Economía

Guía rápida para entender la Reforma Previsional de Piñera

Se aumenta la cotización en 4,2 puntos porcentuales con cargo al empleador y se crean tres nuevos beneficios.

Por Eduardo Olivares C.

Lunes 29 de octubre de 2018

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Son cuatro las grandes líneas que cruzan la propuesta del Presidente Sebastián Piñera en su propuesta de Reforma Previsional. A continuación se refleja una guía concisa para entender la médula de los anuncios, con detalles relevantes como los nuevos aportes adicionales y las claves de la competencia que se pretende establecer entre las AFP y además los actores que podrán administrar el 4% de cotización adicional. 

El costo total de la reforma propuesta alcanza los US$ 3.500 millones anuales en régimen, según indicó el Mandatario. Hacienda habló que los recursos saldrían de "espacios que tenemos en el Presupuesto público en el tiempo para poder acomodar este aporte", expresó el ministro de esa cartera, Felipe Larraín, en CNN. El costo implicará un aumento desde del gasto público en pensiones desde el 0,8% al 1,12% del PIB cuando esté en régimen.

Dos apuntes políticos

Desde el punto de vista político, uno de los mensajes centrales del Gobierno apunta a que esta propuesta también es solidaria, "porque permite que el sistema de pensiones se refuerce con aportes del Estado, mediante la recaudación de impuestos. Como los que ganan más, tributan más, entonces la fórmula de financiamiento es realmente solidaria", describe el Ejecutivo. La disputa por el concepto de solidaridad con los sectores de izquierda será un material de permanente repetición en la discusión parlamentaria.

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Anticipó que el debate se centrará en aumento de cotización obligatoria y administración de los recursos adicionales

El otro punto político aborda la decisión de mantener a las AFP administrando el 10% de cotización de los trabajadores. Se trata, en cualquier caso, de la misma postura que tomó la expresidenta Michelle Bachelet en su propuesta de 2017, por lo cual los sectores de la ex Nueva Mayoría que apoyaron a la exmandataria en esa materia tienen escaso margen de crítica. "No, si aquí la gente buscaba que se prohibiera la participación de las AFP, no, eso no es así. No es así", afirmó el ministro de Hacienda en CNN sobre la administración del 10%. Agregó: "Son las personas las que determinarán qué institución... tenemos que respetar la libertad de las personas que están pensando en su jubilación. Son ellos los que tienen que decidir, no nosotros el Estado".

El proyecto de ley debería ingresar al Congreso durante la semana del 5 de noviembre.

La nueva cotización de los empleadores

Actualmente, las personas con contrato deben destinar el 10% de su sueldo bruto al financiamiento de su futura pensión. En el esquema chileno, ese monto completo lo financia el propio empleado, mientras que en la mayoría de los países de la OCDE es el empleador el que más dinero otorga. En Chile, en todo caso, el empleador sí financia un componente poco conocido, que hoy llega al 1,53% para hombres y 1,11% para mujeres, llamado Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS). Se activa como pensión en caso de que una persona no pueda seguir trabajando por motivos de salud (invalidez) o bien si fallece (sobrevivencia).

Aumento del 4%: a partir de la propuesta del Gobierno, los empleadores deberán aumentar su aporte a las cuentas de los trabajadores. Así, la cotización previsional subirá desde el 10% al 14%. La diferencia de cuatro puntos será enterada por el empleador en un plazo de unos ocho años. Por pura aplicación aritmética, el nuevo guarismo permitirá en el futuro un aumento de 40% en la pensión a quienes hayan cotizado toda su vida laboral.

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Aunque financian beneficios para los trabajadores, podrían disminuir la contratación, crear mayor informalidad y restringir el alza de los salarios.

Seguro de dependencia: el empleador también deberá asumir otro cargo, denominado seguro de dependencia, y que se estima en 0,2% del sueldo bruto de cada trabajador. Así como el SIS apunta a cubrir la pensión de un trabajador inválido, o a su familia en caso de muerte, este nuevo seguro de dependencia busca financiar al trabajador cuando, ya anciano, requiere cuidados especiales. El objetivo es "financiar una pensión adicional y creciente con la edad para aquellos adultos mayores que, por sufrir una dependencia severa, física o mental, no sean autovalentes y requieran un apoyo y una ayuda especial", dijo el Presidente. Tendrá también un componente no contributivo, es decir, financiado por el Estado, para el 60% más pobre de la población, que se traducirá en tres cheques diferenciados de $80 mil (primeros cuatro deciles de ingreso), $70 mil (quinto decil) y $60 mil (sexto decil).

