¿Reasignación o ahorro? El plan de austeridad de Larraín

En medio de un crispado debate fiscal, los anuncios del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se recibieron con críticas.

Apenas una semana bastó para que el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, deshiciera de un plumazo el perfil que había construido en su segundo desembarco al mando de las finanzas públicas, uno que -como retrató PAUTA.cl- se caracterizó por un sello más ciudadano y alejado de las polémicas. Esto porque el anuncio sobre gastos comprometidos sin financiamiento por US$ 5.500 millones del pasado 27 de abril tuvo la rara virtud de generar críticas por parte de exautoridades de Hacienda, provocar divisiones entre los integrantes del Consejo Fiscal Asesor (CFA) y gatillar sesiones en el Congreso para intentar esclarecer el tema.

Y cuando el debate quedó sin atizarse, el ministro dio un nuevo paso y en una extensa conferencia de prensa el 4 de mayo anunció un nuevo plan de austeridad, que rebaja el gasto en US$ 1.150 millones anuales (1,6% del presupuesto aprobado para 2018) con un horizonte total de US$ 4.600 millones para el periodo 2018-2021. El ministro explicó que este plan (que incluye el recorte de US$ 500 millones anunciado el 4 de abril) “permitirá mejorar nuestra posición fiscal y financiar medidas emblemáticas del programa de gobierno del Presidente Sebastián Piñera”. Entre ellas, el apoyo a Sename, la gratuidad para alumnos de educación técnica, acceso universal a sala cuna y el déficit hospitalario.

Las dudas saltaron pronto: ¿Cómo la austeridad, que en general se entiende como recorte de gasto y ahorro, termina contribuyendo a financiar medidas emblemáticas del programa de gobierno?

Los detalles ausentes

Horas después del anuncio, BBVA Research emitió un informe sobre el plan de austeridad y el efecto de la estimación de mayores gastos que no estarían provisionados, asociados fundamentalmente a salud. “Con los mayores gastos estimados por US$ 1.570 millones y los ajustes de gasto por US$ 1.272 millones, en términos netos habría cerca de US$ 300 millones adicionales de gastos en 2018, con lo cual la expansión del gasto real para el año la estimamos en torno a 4,7%”, detalló el informe. Es decir, el equipo premiado por Consensus Economic como el predictor más preciso de la economía local en 2017 estimó que al enfrentar las presiones de gasto no provisionadas, este año el gasto público superaría el alza de 3,9% aprobada por el Congreso.

No todos entendieron lo mismo. La prensa del fin de semana recogió críticas de economistas sobre la falta de detalles concretos que permitieran evaluar el anuncio. Las dudas se han mantenido en el aire, sin disiparse.

La presidenta del Consejo Fiscal Asesor (CFA), Andrea Repetto, afirmó en entrevista con PAUTA100.5 que el plan de austeridad anunciado por Hacienda “va en la dirección correcta” considerando que, para financiar su programa, el gobierno requiere ahorrar US$7 mil millones. No obstante, la economista sostuvo que es necesario “conocer el detalle” del anuncio, porque “llama la atención que sugiera utilizar los fondos reservados de la Presidencia, que en el fondo es una reasignación de gasto, no es explícitamente un ahorro lo que él anunció. De verdad no hubo suficiente detalle”. No obstante, como ha quedado en evidencia en diferentes entrevistas, los cinco integrantes del CFA no tienen una visión compartida ni sobre este plan de austeridad ni sobre el enfoque metodológico para definir los compromisos de gasto no financiados.

La directora ejecutiva del Observatorio del Gasto Fiscal, Jeannette von Wolfersdorff, calificó como “complejo” el intentar comentar el recorte fiscal por US$ 4.600 millones anunciado el viernes 27 de abril, “porque Hacienda no ha entregado el detalle detrás de esta cifra, ni sobre qué base está calculado”. Agregó que, como política general, “es importante que Hacienda entregue todos los datos detallados cada vez que haga anuncios fiscales. De esta manera, se evita confusión y especulaciones”. La entidad formuló un llamado a todos los actores a buscar acuerdos en forma transparente en materia fiscal por el bien del país.

Esta noche nos pronunciamos frente al debate actual en materia presupuestaria pic.twitter.com/IWScpz1BGf

— Observatorio Fiscal (@observafiscalcl) 4 de mayo de 2018

Miguel Ricaurte, economista jefe de Itaú, dijo compartir “la visión de que faltan detalles para hacer una evaluación más precisa del impacto que tendrá un ajuste fiscal como el anunciado por el ministro Larraín”. Añadió que de la información disponible “se entiende que hay presiones fiscales potenciales que derivan de compromisos adquiridos. Por ello, lo importante es entender cómo se mitigará el impacto que podrían tener gastos de esta índole como política fiscal de largo plazo, más que como una medida reactiva”. El economista enfatizó que “es clave que se mejore la manera en que se comuniquen eventos de esta clase, mejora que puede ser parte de un rediseño integral del esquema de política fiscal de Chile”.

El silencio del mercado

Al menos cuatro equipos de estudios de bancos y corredoras de bolsas consultados por PAUTA.cl declinaron comentar sobre el anuncio de austeridad del ministro Larraín, aludiendo que les faltaba información o que estaban muy ocupados con otros temas como el positivo Imacec de 4,6% de marzo y la evolución de los salarios. Sin embargo, fuera de registro al menos tres economistas coincidieron en que no es que falte información para evaluar la medida, sino que no corresponde que el mercado explique lo que la autoridad anunció.

