“Está bueno ya de que se utilice al Ministerio Público como chivo expiatorio”

El fiscal Manuel Guerra sostuvo que ni las policías, ni el Parlamento ni el Gobierno han cumplido su labor correctamente y que por ello se culpa a instituciones como la Fiscalía.

A 47 días del inicio del estallido social en Chile, son más de 20 mil las personas formalizadas por el Ministerio Público por distintos delitos. De ellos, los ataques contra la propiedad más mediáticos han sido los saqueos —que registran la mayor cantidad de formalizados desde el 18 de octubre— y los incendios a las estaciones de Metro.

En conversación con Primera Pauta, el fiscal jefe metropolitano oriente, Manuel Guerra, aseguró que si bien hay avances en la investigación, “sería irresponsable afirmar, hoy día, que actuaron grupos organizados. Es una de las hipótesis que manejamos porque hay ciertos elementos comunes”.

Sobre los robos a lugares no habitados —tipificación de los saqueos—, el persecutor destacó que aunque hay un grupo de delincuentes habituales que llevan la delantera, la mayoría de los formalizados o de los automóviles incautados son de personas sin antecedentes penales, lo que catalogó como una situación especial. “Estamos hablando de gente que por primera vez enfrenta el sistema de justicia penal”, agregó.

El uso de la Fiscalía como “chivo expiatorio”

Pese a la cantidad de formalizados, no han sido pocas las críticas contra el actuar del Ministerio Público en el estallido social. La última, debido a la decisión de otorgar una salida alternativa a 26 imputados por saqueo a un supermercado en la comuna de Conchalí el 21 de octubre, día en que estaba vigente el estado de excepción.

De hecho, la diputada María José Hoffmann (UDI) acusó falta de presencia de los fiscales en terreno y pidió una a sesión especial para discutir el rol del organismo. También en conversación con PAUTA, la ministra Secretaria General de Gobierno, Karla Rubilar, señaló que se necesita una especie de cuenta pública de parte de la Fiscalía.

“No tenemos toda la información para saber qué nivel de trabajo está haciendo el Ministerio Público por lo cual la sesión especial de la diputada Hoffmann podría ser un aporte interesante”, indicó.

El fiscal Guerra respondió a las críticas diciendo que todos los fiscales se encuentran trabajando intensamente y que han reforzado los turnos de emergencia. Además, aseguró que cuando hay problemas en materia de seguridad pública, se acostumbra a centrar el ataque en instituciones que actúan con posteridad de los actos, como el Ministerio Público y el Poder Judicial.

“Trabajamos sobre la base de los insumos que nos entrega la policía. Tenemos muchos casos en que la prueba es mínima”, sostuvo. “Aquí no hay tema de favorecer a la delincuencia […] nosotros no podemos acusar gente si después van a ser absueltos por la Justicia por falta de pruebas”.

También criticó el rol del Ministerio del Interior, en ese momento liderado por Andrés Chadwick: “Se hacen muchas gárgaras con la Ley de Seguridad del Estado. Los principales hechos, los más graves, los tuvimos del 18 al 21 [de octubre]. Yo le puedo decir certeramente que en la Fiscalía Oriente no tuvimos ningún abogado del Ministerio del Interior presente en una audiencia de control de detención, que era el momento de hacer valer la ley”.

“El Presidente lo anunció el 18 [de octubre] en la noche al decretar el estado de emergencia, dijo ‘vamos a presentar querellas por Ley de Seguridad del Estado’. Al día siguiente hubo muchos controles de detención y si alguien brilló por su ausencia fueron los abogados del Ministerio del Interior. Me parece impresentable que se pretenda sindicar al Ministerio Público como responsable de la baja intensidad de medidas cautelares”, añadió Guerra. “Está bueno ya de que se utilice al Ministerio Público como chivo expiatorio cuando a un gobierno le va mal en materia de seguridad”.

Sobre el rol del Parlamento, el persectuor puntualizó que están actuando sobre una ley que no crearon y que recién ahora se está armando una agenda de seguridad para ciertas conductas. Además, afirmó que la elevación de penas “es el deporte preferido del Poder Legislativo”, pero que esa no ha sido solución y las penas siguen bajas.

“La gente que legisla en el Parlamento no somos nosotros, y ellos están reaccionando ahora, ahora se dieron cuenta de que el robo en lugar no habitado tenía otra pena, ahora se dieron cuenta de que el tema de los encapuchados y las barricadas eran relevantes”, dijo.

Escuche la entrevista al fiscal Manuel Guerra en Primera Pauta: