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Política

Informe interno de la DC: no se cumplen los requisitos constitucionales para acusar a los supremos

El documento que está en manos de la directiva detalla que para invocar el abandono de deberes se requiere de un “patrón reiterado y deliberado”.

Agencia Uno

Por Juan Manuel Ojeda

Martes 7 de agosto de 2018

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La única bancada de la ex Nueva Mayoría que no se quiso sumar de inmediato a la acusación constitucional contra los ministros de la Corte Suprema anunciada este martes 7 de julio por los diputados socialistas fue la Democracia Cristiana.

A pesar de que la semana pasada varios diputados democratacristianos ya se habían manifestado en contra de los cinco fallos de los supremos Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Jorge Dahm y Manuel Antonio Valderrama, el partido no quiso plegarse a la acción de sus pares del PS.

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Los magistrados que votaron a favor de otorgar la libertad condicional a cinco internos de Punta Peuco condenados por crímenes de lesa humanidad deberán enfrentar ahora un eventual juicio ante el Congreso.

Una de las razones que podría explicar la ausencia del respaldo de la DC es un informe constitucional que está en manos de la directiva del partido que preside Fuad Chahín.

El documento, obtenido por PAUTA.cl, fue redactado por la comisión constitucional de la colectividad que coordina Claudio Troncoso y que está compuesta por Genaro Arriagada, Laura Albornoz, Patricio Zapata, Mario Fernández, Francisco Cumplido, Jorge Correa Sutil, Edgardo Riveros, Patricio Walker, Jorge Burgos, Aldo Cornejo, entre otros.

El documento parte rechazando los fallos de la Suprema asegurando que en ellos “se interpreta en forma errónea la propia ley sobre libertad condicional, al no considerar los elementos del Comité Técnico para dar acreditado que las personas se encontraban resocializadas, dado que ellos no demostraron conciencia de sus crímenes, ni colaboraron a esclarecer los hechos”.

Sin embargo, en los puntos 3 y 4 del informe, la comisión expresa sus dudas sobre si existen las condiciones para impulsar una acusación constitucional en los términos en los que fue anunciada este martes por los diputados socialistas. “En principio, no parecen reunirse, por ahora, los requisitos constitucionales para que sea procedente una acusación constitucional contra los Magistrados de la Corte Suprema, por la dictación de fallos que incurren en una interpretación errónea de la legislación aplicable”.

Luego se añade: “En efecto, las causales de acusación constitucional en estos casos requieren que exista un abandono de deberes y que además éste sea notable, o sea, que a través de un uso frívolo del ejercicio jurisdiccional se demuestre un patrón reiterado y deliberado de desatención de sus deberes constitucionales”.

“No se descarta nada”

Consultado sobre si este informe es una de las razones por las cuales la DC no se sumaría a la acusación constitucional, el presidente de la DC, Fuad Chahín, aseguró a PAUTA.cl que “nosotros como partido no descartamos ninguna medida para evitar que sigan saliendo de las cárceles condenados por crímenes de lesa humanidad”.

El exdiputado además explicó que esto es algo que debe evaluarse tomando en cuenta las dimensiones jurídicas y políticas. “A la luz del informe se tendrá que ver el historial del comportamiento de los jueces para determinar si el desconocimiento de los tratados internacionales podría dar pie para que se configure la causal”.

Por eso, la bancada DC esperará el texto de la acusación para tomar su decisión.

La bancada de diputados DC aún no se suma a la acusación constitucional anunciada por los diputados socialistas. Crédito: Agencia Uno

Además, Chahín confirmó que es necesario considerar otras medidas, como la “presentación de una ley interpretativa que aclare plenamente la aplicabilidad del Estatuto de Roma”.

Esto va en la misma línea de lo propuesto por el informe de la comisión. En el punto 5 se sugiere elaborar “un proyecto de ley interpretativa a la ley de libertad condicional con el objeto de entender que en esta clase de delitos resulta necesario que se reúnan los requisitos del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para obtener dicha libertad, y la otra solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pida a la Corte Interamericana un pronunciamiento (por la vía de la Opinión Consultiva) sobre la materia”.

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