La industria pesquera se bate ante la nueva ola legislativa

“Un acuerdo entre cuatro paredes”, acusan los pesqueros sobre el proyecto que pretende modificar la ley de pesca y que se votará el lunes. El gerente general de Pesquera Landes, Andrés Fosk, critica la forma de llevar el proceso y profundiza en la situación y desafíos de la industria pesquera.

El presidente de la Comisión de Pesca del Senado, Rabindranath Quinteros (PS), anunció que, tras un acuerdo con el Gobierno, este lunes se votará la propuesta de reforma al sector que envió el Ejecutivo y que busca hacerse cargo de los múltiples cuestionamientos que ha generado la ley, promulgada en la primera administración de Sebastián Piñera. 

Ante este anuncio la industria, agrupada en la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) y la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), se quejó de no haber sido escuchada. 

Según Sonapesca, no se generó ningún espacio de debate y la ley se votará sin haberse escuchado los planteamientos de la industria. Señalan que la reforma fue definida “entre cuatro paredes” y añaden que analizarán diversos caminos para impedir que esto finalmente se materialice. El gerente general de Sonapesca, Héctor Bacigalupo, afirmó que “nunca había pasado que se tramitara un proyecto así, sin escuchar a nadie […] Estamos bastante desinformados, nadie tiene los textos de lo que se está legislando”, dijo. 

Según Asipes, en tanto, ya habían alertado sobre la exclusión de la mirada de la industria en este debate, al negarse reiteradamente audiencias solicitadas con miembros del Congreso y autoridades del Gobierno. “Más allá de las legítimas diferencias en torno a cuál debe ser la más adecuada legislación de pesca que tengamos como país, es inconcebible que se censure a los actores, técnicos y académicos que mejor conocen esta actividad, impidiéndoles siquiera ser escuchados de manera previa y renunciando así a la posibilidad de que se enriquezca el debate con miradas y aportes diferentes”, dijo la presidenta de Asipes, Macarena Cepeda. 

En PAUTA Bloomberg el gerente general de Pesquera Landes, Andrés Fosk, profundiza sobre los reparos de la industria pesquera a la forma en que se está conduciendo la tramitación del proyecto de ley, y explica los principales problemas que tiene hoy la industria, entre los que destaca la pesca ilegal.

La actual ley de pesca

Andrés Fosk desmiente que la anterior ley se haya hecho a medida de las empresas pesqueras. “En el primer gobierno del Presidente [Sebastián] Piñera se le encargó a su ministro de Economía de entonces, Pablo Longueira, que llamara a una gran mesa nacional […] y lograron poner de acuerdo a todas las partes que participan en una industria”, cuenta sobre la tramitación de la llamada “Ley Longueira”, denominación que no le gusta porque “ridiculiza la ley”.

Fosk continúa con su relato de cómo se tramitó dicha ley. “El resultado de esa mesa de trabajo […] fue que la industria entregó al mundo artesanal una parte de las cuotas sobre las cuales operaban, las cuales corresponden a alrededor del 15% de todas las sardinas y anchovetas que se pescan en el centro y sur de Chile, contra el compromiso del gobierno de turno de que no iba a haber licitación de cuotas. Estas actas fueron donde el Presidente [Sebastián] Piñera, que desconoció todos estos acuerdos, introdujo de todas maneras un 15% de licitación al cumplirse ciertas condiciones que están relacionadas a parámetros biológicos”, explica.

“Ese fue el primer desconocimiento que se hizo a un acuerdo que habían logrado con todas las partes. Se dieron vuelta la chaqueta e hicieron lo que en realidad quisieron”, argumenta. “De ahí en adelante lo que hicimos las empresas fue entregar nuestros permisos, que eran permisos indefinidos, otorgados con más de tres décadas de antigüedad, y fuimos y los entregamos voluntariamente y los cambiamos de permisos de pesca que no vencían por licencias transables de pesca, que es la figura que se creó en el año 2012”, complementa Fosk.