Independientes: el Gobierno estructurá su propuesta en dos proyectos de ley. Una vez que sean tramitados, aseguró, "se evaluará la obligatoriedad de la cotización del 4% por parte de los independientes y cuál será su gradualidad".

La competencia privada y estatal

El 4% adicional de la cotización obligatoria será sometido a nuevas reglas de competencia. Tal como se ha anunciado desde hace meses, se permitirá el ingreso a este nicho a nuevos actores. "Podrán ser con o sin retiro de utilidades, y también podrán ser formadas por filiales de cajas de compensación, cooperativas de ahorro y crédito, administradoras generales de fondos (AGF), AFP, compañías de seguros de vida, etc., las cuales podrán administrar este mayor ahorro previsional, sujeto a las reglas de operación e inversión que establecerá la Superintendencia de Pensiones", expresó el Presidente en la cadena nacional de este domingo. Eso implica que habrá gestoras que se creen como sociedades anónimas especiales que no distribuyan utilidades.

Hay que distinguir dos tipos de actores en esa declaración. Por un lado, están las agencias sin fines de lucro, como las cajas de compensación (cuya fortaleza financiera es monitoreada actualmente por la Superintendencia de Seguridad Social) y las cooperativas (fiscalizadas por el Ministerio de Economía). Por otro lado, están los actores privados con fines de lucro, como las AGF, AFP y aseguradoras de vida, que en la práctica ya están en el negocio de pensiones pues pueden administrar el Ahorro Previsional Voluntario (APV). 

Hay varias innovaciones anunciadas por el Presidente y mencionadas por el ministro Monckeberg.

Administración exclusiva del 4%: solo el 4% de la cotización obligatoria adicional podrá ser administrado por esos actores (incluyendo las AFP), no el 10% que hasta ahora gestionan las AFP.

Entidad estatal: el Gobierno descartó la creación de una AFP estatal, pero sí planteó que una entidad financiera estatal podrá crear una filial para administrar el 4%. Así podría hacerlo, por ejemplo, la AGF del BancoEstado: "La Administradora General de Fondos filial del Banco Estado podría formar una filial con este objeto. Para ello deberá cumplir con el mismo capital de UF 20 mil ($ 540 millones) que se exige", expresa el Gobierno. De hecho, el BancoEstado ya administra APV.

Diferencia de riesgos: mientras el 10% de cotización mantendrá, en lo central, la misma batería de regulaciones de administración de los activos, el 4% podría tener características de inversión más flexibles: "Los trabajadores podrán diseñar planes colectivos de inversión 'a medida' que no estarán sometidos a los mismos límites de inversión que las AFP", dice el Gobierno. Su comisión tendrá otra diferencia: al igual que con el APV, la comisión será un porcentaje de los fondos administrados y no un costo fijo como ocurre con la administración del 10% de las AFP. Los nuevos actores administradores sí comparten con las AFP el que deberán ser sociedades de giro exclusivo; es decir, si una caja de compensación, por ejemplo, desea entrar al negocio, deberá crear una sociedad anónima especial.

Planes complementarios de pensiones tipo APVC: el 4% podrá ser gestionado de una manera distinta también del otro 10%, dado que las personas podrán negociar condiciones especiales con una gestora de sus fondos previsionales. Para ello, podrían establecerse grupos de negociación al amparo, por ejemplo, de un sindicato. En cualquier caso, se recoge aquí la propuesta de la reforma previsional de Bachelet respecto de la modernización del Ahorro Previsional Voluntario Colectivo (APVC). En aquella propuesta se flexibilizaban los requisitos para acceder a los planes de APVC, se planteaban condiciones tributarias más ventajosas y se establecían condiciones de permanencia, entre otras características.

Competencia entre AFP: el objetivo es disminuir las barreras de entrada de nuevas AFP al sistema, aunque el Gobierno no propondrá el ingreso de un actor estatal en la gestión del 10% de cotización obligatoria que aportan los empleados. Hay tres iniciativas centrales sobre esta materia. Primero, el encaje, que corresponde al 1% del total de cada fondo de pensiones acumulados por los trabajadores y cuyo monto las AFP deben replicar en cuotas en los mismos fondos, se reduciría a la mitad. Segundo, tal como venía en la propuesta de la administración de Michelle Bachelet, las licitaciones de nuevos afiliados permitirán a las AFP ofrecer cobros de administración diferenciadas, de modo tal, por ejemplo, de que una AFP pueda mantener un cobro determinado a sus antiguos afiliados y uno más barato solo a los nuevos. Esta novedad podría afectar las pretensiones de una nueva AFP que recientemente recibió un permiso provisorio para operar, llamada por ahora UNO AFP, liderada por Ignacio Álvarez. Y tercero, habría modificaciones legales y normativas para disminuir los costos de servicio de las AFP.

