El sigiloso enredo presupuestario entre el Gobierno y el Congreso

Aunque se logró revertir en el Senado la iniciativa que invade las facultades exclusivas del Ejecutivo en materia presupuestaria, aún tiene que ser votada por los diputados que originalmente la propusieron.

Pasó casi inadvertido, ya que fue el último punto de los 12 que contiene el protocolo suscrito el 20 de noviembre por el Gobierno y los senadores destinado a viabilizar la aprobación del Presupuesto 2019 en esa corporación. Además, lleva por título “Institucionalidad de la Ley de Presupuestos”, lo que tampoco indica realmente a qué se refiere.

Ese sigilo en un acuerdo entre el Ejecutivo y los senadores evitó una polvareda polémica. Se logró -al menos, hasta ahora- evitar lo que podría ser una pesadilla: detener una indicación previa de los diputados que implicaba asegurar recursos a ciertas entidades, como el propio Congreso Nacional, en caso de que el Gobierno aplicara un plan de austeridad fiscal. La indicación implicaba lo siguiente: si en 2019 fuese necesario reducir el gasto aprobado (por cualquier razón), el recorte se podría aplicar en áreas de salud, educación o por ejemplo el Sename, pero no en los destinados a instituciones autónomas.

Aunque la “pesadilla” logró revertirse en el Senado, son los diputados que la aprobaron inicialmente los que deberán pronunciarse cuando este martes 27 de noviembre se vote en tercer trámite el proyecto de presupuestos. Ya hay algunos, como el presidente de la Comisión de Hacienda, Pablo Lorenzini, que han manifestado que insistirán en la idea original.

Si fracasa el acuerdo, aún queda espacio para hacerlo en la Comisión Mixta. Lo que es claro es que se trata de un punto intransable para el Ejecutivo.

Medida inconstitucional

Todo partió con una indicación al proyecto de presupuestos, impulsada por la oposición y aprobada la segunda semana de noviembre en la Cámara de Diputados. Establecía en el artículo 32 que “en ningún caso se podrán disminuir los recursos autorizados” en la ley de Presupuestos para el Poder Legislativo, Poder Judicial y órganos autónomos de rango constitucional.

A ello se sumó una glosa en la partida del Congreso que facultaba a esta institución a realizar traspasos de recursos entre diferentes subtítulos sin informar a la Dirección de Presupuestos (Dipres). Claramente, “se estaba buscando una mayor autonomía presupuestaria aun pasando a llevar la Constitución”, comentó un funcionario de Gobierno.

En su artículo 65, la Constitución establece que el Presidente de la República tiene “la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país, o con la administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de la Ley de Presupuestos”. Es decir, aprobar una indicación que busca limitar la flexibilidad presupuestaria configuraría un caso de invasión a las facultades del Ejecutivo.

No es primera vez que estos desencuentros ocurren. La fórmula se usa para forzar un espacio de diálogo político con el Ejecutivo para lograr avances antes de que el Tribunal Constitucional (en la revisión ex post de las leyes) pueda declarar la inconstitucionalidad de la norma. Ello exige que al momento de la votación se haya hecho reserva de constitucionalidad, como lo hizo en este caso el diputado Jorge Alessandri (UDI).

La estrategia de la paciencia

En el Gobierno optaron, entonces, por la paciencia, apostando a que con trabajo político se lograría reencausar el tema en el Senado y que hacer reserva de constitucionalidad podía contribuir a extremar las posturas en el Congreso.

“La verdad es que el Ejecutivo ha tenido la disponibilidad para dialogar sobre todas las materias planteadas por los parlamentarios. Pero este tema no es negociable: se trata de facultades del Ejecutivo que se van a defender y no vamos a transar”, comentó un alto funcionario conocedor del tema, que recordó que ya hay fallos previos del Tribunal Constitucional que avalan las facultades exclusivas del Ejecutivo en esta materia.

La estrategia tuvo éxito. El Senado se allanó a “avanzar hacia mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Hacienda y las dos Cámaras del Congreso tendientes a instaurar procedimientos de diálogo para implementar los necesarios ajustes presupuestarios que faciliten la labor eficiente e independiente del Congreso, sin comprometer la necesaria flexibilidad presupuestaria que requiere el Ministerio de Hacienda para implementar la política fiscal del país”.

Para ello se instaurará una mesa técnica de trabajo Congreso-Dipres que funcionará durante 2019 para revisar cómo agilizar los procedimientos presupuestarios en el largo plazo. También funcionará una coordinación administrativa que permita que los ajustes y autorizaciones necesarias se realicen con la rapidez necesaria, dentro de los rangos autorizados y de modo informado.

Un caso de conflicto habitual ocurre con las reasignaciones que solicita el Congreso hacia fin de año, en momentos en que Dipres está sobrecargada de trabajo. Por ello, la demora en las autorizaciones es mayor y afecta el manejo presupuestario de ambas Cámaras.

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