La actual “es una ley que fue validada por entidades internacionales, se hizo una consulta a la FAO, que depende de la ONU, quienes concluyeron que es una muy buena ley al compararla con el resto de las leyes y normativas pesqueras que existen a nivel mundial, básicamente porque es una ley que establece la operación y toda la administración pesquera en criterios científicos”, explica el gerente general de Landes. “Hay un montón de cosas que deben ser revisadas y cambiadas en la ley, así lo ha dicho Asipes, así lo ha dicho Sonapesca y todos quienes participamos, porque efectivamente hay cosas que hay que mejorar y debemos de una vez por todas dejar atrás esta crisis de legitimidad. No podemos seguir planteándonos una industria, que da 36.000 empleos en Chile, con una norma que vamos a estar revisando cada tres años”, enfatiza.

Las licitaciones

Para explicar por qué se busca modificar la ley, Fosk se remonta a la última campaña presidencial. “Entre la primera y la segunda vuelta de la última elección presidencial, y salió en todos los medios, habría habido una negociación entre el senador [Manuel José] Ossandón, que es quien quiere eliminar la ley de pesca sin tener ningún conocimiento sobre el tema, y el Presidente [Sebastián] Piñera, de manera que traspasaría sus votos […] una de las condiciones que ponía era que tenía que eliminar la ley de pesca o terminar esta situación y licitar el 100%”, cuenta.

El gerente general de Landes califica esto de expropiatorio. “Para cumplir con este compromiso preelectoral, introducen esta ley corta, en la cual se incluye una licitación del 100% de los derechos una vez que vencen, al término del año 20. O sea, es una licitación que ocurriría en más o menos 16 años más. Eso es lisa y llanamente expropiatorio, van a ir a licitar derechos que vienen del año 50, del año 60, no tiene ninguna lógica y no tiene ningún antecedente similar en ninguna otra actividad de nuestra economía”, afirma Fosk.

El ejecutivo pesquero comenta que esto podría tener impacto en otras industrias. “El día de mañana se les va a ocurrir sobre cualquier otro derecho que existe, que fue otorgado legítimamente, sobre el cual se ha pagado”, dice. “Esto va a terminar siendo una lucha por la expropiación […] Si yo voy a tener que ir a pagar en una licitación de todas maneras va a ser una expropiación, porque voy a tener que ir a recomprar algo que ya tengo. Esto va a terminar judicializado lo más probable”, advierte.

“Todo lo que se está discutiendo en el Congreso no tiene nada que ver con los problemas reales pesqueros. Aquí hay una discusión entre políticos y tiene que ver con el caso del norte, de las platas políticas, tiene que ver con el sentimiento de los políticos que estuvieron involucrados y que votaron a favor de la ley. No olvidemos que los políticos que están sentados en Valparaíso son gente que aprobó esta norma”, opina Fosk.

“La licitación como sistema de otorgamiento de derechos es un muy buen sistema cuando se van a otorgar derechos nuevos […] Pero no es lo mismo a que yo vaya y mañana [diga] ‘sabes que voy a licitar el agua de la sexta región’, cuando hay agricultores que vienen trabajando en la sexta región y que tendrían que ir a recomprar los derechos para poder seguir haciendo su actividad económica”, compara. “No estoy en desacuerdo con el tema de las licitaciones. De hecho me parece un sistema transparente, justo y que maximiza el valor de manera social, pero eso siempre y cuando estemos hablando de derechos que sean nuevos” completa Andrés Fosk.

Pesca artesanal y pesca ilegal

“El mundo artesanal es un mundo que creció explosivamente en los últimos 25 años. Solamente en el caso de las sardinas en el centro sur se pasó de 250 a 750 permisos entre el año 91 y el año 2015. En esa situación, cuando la cuota baja a la mitad debido a que solamente rigen criterios científicos para fijarla, es completamente imposible que la gente que trabaja en eso tenga un vivir”, dice Fosk. “Creo que el Gobierno y el Congreso debieran buscar mecanismos de manera tal que el mercado, dentro de los artesanales, pudieran ver la forma de hacer viable su operación. Cuando esto te pasa en el mundo industrial, pasan las fusiones, las adquisiciones. Bueno, los artesanales a lo mejor deberían poder juntar sus permisos y no operar cuatro lanchas, y operar una entre ellos, y ganarían mucha más plata, por ejemplo”.

