El Brasil de Lula ya no es de Lula

Un alto tribunal trabó la campaña electoral del expresidente, pero es la intervención de militares la que más preocupa.

El Brasil de abril de 2018 empezó a cerrar una puerta y abrió otra. La puerta cerrada se le presentó al expresidente Lula da Silva, quien estaba corriendo por volver a Planalto y terminará, lo más probable, en una cárcel federal. Ello, porque el exmandatario brasileño perdió un último recurso judicial en la madrugada de este jueves 5 de abril.

La puerta abierta es la de las Fuerzas Armadas, cuyos líderes por primera vez desde los años 80 –cuando controlaban el gobierno— entraron al debate político en tropel. Fue el comandante del Ejército quien a través de Twitter presionó para que la decisión del Supremo Tribunal Federal fuese contraria a los intereses de Lula, como de hecho ocurrió.

Lula sin torcida

Las protestas en Brasil se han tornado comunes y masivas. La mayoría, eso sí, comparten el rechazo a la figura presidencial que toque: ya sea en su minuto a los mandatarios Dilma Rousseff (cesada de sus funciones en 2016) y Michel Temer (actual gobernante), o bien, como en la noche del martes 3, en contra de Lula.

Las protestas se tomaron las avenidas de las principales ciudades brasileñas en 20 de los 27 estados que componen la federación. Convocada por el movimiento civil Vem pra Rua (“Ven a la calle”), los manifestantes portaban pancartas con una solicitud clara al Supremo Tribunal Federal (STF): que rechazara el recurso judicial de Lula para que así él fuese a la cárcel. La torcida, como se conoce a la fanaticada brasileña de fútbol, abandonó en las calles a Lula.

El exmandatario estuvo lejos de las avenidas. Sumergido junto con otros dirigentes (entre ellos Dilma Russeff) en una antigua sede sindical del movimiento de metalúrgicos, en Sao Paulo, sus partidarios allí reunidos vieron la votación de los magistrados en directo (transmitida además por Youtube). El tribunal falló en contra de la última esperanza del exgobernante.

La defensa de Lula había presentado un habeas corpus, recurso judicial que consiste en llevar a una persona ante la corte para evitar una detención arbitraria. El plan del expresidente era el siguiente: si le concedían el habeas corpus, podría apelar en libertad contra un fallo judicial de segunda instancia de un tribunal regional federal (el TFR-4, de Porto Alegre), que lo condena a 12 años y un mes de cárcel.

En una votación que empezó a las 14 horas del miércoles en Brasilia (misma hora que Chile) y que terminó pasada la medianoche ya el jueves 5, seis de 11 ministros de la corte rechazaron la solicitud de la defensa de Lula. Es decir, en los siguientes días el ex mandatario será encargado reo por orden del juez Sérgio Moro. Esto implica una interrupción posiblemente fatal de su campaña para participar en las elecciones presidenciales programadas para octubre de 2018.

El juez Moro se ha convertido en una celebridad en ese país tras encabezar, con éxito, las pesquisas que desenmarañaron la red de corrupción conocida como Lava Jato. Por ese caso, que lleva ya cuatro años de investigación, hay más de 100 personas condenadas. El juez Moro ha construido un expediente sólido y sus indagaciones han mascado especialmente al Partido de los Trabajadores (PT), el mismo de Dilma y de Lula. Por medio de evidencia documental, intercepciones telefónicas y sobre todo de delaciones compensadas, el magistrado demostró que la estatal petrolera Petrobras era utilizada como caja pagadora de sobornos entre grandes empresarios de la construcción, como Odebrecht y OAS, y políticos. Su período de investigación calzó además con los años de gobierno del PT tanto con Lula (2003-2010) como Dilma (2011-2016).

En julio de 2017, como parte de sus indagatorias por la Operación Lava Jato, Sérgio Moro declaró culpable a Lula de corrupción y lavado de dinero por haber recibido de la constructora OAS un departamento de lujo tríplex en la comuna costera de Guarujá, en el estado de Sao Paulo. El delito se configuró porque Lula habría aceptado ese obsequio a cambio de contratos multimillonarios entre OAS y la estatal Petrobras durante el gobierno de Lula.

Durante el extenso debate de los ministros del STF, la mayoría apuntó que las garantías constitucionales de los ciudadanos estaban a buen resguardo en este caso. De haber sido favorable a Lula, ese fallo pudo ser usado por otros condenados en la causa que dirige el juez Moro y hubiese espoloneado el edificio sobre el cual avanza en su tarea anticorrupción.

Más allá de otras medidas de última hora que la defensa de Lula pueda presentar, se prevé que el juez Moro esperará que otros recursos pendientes agoten sus plazos legales para ordenar la captura de Lula da Silva. Eso tardaría varios días. El expresidente, en todo caso, tiene otras causas pendientes relativas a otras acusaciones por corrupción.

El que le sigue

Pese a lo que esta derrota judicial parece, Lula aún puede ser candidato presidencial. Puede serlo incluso si está preso mientras desde allí apele en contra del fallo de segunda instancia.

La Ley de Ficha Limpia en Brasil en teoría impide a condenados por instancias como el TFR-4 ser candidatos a elección popular. Sin embargo, para que esa ley se aplique, primero Lula debe registrar su postulación ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Esa corte será prontamente presidida por Rosa Weber, actual integrante del STF y cuyo voto en contra del habeas corpus de Lula fue dirimente en su derrota. Pero incluso si el TSE desecha la postulación del expresidente en virtud de la Ley de Ficha Limpia, Lula podría recurrir al mismo STF donde perdió el jueves de madrugada.

