Surgen críticas por trabas a la autonomía del futuro Consejo Fiscal

Desde el CEP, LyD y Espacio Público proponen mejoras en la iniciativa presentada por el gobierno. Hacienda estaría analizando modificaciones al texto.

El próximo miércoles 4 de julio la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados escuchará las visiones de un amplio conjunto de expertos respecto del proyecto de ley que crea un Consejo Fiscal Autónomo (CFA), organismo asesor del Ministerio de Hacienda en materias fiscales que hoy funciona amparado en un decreto de dicha cartera.

La cita servirá para conocer la evaluación  que el modelo propuesto por el gobierno ha tenido en un amplio espectro económico y político que comparte el interés técnico respecto del balance estructural y la regla fiscal: los invitados son los actuales integrantes del CFA, los consejeros de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el exministro de Hacienda Rodrigo Valdés, el ex presidente del Banco Central Rodrigo Vergara; la expresidenta del CFA, Andrea Repetto; la exsubsecretaria de Hacienda Macarena Lobos, y el economista y director de Codelco Ignacio Briones.

Desde los centros de estudio ya han hecho sus propios análisis sobre el tema. Y el diagnóstico es unánime: el proyecto de ley es necesario y es un avance hacia una institucionalidad fiscal más independiente, transparente y con más facultades, pero hay espacios de mejora importantes de abordar para asegurar mayor autonomía. Al menos, se detectaron cuatro áreas donde se estima que los cambios son necesarios: nombramiento del presidente de la instancia, mecanismo de designación de los consejeros, inexistencia de un equipo de apoyo que colabore en el análsis de la información y relación de la instancia con el Congreso.

Aunque al ser consultados desde el Ministerio de Hacienda optaron por no referirse a este tema, fuentes de la cartera admitieron que se están analizando modificaciones al proyecto de ley ingresado a trámite el  martes 4 de junio y que sólo ha sido visto una vez en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, cuando fue presentada la iniciativa por el titular de Hacienda, Felipe Larraín (en la foto, acompañado del director de la Dirección de Presupuesto, Rodrigo Cerda).

Nombramiento directo del presidente

Uno de los puntos que ha merecido reparos es el hecho que el CFA estará integrado por cinco miembros y su presidente será designado directamente por el Presidente de la República, mientras que los otros cuatro consejeros serán designados por el Mandatario previo acuerdo del Senado.

Al respecto, Libertad y Desarrollo (LyD) comentó que la metodología de nombramiento del presidente del Consejo “podría dar pie a que no cuente con la debida independencia de la autoridad política“. Así, planteó que su nombramiento sea efectivamente por cuatro años, pero a partir del segundo año de haber asumido el nuevo gobierno y que su designación la realice el Presidente de la República en forma directa o bien se pudiera evaluar que deba ser a partir de una terna propuesta por el consejo del Banco Central.

Los investigadores del Centro de Estudios Públicos (CEP) Isabel Aninat, Slaven Razmilic y Rodrigo Vergara también expresan reparos sobre ese tema. “No hay ninguna razón de peso para que el presidente de esta nueva entidad tenga que ser alguien relacionado con el gobierno de turno. De hecho, le resta independencia y credibilidad”, afirmaron. Su propuesta es que tal como ocurre en el Banco Central, el presidente del CFA sea nombrado por el Jefe de Estado “de entre los cinco consejeros aprobados por el Senado, por un tiempo mayor a su mandato, de forma que su elección y su período no coincidan con el del gobierno”. Añadieron que la OCDE ha enfatizado que la independencia de este tipo de entidades “es condición necesaria para el cumplimiento de sus objetivos”.

Desde Espacio Público, su director ejecutivo, Daniel García, comentó que el nombramiento directo del presidente del CFA “pone en duda su real independencia o autonomía, independiente mente que se le otorguen mejores condiciones presupuestarias o físicas para operar autónomamente”. Señaló que, más que un contrapeso real al Ministerio de Hacienda, “lo que tendremos será una asesoría calificada y regulada, lo que sin duda puede aportar a la toma de decisiones por parte del ministro de Hacienda, pero a un alto precio y escasa capacidad de oponerse a medidas que pudieran no estar alineadas con los objetivos de balance estructural, entre otros”.

Consejeros y cuoteo político

Otra área que genera dudas es la forma en que se nombran los cuatro consejeros del CFA. El proyecto precisa que su nominación exigirá el respaldo de dos tercios de los senadores en ejercicio, que deberán pronunciarse respecto de la propuesta que envíe el Presidente de la República como una unidad. Los consejeros durarán cuatro años en sus cargos y se renovarán en pares, cada dos años.

