El desconocido vínculo entre el reajuste del sector público y las tropas extranjeras
La ley que incrementa los salarios de los funcionarios del Estado incluyó una serie de otros artículos misceláneos, como la autorización de ingreso de militares foráneos o indemnizaciones a los trabajadores del Sename.
El proyecto de ley de reajuste del sector público es una tradición anual que siempre combina varios factores: un largo debate con los gremios involucrados, un trámite con urgencia de “discusión inmediata” en el Congreso y un proyecto de ley que además de los temas salariales incluye un conjunto de mejoras en las condiciones laborales de los funcionarios y algunos ajustes relacionadas con las dotaciones de servicios públicos.
Pero en su versión 2018, que se inició con el debate en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados (en la foto, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, presentando la iniciativa), se incluye un conjunto amplio de novedades. Bajo el subtítulo de “normas especiales”, el proyecto suma 34 asuntos de diversa consideración asociados al funcionamiento del Estado.
Ya que esta iniciativa se discute con gran celeridad y el foco de discusión se centra en los montos de reajuste que se conceden a los funcionarios públicos, las demás materias contenidas no suelen ser objeto de debate. Este año, además, para mantener estas normas especiales dentro de la idea matriz del proyecto, el proyecto incluyó en la descripción de las materias que aborda la de modernizar la gestión del Estado para lo cual modifica diversos cuerpos legales.
La Dirección de Presupuestos no respondió las consultas de PAUTA relacionadas con este tema.
Tropas extranjeras
Tal vez lo más llamativo es que se entrega a los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y al jefe del Estado Mayor Conjunto la facultad que hoy detenta el ministro de Defensa de autorizar caso a caso el ingreso de militares extranjeros al país para que participen en actividades de celebración, educacionales o logísticas.
Indemnizaciones para funcionarios del Sename
La iniciativa también establece en el Sename una nueva causal de cese de funciones que dará derecho a una indemnización de un mes por año de servicio a los funcionarios que se desempeñan en centros de reparación especializada de administración directa (conocidos como Cread). Esta indemnización la determinará el director del servicio por razones vinculadas a la modernización, reestructuración o funcionamiento de dichos centros.
La medida incide en un mayor costo fiscal para 2019 por $1.118 millones. Si estos funcionarios renuncian voluntariamente, podrán beneficiarse de una rebaja en cinco años en la edad para acceder a los incentivos al retiro vigentes.
Certificados del Registro Civil gratuitos
Además, se dispone que a partir del 1 de abril de 2019 se eliminará el cobro que realiza el Registro Civil para certificados de nacimiento, matrimonio, acuerdos de unión civil, antecedentes, discapacidad y defunción, siempre que sean otorgados en soporte digital o en módulos de autoatención.
Aunque esta medida implica reducir los ingresos que percibe la institución por esa vía, estimados en $147 mil millones en el presupuesto 2019, en el Informe Financiero del proyecto no se hace referencia a su impacto fiscal.
Registro de Información Social
En el proyecto se faculta a la Dirección de Presupuestos para acceder a los datos del Registro de Información Social que dispone el Ministerio de Desarrollo Social para su empleo en materias relacionadas con la evaluación de los programas sociales, elaboración de informes financieros y estudios asociados.
El acceso se hará de manera innominada; es decir, sin identificar a las personas que integran el registro. Se establecen sanciones ante la eventualidad de mal uso de los datos por parte de los funcionarios de la Dirección de Presupuestos o aquel que en nombre de ésta tenga acceso a los datos del registro.
Ley Sanna, teletrabajo y el Bono Atacama
En el proyecto se establece que el Ministerio de Hacienda definirá si la administración del Fondo de la ley N° 21.063 que crea un seguro obligatorio para los trabajadores cuyos hijos estén afectados por enfermedades graves (ley Sanna) sea realizada por una entidad privada o por la Tesorería General de la República.
También se faculta a las máximas autoridades de la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Seguridad Social, Instituto Nacional de Estadísticas y la Dirección de Compras y Contratación Pública para crear planes pilotos de teletrabajo en sus instituciones.
Asimismo, se asignan $848 millones para 2019 para el pago del llamado “Bono Atacama”, creado tras paralizaciones de funcionarios públicos de esa región mientras se estudiaba el costo de la vida en la zona. El bono se pagaría por una vez y el informe de 2017 determinó que tal costo no era particularmente alto.