El ejecutivo aclara el concepto de pesca artesanal. “Todos tenemos en la cabeza cuando hablamos de artesanal al caballero que nos vendía la corvina en la playa donde hayamos ido, a El Tabo, Algarrobo, Concón, Cachagua, donde sea, cuando éramos chicos, que era un caballero que tenía un bote a remos y que salía a pescar en la noche y nos vendía los pescados en la mañana, y que lo hace de una manera de subsistencia personal”, dice. “Ese no es el artesanal del que estamos hablando. Hoy día existen artesanales que manejan embarcaciones que valen entre 300 y 500 millones de pesos, y que tienen facturaciones al año también de esos órdenes. Que han logrado desarrollar su actividad gracias al apoyo de la industria pesquera”, explica.

La pesquería más afectada por la pesca ilegal es la merluza, dice Fosk, y cita estudios de la Universidad de Concepción y WWF que estiman que, además de las más de 20.000 toneladas que existen de cuota, hay un adicional de entre 30.000 y 50.000 toneladas anuales de pesca ilegal. “Pesca que es desembarcada de noche o de madrugada, que viaja desde ahí, en general esto se pesca entre la sexta y la séptima región […] son cientos o miles de camiones que pasan por las carreteras de Chile y que evaden pagar los impuestos, que no tienen reglas sanitarias y que son vendidas sin control”, afirma Fosk. “Esa pesca ilegal es la que ha logrado destruir [la especie] en el caso de la merluza. Pero es mucho más fácil echarle la culpa a una empresa que tiene domicilio conocido y decir que somos nosotros los que hacemos la pesca ilegal”, reclama.

El rol de Sernapesca

Fosk cuenta que en paralelo al proyecto que modifica la ley de pesca se está tramitando una iniciativa legal para fortalecer a Sernapesca. Fosk afirma que dotarla de mayores herramientas de fiscalización es absolutamente necesario. “Es una institución que cuenta con un montón de recursos y personas que van a las caletas y tratan de fiscalizar, pero la verdad es que una vez que fiscalizan, no tienen ninguna medida real para poder sancionar. Un gallo que llega con 20 toneladas de merluza ilegal o de otra pesca ilegal, le van a pasar un parte tan ridículo que es negocio llegar, pagar y seguir distribuyendo”, dice Fosk.

“Lo peor de todo es que durante la tramitación de esta ley para el fortalecimiento de Sernapesca, hemos visto a senadores de la sexta y séptima región peleando para que los pescadores artesanales que son pillados en estas circunstancias no tengan penas, que no pueda ser considerado delito. Entonces a mí me parece vergonzoso, hay verdaderas mafias trabajando en esa zona, donde tiene que estar metida una cantidad de gente que no quiero ni pensar”, relata Fosk.

Pesca de arrastre

“La pesca de arrastre es una pesca a través de la cual se pesca más del 90% de las especies de consumo humano en el mundo. La regulación del arrastre no pasa por la eliminación, pasa por ver primero, dónde se va a arrastrar, si es que efectivamente existen ecosistemas vulnerables donde yo voy a permitir que se haga. En Chile, sobre todos los ecosistemas vulnerables está completamente prohibido arrastrar”, afirma Fosk.

“La eliminación total [de la pesca de arrastre] termina haciendo inviable la captura de ciertas especies que son importantes para el consumo humano”, señala Fosk, y aclara que no están en contra de reglamentar este tipo de pesca. “Nosotros estamos por una regulación del tipo de arrastre y las zonas donde se va a arrastrar”, dice.

El ejecutivo destaca también la evolución tecnológica de este método de pesca. “Las redes de arrastre son redes que han evolucionado durante las últimas décadas y que hoy día no tienen nada que ver con la ridiculización que vemos”, dice. “El otro día escuchaba en la sala del Senado a una senadora decir ‘en Nueva Zelanda es delito arrastrar’, cosa que es completamente falsa. En Nueva Zelanda solamente se pesca con arrastre, lo que pasa es que, al igual que en Chile, hacerlo en ecosistemas vulnerables es delito”, comenta.

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