Toda esta circulación de recursos busca hacerle ganar tiempo a la campaña presidencial, dado que Lula podría estar en carrera hasta el 17 de septiembre. Ese día, sin embargo, se vence el plazo para que el Partido de los Trabajadores cambie de candidato si el exgobernante sigue en la cárcel. Hay dos nombres en esa lista: Fernando Haddad, ex alcalde de Sao Paulo, y Jaques Wagner, exgobernador del estado de Bahía.

Aunque no salieron a las calles, los partidarios de Lula son los suficientes como para hacer que aparezca primero en las encuestas de anticipación de voto. Hay estudios que colocan a Lula en un cómodo 37% de preferencias, muy por arriba de sus contrincantes más próximos. Pero un reciente agregador de sondeos de opinión desnuda que el respaldo a Lula llega a un crudo 18,5%. El segundo (10,5%) es el diputado Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal, excapitán del Ejército y de extrema derecha, conocido por sus polémicas declaraciones de respaldo a la dictadura militar brasileña y el uso de torturas.

Más atrás en la lista de popularidad aparecen Geraldo Alckim (del PSDB, partido del expresidente Fernando Henrique Cardoso), Ciro Gomes y la ecologista Marina Silva, todo ellos con entre 3 y 4% de los votos. El actual Presidente Michel Temer ha jugado al misterio sobre su eventual postulación, aunque su popularidad es decimal. Sin embargo, el mayor respaldo en las encuestas se lo lleva la opción “No sabe/No responde”. La incertidumbre en esos sondeos era, hasta ahora, la principal contendora de todos los políticos que buscan sentarse bajo el dosel de Planalto.

Eso hasta que los militares hablaron.

La advertencia del general

A través de un tuit, el comandante en jefe del Ejército de Brasil, general Eduardo Villas-Boas, dijo durante el martes, en la víspera de los debates del STF, lo siguiente: “Aseguro que el Ejército brasileño juzga compartir el anhelo de todos los ciudadanos de bien de repudio a la impunidad y de respeto a la Constitución, del mismo modo que se mantiene atento a sus misiones institucionales”. Esa frase no le resultó suficiente, pues agregó otro mensaje en que demandaba a las instituciones a pensar en las futuras generaciones del país. El objetivo fue evidente: presionar al tribunal para que rechazara el habeas corpus de Lula.

El tuit fue leído en horario prime en el principal noticiario de la cadena televisiva O Globo, “Jornal Nacional”, por el conocido presentador William Bonner.

“Vivimos días de asombro en Brasil”, comenta sobre esta materia Wagner de Melo Romão, académico del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Campinas. La presión política, mediática y ahora militar sobre el STF ha sido enorme, agrega a PAUTA.cl.

“Hay una percepción muy negativa de la política y de los políticos, que es fuertemente moralista y es sensible a la agenda del combate a la corrupción”, complementa a este medio Eduardo Munhoz Svartman, politólogo de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Esa visión se ha difundido bastante en la clase media instruida brasileña, sector de donde son reclutados los oficiales, delegados, promotores y jueces, y para la cual las principales empresas de comunicaciones dirigen sus productos periodísticos”, analiza.

Otros tres generales ya retirados apoyaron abiertamente al jefe del Ejército. Un cuarto alto oficial, tampoco activo, incluso amenazó con que el deber de las Fuerzas Armadas es restaurar el orden. El Ministerio de Defensa intentó relativizar esos dichos, aunque su titular, Joaquim Silva e Luna, es él mismo un general que el gobierno de Temer convocó a su gabinete en febrero de este año.

En cambio, el comandante de la Fuerza Aérea, teniente brigadier del aire Nivaldo Luiz Rossato, confrontó con menos tibieza a los oficiales del Ejército por medio de un comunicado público: “Es muy importante que todos nosotros, militares activos o en reserva, integrantes de las Fuerzas Armadas, sigamos fielmente la Constitución, sin apasionarse al punto de poner nuestras convicciones personales por encima de aquellas de las instituciones”.

El peligro marcial

La participación de los militares no es nueva, pero las declaraciones del general Villas-Boas (en su cargo desde 2015) y la respuesta que recibió del comandante de la Fuerza Aérea atizaron el ambiente. “No había habido, tras el fin del régimen militar, ninguna intervención en la política brasileña a este nivel”, dice Romão.

Para el proceso de destitución de Dilma Rousseff en 2016 los militares no intervinieron. “Desde entonces la situación cambió bastante”, comenta Svartman a este medio. Recuerda que el propio Temer hizo una alianza con el Ejército al nombrar a generales en el gabinete (en Seguridad Institucional y en Defensa). “Eso, una baja legitimidad del gobierno y una crisis general del campo político brasileño parecen haber abierto la puerta a los ‘pronunciamientos’ militares nuevamente”, alerta. El que dichos como los del general Villas-Boas ni siquiera tengan una sanción “reflejan la gravedad de la crisis política brasileña y el déficit del proceso de transición democrática del país”, se lamenta.

Lo que está detrás de esta maniobra militar sería, según Svartman, un Ejército no sólo anti-PT, sino aún arraigado a la cultura de la era dictatorial. La dictadura militar gobernó Brasil entre 1964 y 1985.