La arriesgada jugada de Larraín para subir el salario mínimo

El ministro de Hacienda busca algo inédito: una ley de reajuste para todo el periodo de gobierno. El Congreso decidirá la semana próxima si pasa la prueba.

El primer test ácido del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, vendrá el martes próximo, cuando comience a tramitarse en el Congreso el reajuste del salario mínimo, hoy en $276 mil mensuales. Esto no sólo porque se trata de una discusión que siempre enciende pasiones, sino porque además el economista intentaría algo inédito: cerrar el reajuste no sólo para este año, sino para todo el periodo de gobierno.

La fórmula para que eso sea posible implica vincular las alzas anuales al desempeño de la economía. Así, en Hacienda manejan un escenario base de reajustes con las proyecciones económicas actuales (que implicaría en torno a $60 mil de aumento en cuatro años) y escenarios alternativos, en los que si la economía anda mejor el reajuste total superaría los $70 mil en igual lapso.

Pero tanto las cifras como el horizonte del reajuste son temas en evaluación, ya que al cierre de este artículo el proyecto de ley aún no ingresaba al Congreso. El debate no se anticipa fácil. Parlamentarios del oficialismo y de la oposición comentaron que la lógica política es muy importante ya que, ad portas del envío al Congreso de la reforma tributaria, al ministro “no le conviene descapitalizarse en esta discusión”.

¿Dos o cuatro años?

No es primera vez que el sistema de vincular beneficios sociales a la marcha de la economía se usa en políticas públicas. Por ejemplo, futuros avances en gratuidad en educación superior dependen del crecimiento de los ingresos estructurales de Chile; es decir, “gatillos” que permitían avanzar a la siguiente etapa. Para el reajuste, el ministro Larraín ha hablado de “cláusulas de contingencia”.

Si bien el objetivo del titular de Hacienda es un reajuste a cuatro años, también es probable que sea a dos años, de modo de facilitar así el trámite. Esto último porque cerrar el debate para todo el periodo de gobierno podría complejizar aún más la aprobación en un Congreso donde el Ejecutivo no tiene mayoría. En Hacienda no quieren repetir la experiencia del 2012, cuando el debate fue traumático y se tuvo que recurrir al veto presidencial.

También hay razones históricas: un reajuste más allá de un año se ha logrado anteriormente, con más o menos dificultad. En 2014 se realizó por 24 meses, pero contando con el acuerdo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), lo que no ocurre en esta oportunidad; mientras que en 2016 el reajuste de aprobó por 18 meses, con el rechazo de la CUT y tras una tensa discusión que incluso dividió a la coalición gobernante.

Es posible, pero…

En el Congreso no hay mucha disposición a adelantar posturas hasta que no ingrese el proyecto y se tengan los detalles de la fórmula.

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Pablo Lorenzini (DC), afirmó que los ministros de Hacienda y Trabajo “quieren dejar la cancha rayada para todo lo que resta del gobierno, algo que no es fácil y tampoco es del agrado de la CUT”.

Sostuvo que en la DC hay disposición a explorar un acuerdo en esa línea, “pero queremos un gesto de buena voluntad, que es partir con un piso superior en virtud de las buenas expectativas económicas”. Esto, dijo, implica un reajuste para el primer año que deje el salario mínimo en $300 mil y hacia adelante incorporar inflación, productividad y un alza real para aproximar la cifra a $400 mil en el plazo convenido.

Desde el PS, el diputado Manuel Monsalve criticó el atraso del Gobierno en esta materia. “Son muy buenos para formar instancias de diálogo fuera del Congreso, pero cuando se trata de proyectos para los trabajadores no tiene la misma agilidad para buscar acuerdos”, comentó.

Agregó que esta demora ha tenido una virtud: ha logrado que la oposición concuerde “un camino” con la CUT para llevar el salario mínimo progresivamente sobre línea pobreza; es decir, $420 mil mensuales. “En la medida que concordemos con el Gobierno en que ése es el objetivo, podemos ir definiendo la progresividad, si son cuatro o seis años, por ejemplo”, detalló. Advirtió que si el proyecto se aleja de eso, “lo más probable es que se apruebe la idea de legislar y votemos en contra del guarismo”.

El diputado Patricio Melero (UDI) valoró la idea del Gobierno de legislar un reajuste salarial por varios años y ligado a las condiciones económicas del país. “Que el reajuste del salario mínimo quede por ley condicionado al crecimiento económico implica que si el país crece, mayor es el reajuste, resguardando que no puede bajar del valor que tiene. Esto entrega certezas a los trabajadores y también a las empresas, sobre todo a las más pequeñas, para planificar sus costos más allá de la mirada anual y saber a qué atenerse al contratar personas. Ojalá prospere esta idea”, comentó.

El parlamentario recordó que en los 28 años en que se viene legislando el reajuste del ingreso mínimo, “ha sido excepcional el que los proyectos hayan sido respaldados por la CUT, ya que siempre plantean reajustes muy por sobre el crecimiento de la economía”. Insistió en que espera que la propuesta del gobierno “ojalá sea entendida y no se rechace por la postura de la CUT y de la oposicion de guardarse esta negociación de presión año a año y hacer de esto hito de presión política anual”.

En el limbo

El nuevo monto debía comenzar a regir el 1 de julio. La demora obligará, en forma excepcional, a incluir una cláusula que establezca su aplicación retroactiva y estos incluye también el reajuste de otros beneficios como la asignación familiar y maternal y del subsidio familiar.

La tardanza en el envío al Congreso responde a varios factores. Por un lado, las negociaciones con la CUT comenzaron el jueves 28 de mayo. Esto en la práctica dejaba dos semanas para negociar y poder tramitar el proyecto en el Congreso la última semana legislativa para tener una ley antes del 1 de julio.

Eso no ocurrió, los plazos se vinieron encima y las partes seguían negociando. Un mes después, Larraín mostró sus cartas haciendo público que esperaba construir un acuerdo a cuatro años,

Aunque la meta del gobierno era tener un proyecto de ingreso mínimo discutiéndose en julio, nuevamente se venció la fecha. La última opción era ingresar el proyecto con discusión inmediata el martes 31 de julio, que se tramitara ese día en Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, se votara el miércoles 1 de agosto en la Sala de la Corporación y en la tarde apretadamente en el Senado. Pero tampoco fue posible.

¿La razón? Una urgencia de último minuto: los ministerios de Hacienda y Trabajo, responsables de la elaboración del proyecto, no tenían listo el Informe de Productividad del proyecto de ley. Se trata de una práctica establecida en el gobierno anterior para todas las iniciativas de carácter económico que la administración del Presidente Sebastián Piñera anunció que mantendrá.

No todas las carteras se han empapado de esta iniciativa. Hacienda no incluyó un Informe de Productividad en el proyecto que crea por ley un Consejo Fiscal Autónomo, mientras Economía lo hizo incluso para la indicación sustitutiva del proyecto de ley sobre pago oportuno a las pymes.

Como sea, los dados están echados y todo indica que el misterio se revelará el próximo martes se dará cuenta del proyecto de reajuste del ingreso mínimo en la Sala de la Cámara de Diputados y esa misma tarde, con presencia de los dirigentes de la CUT, comenzará el debate en la Comisión de Hacienda.