La aproblemada gasolinera que el gobierno de Venezuela maneja en EE. UU.
Ante las expropiaciones llevadas a cabo en el gobierno de Chávez, Citgo, filial de la estatal venezolana Pdvsa, se ha vuelto la moneda de cambio entre el país y la canadiense Crystallex.
Venezuela se ha vuelto una máquina generadora de adversidades, y es que como van las cosas, la situación que atraviesa el país no visualiza una fecha de término en un futuro cercano. Sin embargo, hasta el 2018 aún brillaba una luz entre las tinieblas del horizonte venezolano, y es que sus principales fuentes de efectivo ingresaban tranquilamente por la cadena de gasolineras Citgo, cuyas sucursales recorren parte de Estados Unidos.
Pero la crisis no perdona. El país caribeño atraviesa por una de sus mayores caídas petroleras, con una baja, en promedio, de un 40% en la producción de crudo en comparación a la media registrada en 2016.
A la hiperinflación (casi un millón setescientos mil por ciento en 2018), el desabastecimiento de alimentos y los más de tres millones de refugiados, se suma el declive petrolero. Este ha llevado al país, según informes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), a producir, solamente en noviembre de 2018, un 4,37% menos que el mes anterior.
Aun así, y contra todo pronóstico, el martes 9 de enero de 2019 Venezuela asumió la presidencia de la OPEP, encontrándose el país, además, sumido en un conflicto legal que comenzaría a extinguir la pequeña luz de esperanza para su economía. En agosto del 2018, el juez federal estadounidense Leonard P. Stark había sentenciado que la empresa refinadora de petróleo Citgo, filial de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), podría pasar a nuevas manos.
La contraparte de esta demanda es Crystallex, una minera canadiense dedicada a la extracción y exploración de oro, la cual en 2011 debió entregar su yacimiento ubicado en territorio venezolano al gobierno chavista, sin recibir alguna indemnización a cambio. La minera, luego de haber operado en el país caribeño desde el 2002, contó con sólo 90 días para entregar al Estado el dominio del yacimiento.
Según el medio estadounidense The Wall Street Journal, el fallo de Stark sobre la incautación de Citgo vendría a compensar una deuda del gobierno venezolano con la minera canadiense. La indemnización por la expropiación ocurrida en 2011 equivaldría a US$ 1.400 millones, que podrían recabarse otorgando el dominio de Citgo a Crystallex. Con este fallo, además, se pondría en peligro una de las únicas fuentes de ingresos petroleros que aún conserva el país bolivariano, lo cual encendió sus alarmas.
De este modo, la refinadora de petróleo y comercializadora de gasolina se ha vuelto el campo de batalla donde se enfrentan Venezuela y Crystallex.
La batalla de Maduro en Estados Unidos
La disputa no terminó con el fallo de Stark a favor de la minera. Luego de conocida la sentencia, el 24 de agosto la empresa estatal venezolana Pdvsa, controladora de Citgo, publicó un comunicado en su cuenta de Twitter donde informaban que habían presentado una apelación para dejar sin efecto la medida.
🇻🇪✍¡Comunicado de Prensa! || PDVSA pide a corte de apelaciones impedir nuevas medidas relacionadas con acciones de PDV Holding. pic.twitter.com/TrhKYMyHAL
— PDVSA (@PDVSA) 26 de agosto de 2018
A su vez, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien asumió el mandato el 10 de enero de 2019, tras unas elecciones calificadas por los países del Grupo de Lima y la Organización de Estados Americanos (OEA) como fraudulentas e ilegítimas, entró en negociaciones con Crystallex. De allí habría surgido el acuerdo de pagar US$ 1.200 millones para evitar el embargo de la empresa que cuenta con alrededor de 15.000 gasolineras en Estados Unidos. Pero la simultaneidad de ambas peticiones llevó a que los abogados de la minera canadiense denunciaran un incumplimiento en el tratado y buscaran reiniciar sus intentos de subastar Citgo.
La disputa por el control de la gasolinera va más allá de Venezuela y Crystallex. Por los activos de Citgo compiten también Rusia, como aval de préstamos de la estatal Rosneft, y ConocoPhillips, quien gano un caso de arbitraje internacional contra Venezuela, pero hasta ahora la minera canadiense es la única empresa a la que los tribunales norteamericanos han aprobado la solicitud.