Las fuentes, dos de las cuales habían conversado a su vez con altos asesores de Hacienda, señalaron que es muy claro lo que está haciendo el jefe de las finanzas públicas. Comentaron que la situación fiscal que constituye el punto de partida de su gestión se basa en el informe de la Dirección de Presupuestos sobre presiones de gasto 2018-2021, donde el grueso de tales presiones para este año (también para los siguientes) está en la estimación de mayor gasto en Salud por US$ 1.273 millones, principalmente por déficit del sistema hospitalario. En los años previos, esos recursos se cubrían con reasignaciones de otras partidas de la misma cartera, de otros ministerios que suelen subejecutar sus presupuestos y también con recursos frescos del Tesoro Público. Pero esta vez el ministro Larraín optó por “sincerar ese escenario”, debido a la alta probabilidad de ocurrencia de este gasto “que le pone la vara más alta al gobierno”.

Luego, dijeron las fuentes, el plan de austeridad en realidad implica un “ajuste de cinturón” en gasto corriente en todas las carteras y principalmente en los fondos de Presidencia. Esos recursos ahorrados se reasignan para cubrir el déficit en Salud y para financiar las prioridades del programa de gobierno.

“Si no existieran los US$ 5.500 millones en presiones de gasto que hay que enfrentar, este sería un tremendo ajuste fiscal por US$ 4.600 millones en cuatro años. Pero como se trata de gastos que hay que cubrir, ese ahorro ni siquiera alcanza. Lo que pasa es que este plan que anunció el ministro ‘netea’ la presión de gasto de 2018. La austeridad es dentro del gobierno, porque en realidad se termina gastando más que el presupuesto aprobado”, comentó uno de los economistas consultados. Otro afirmó que el ministro “debería haber hablado de plan de reordenamiento de gasto o algo así, más que de austeridad. Sería bueno saber cuánto de este plan es reasignación y cuanto es ahorro, si es que se genera algún ahorro al final”.

Durante la sesión de la Comisión Mixta de Presupuestos en que se debatió el tema de las presiones de gasto no provisionadas, este lunes 7 de mayo, el ministro Larraín no abordó las medidas de austeridad recientemente anunciadas. Al terminar la cita y consultado sobre los montos destinados a ahorro y a reasignación en el marco de ese plan, señaló que “lo que pasa es que el dinero es fungible. Al final el gasto público va a continuar creciendo, no vamos a cortar el gasto público”. El ministro detalló los diferentes objetivos del plan de austeridad precisando que “lo que uno hace es hacer un ahorro en algunas partidas, en aquellas donde se puede ahorrar; intentar proteger a la clase media y a los más vulnerables, que no se vean afectados por esto; ajustarnos nosotros en el sector público, ajustarnos un poco el cinturón, y luego hacer espacio para una mejora de nuestras cuentas fiscales y para el programa de gobierno del Presidente Piñera”.

¿Se requiere un ajuste?

Una visión muy diferente sobre este debate es la que expresó el director estudios de LarrainVial, Leonardo Suárez, quien en entrevista con PAUTA100.5 afirmó que este año estamos viviendo una recuperación cíclica que se traducirá en “ingresos fiscales significativos”, de modo que “con el 3,9% de crecimiento del gasto público el balance fiscal de este año, sin necesidad de ajuste, cerraría entre 1%-1,5% de déficit, contra 2,8% de 2017”. El economista afirmó que esto es posible porque la recaudación “está muy ligada al crecimiento económico y me da la impresión de que Hacienda no está haciendo ese cálculo”. Más aún, proyectó que este año “Chile va a tener un performance fiscal mucho mejor y creo que en 2019 vamos a tener superávit fiscal”.

En su análisis, Suárez estimó que los planes de recorte y ajuste anunciados constituyen “más que nada una señal política” en el sentido que este es un gobierno austero. A su juicio, si bien las cuentas fiscales de Chile se han deteriorado, al comparar con el déficit de casi cualquier país de Europa o América “cualquier observador se ríe”. Esto, explicó, ya que “antes éramos acreedores netos y ahora somo deudores netos, pero de manera marginal, llegando al 1% del PIB”. Agregó que también se debe considerar que el riesgo soberano está bajo y no se vio afectado por el recorte en la clasificación de riesgo que hicieron dos agencias en 2017

El próximo test fiscal

En este escenario complejo, el próximo test que viene en materia fiscal se da esta semana, cuando según anunció el ministro de Hacienda se enviará al congreso el proyecto que crea por ley el CFA, asegura su plena autonomía, destina recursos para su funcionamiento y establece los procedimientos para designar y remover a sus integrantes.

Este debate se mezclará, inevitablemente, con la decisión del ministro Larraín sobre la renovación del CFA, ya que el mandato de los actuales integrantes (con excepcion de Aldo Lema, que fue nombrado en marzo en reemplazo del actual coordinador macroeconómico de Hacienda Hermann González) concluye a fines de mes. Larraín no ha querido precisar si renovará a los integrantes actuales, en lo que equivaldría a un gesto de confianza mientras se tramita el proyecto; o si nombrará nuevos representantes. Hasta ahora, el CFA tampoco conoce el proyecto de ley que se anunciará.