casi desde el inicio. Era una carta que se mostraba y se ocultaba, para indicar claramente que el Gobierno estaba totalmente comprometido con llegar a puerto con todas sus propuestas.

Así, cuando el ministro Felipe Larraín lo anunció tras la derrota de la plurianualidad total el lunes 27, no hubo sorpresa. Nuevamente, se citó al Congreso en pleno para revisar esta propuesta e intentar cerrar este capítulo de modo que los trabajadores tuvieran reajuste en agosto.

Salvo un cambio de último minuto, ya no será así. El veto sustitutivo subió de $300 mil a $301 mil el guarismo para marzo de 2019, elevó de 2% a 2,5% la propuesta de reajuste indexado al crecimiento para marzo 2020, mejoró marginalmente las asignaciones familiares y estableció que se enviaría una nueva propuesta en diciembre de 2020 para que rigiera a partir de enero de 2021.

El veto fue rechazado en la Comisión de Hacienda y luego en la Sala. Que no se haya logrado el quórum necesario para que se pudiera imponer la fórmula consensuada tras la comisión mixta tal vez haya servido de consuelo para el oficialismo.

El titular de Hacienda no estuvo presente en esta etapa, ya que había comprometido su participación en distintas actividades en la región del Biobío. Así que fueron el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, y el del Trabajo, Nicolás Monckeberg, quienes tramitaron el veto y sufrieron su rechazo.

Los costos

La única opción posible para que exista reajuste es que el Ejecutivo ingrese un nuevo proyecto. Pero antes, tal vez sea conveniente extraer algunas lecciones.

Sin duda, la plurianualidad y más aun el veto tuvieron la rara virtud de unir a una oposición diversa y que ha tenido serios problemas para articularse como un bloque. No debe haber sido fácil acordar el rechazo del mayor reajuste real del salario mínimo desde el año 2000, como señalaron algunos diputados del oficialismo.

Esto, sin duda, hace recaer el mayor costo en el ministro de Hacienda, que a pesar de sucesivos mejoramientos a su propuesta que la fueron encareciendo no consiguió un cierre exitoso, pero además deja una vara muy alta para una nueva iniciativa en este ámbito.

El rechazo de la oposición a legislar más allá de ciertos plazos parece indicar un camino nuevo en la forma de negociar políticamente estos temas. Apunta, en definitiva, a la metodología que empleará el Gobierno, que ha insistido en que construirá acuerdos en leyes importantes que vienen, como la tributaria y el presupuesto. Esto, por cierto, no puede implicar obstruir y bloquear cualquier propuesta del Ejecutivo para infligirle daño. Esto último se avizora con el proyecto de modernización tributaria, dado que parlamentarios de distintas tendencias opositoras anunciaron que rechazarían incluso la idea de legislar esa iniciativa.

El Gobierno ha optado en su discurso por que este tema se centre en las necesidades de la economía y no sea simplemente una negociación política. Con todo, lo sucedido con el salario mínimo reflejaría una deficiencia politica y también comunicacional, ya que el triunfo inicial al lograr aprobar los montos fue transformado en derrota ante el rechazo de la plurianualidad, medida que no logró ser transmitida como positiva para los traajadores.