“Esto llevaría a que, dependiendo del momento en que se escoge a los consejeros, el Presidente pudiese elegir al comienzo de su mandato a tres de los cinco integrantes, incluyendo a quien preside el Consejo. Nuevamente un factor en contra de la necesaria independencia y en favor de alargar el período de los consejeros”, advirtieron los investigadores del CEP ya citados.

También añadieron que el quórum de dos tercios “se presta para el cuoteo político y se sacrifica la calidad”, por lo que estimaron mejor que se elijan de a uno por simple mayoría. Estimaron que aunque en estas elecciones siempre existen criterios políticos, lo que es normal en una democracia, “la elección de a uno hace más probable que a los nominados se les exijan mayores capacidades técnicas”.

Coincidió con este criterio el director ejecutivo de Espacio Público, quien estimó que la elección de los consejeros de “a pares” promueve el cuoteo político binominal, bajo la apariencia de transversalidad, por lo que sostuvo que esta práctica “se debiera erradicar de los órganos colegiados de carácter técnico, como es el CFA”. Agregó que esta norma, sumado al hecho de que la remoción de los consejeros estará regulada por un reglamento del Ministerio de Hacienda, generarán que el nombramiento del presidente del consejo (atribución directa del Jefe de Estado) sea determinante para generar una mayoría simple. “Por lo tanto, nuevamente inhiben al CFA de ser un real contrapeso del Ejecutivo, que vele por la estabilidad fiscal”, afirmó.

Equipo de apoyo

Revisando ámbitos de potencial mejora, LyD plantea evaluar si el nuevo CFA “debiera contar con un staff remunerado adecuado para la completa autonomía de su análisis, independiente [de] que cuente con recursos para contratar asesorías y si la secretaría técnica debiera ser independiente de la autoridad fiscal y radicarse en el staff del CFA y no en la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, tal como está propuesto hoy”.

Los investigadores del CEP también sugirieron que sin financiamiento para profesionales técnicos que ayuden a los consejeros, será difícil que éstos, que no tienen dedicación exclusiva, hagan un análisis acabado de materias fiscales que deban revisar. “Es deseable que el Consejo Fiscal tenga una musculatura mínima que le permita ser una contraparte efectiva para la Dirección de Presupuestos, permitiéndole detectar eventuales errores y, por lo mismo, exigiéndole al Ejecutivo subir el estándar de sus informes. Dos o tres profesionales que ayuden en esta labor serían de gran ayuda y elevarían la calidad de la supervisión realizada”, apuntaron.

Daniel García también estimó razonable que el CFA cuente con capacidad de análisis acorde a sus responsabilidades, pero precisó que existen distintas formas de obtenerla, además de la contratación de dotación. Insistió en que se debe evaluar el tema de modo integral, ya que “existe el riesgo de generar estructura fiscal costosa y que duplica o reemplaza funciones existentes y con menos eficacia”.

¿Y la relación con el Congreso?

Una cuarta área de mejora del proyecto de ley radica en la relación que el CFA tendrá con el Poder Legislativo. En la iniciativa en debate sólo se menciona en general que la entidad deberá realizar informes en relación a los estudios, análisis y otros temas que le competen de acuerdo a esta ley, los que deberán ser presentados ante las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados.

Al respecto, los investigadores del CEP detallaron que la OCDE recomienda como buena práctica “incluir, al menos, una reunión anual con la Comisión de Hacienda de la Cámara y del Senado, donde presente su análisis sobre la situación fiscal efectiva y estructural, el cumplimiento de metas, los cambios metodológicos, la deuda pública, entre otros aspectos”. Explicaron que no se trata que el CFA sea “una agencia del Congreso”, sino que le informe, “mejorando así la deliberación pública”.

En Espacio Público tienen una visión diferente sobre este punto. Daniel García explicó que “la labor de contrapeso del Ejecutivo o del Ministerio de Hacienda recae en el Congreso, por lo que desde Espacio Público propusimos la creación de una oficina de presupuesto robusta en el Congreso que pueda hacer el análisis de los balances, productividad, informes financieros y leyes de presupuesto, entre otras tareas”. Añadió que hoy, en el trámite legislativo, lo que se aprecia es una realidad parecida a “un monólogo del Ministerio de Hacienda, por no tener una contraparte técnica para el debate”.

Nota: En algunos párrafos de este artículo se identifica a Isabel Aninat, Slaven Razmilic y Rodrigo Vergara como consejeros del Centro de Estudios Públicos (CEP) y en otros como investigadores. Lo correcto es lo segundo.