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La iniciativa no solo subirá cuatro puntos la tasa de cotización, sino que creará bonos y seguros para la tercera edad y permitiría retirar parte del ahorro si se posterga la jubilación.

Legitimación: dado que uno de los cuestionamientos mayores contras las AFP apuntan a su legitimidad ante la sociedad, la propuesta del Gobierno les permitirá distribuir parte de las utilidades entre los mismos afiliados. Sería algo voluntaria de cada AFP, que así podría diferenciarse de su competencia. Aunque no hay detalles sobre este aspecto, su antecedente más directo corresponde a la propuesta del gobierno anterior, que planteó que, ante rentabilidades negativas, las AFP debían devolver un porcentaje de las comisiones cobradas a los afiliados. El principal cuestionamiento a esa idea apuntó al desincentivo que tendrían las gestoras para arriesgarse a realizar inversiones con altos retornos, por el temor a una rentabilidad negativa. 

Nuevos aportes a la clase media

Se presentan tres categorías de los denominados Aportes Adicionales para las personas de la clase media que no son beneficiarios de las pensiones solidarias. En estos casos, lo percibirán aquellas personas cuya jubilación no supere, de acuerdo con esta propuesta, las UF 25, que hoy equivalen a $685 mil mensuales.

Aporte Adicional Mujeres: para obtenerlo, las mujeres deben haber cotizado al menos 16 años. El aporte alcanza los UF 0,22, es decir, unos $5.400 que se depositarían cada mes en la pensión. Por cada año adicional de cotización, crecerá el monto también.

Aporte Adicional Clase Media: corresponde a un aporte para todas las personas que hayan cotizado al menos 22 años (cuando comienza para los hombres), incluidas las mujeres. El monto suma UF 0,15 ($4.100 al valor actual) mensual en la pensión. Beneficiará tanto a los actuales como a los futuros pensionados. Cada año adicional de cotización recibe un dinero extra.

Aporte Adicional Esfuerzo: se trata de un bono para quienes posterguen su edad de jubilación. Aumenta en 50% el monto ya recibido por el Aporte Adicional Mujer y/o el Aporte Adicional Clase Media por cada año de postergación de la edad de jubilación.

De acuerdo con los cálculos del Gobierno, actualmente hay 498 mil personas que cumplen con los años de cotizaciones y los topes de pensión previstos. Los beneficios pueden ser acumulables para los pensionados, si se cumplen con los requisitos.

Pensiones solidarias

Existen dos tipos de pensiones solidarias creadas con la Reforma Previsional de 2008: la Pensión Básica Solidaria (PBS) y el Aporte Previsional Solidario (APS). El Presidente Sebastián Piñera anunció que el monto de ambas subirá en 10% apenas entre en vigencia la ley. A ese dinero extra se le llamará Aporte Adicional Vulnerabilidad.

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El cambio a las pensiones solidarias parte con un consejo de expertos

Este viernes 26 el Consejo Consultivo Previsional conocerá los cambios que propone el Gobierno para el pilar solidario. La instancia, que debe visar esos ajustes, funcionará sólo con tres miembros.

Aumento de la Pensión Básica Solidaria: la PBS cubre hoy a 585 mil personas. Pertenecen al 60% más vulnerable de la población y nunca cotizaron en el sistema. Su monto hoy llega a $107 mil, por lo que llegaría a casi $118 mil.

Aumento del Aporte Previsional Solidario: se trata de un complemento estatal para quienes, sí habiendo cotizado, no obtienen una pensión que se considera suficiente. También cubre al 60% más vulnerable de la población. El APS permite una pensión que, sumando la contribución personal y la estatal, siempre sea mayor a la PBS (precisamente como premio a quienes cotizaron). El monto promedio que entrega el Estado es de $70 mil por pensionado APS. Quienes reciban APS, tendrían, en promedio, un alza en torno al 15% inmediato (es mayor para quienes reciben menor pensión, y un porcentaje menor para quienes llegan al tope de la Pensión Máxima de Aporte Solidario, hoy en $317 mil), según aclaró el ministro Larraín.

Beneficios etarios: el Presidente Piñera precisó que habrá un alza adicional diferenciada por edades. Se irán traspasando en un período de entre cuatro y cinco años. Habrá cinco tramos etarios. El más alto, correspondiente a las personas de 85 años, recibirían un incremento en sus pensiones en 42% en la PBS, según reveló el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, en TVN. En el caso de las personas que reciben APS, desde los 85 años tendrían un alza superior a 70% en la APS.

En total, se trata de un costo fiscal en régimen de US$ 1.000 millones.

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