Los casos que redibujaron la política chilena

Nuevas reglas del juego, rediseño del tablero político y la caída de figuras emblemáticas son algunas de las transformaciones que vivió la política nacional.

Horas decisivas han vivido durante los últimos días las tres causas legales que sacudieron en años recientes el escenario político nacional. Se trata de los casos Penta, SQM y Caval. En relación con los dos primeros, a partir de 2014 diversas investigaciones judiciales revelaron una serie de prácticas de financiamiento irregular de actividades de campaña que afectaron a varias autoridades chilenas del más amplio espectro político. Caval, en tanto, a comienzos de 2015 puso en primer plano el supuesto tráfico de influencias utilizado por Natalia Compagnon, nuera de la entonces Presidenta Michelle Bachelet, para beneficio de negocios personales. Si bien esas acusaciones fueron finalmente desacreditadas por la Justicia, el golpe a la exmandataria y su coalición de gobierno fueron devastadoras en términos de apoyo ciudadano.  

A comienzos de esta semana, se conocieron las sentencias definitivas para Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, ambos controladores de empresas Penta, condenados por delitos tributarios, y para el exsubsecretario de Minería Pablo Wagner, quien fue penado por enriquecimiento ilícito.

El lunes, el fiscal Pablo Gómez presentó la acusación por la investigación judicial que reveló cómo SQM financió campañas a personeros de todo el panorama político. En su presentación, el persecutor público solicitó ocho años para el exgerente de la minera Patricio Contesse y pena efectiva por soborno y delitos tributarios contra el exsenador y exministro Pablo Longueira. Además, formalizó la decisión de ir a juicio oral contra el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, el exsenador Fulvio Rossi y el actual senador DC Jorge Pizarro.

En la misma línea, este miércoles 11 de julio el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua informó su veredicto unánime relativo a la arista madre del Caso Caval (terrenos en Machalí). En éste, descartó el delito de soborno y cohecho en contra de Mauricio Valero y la empresa Caval. Sin embargo, condenó por delitos tributarios a Natalia Compagnon.

Pero más allá de las resoluciones de cada caso en particular, el hecho de que las tres causas hayan coincidido durante esta semana en las primeras páginas de la prensa nacional brinda una inmejorable oportunidad para poner de relieve el profundo impacto que tuvieron sus desarrollos en el quehacer político nacional. De hecho, varios políticos y analistas coinciden en que la evolución de estos tres casos en su conjunto redefinieron las reglas del juego político chileno.

Constatación de una dura realidad

Aunque con matices, en el mundo político existe coincidencia en que los casos Penta y SQM corroboraron una situación que, de alguna u otra manera, varios sabían que pasaba: el financiamiento de la política en Chile se daba en muchos casos de manera irregular.

“En la ciudadanía existía la percepción de que las donaciones a las campañas políticas no siempre se hacían de forma institucional, pero con el caso Penta y luego SQM esto quedó en evidencia. Si bien el primero se circunscribió a un grupo económico (Penta) que hacía aportes a un grupo político específico (principalmente la UDI), el destape del caso de la minera demostró que las prácticas eran sistémicas y afectaban a autoridades de todo el espectro”, explica Eugenio Guzmán, decano de la Escuela de Gobierno de la UDD. Y añade: “Es parecido a lo que hemos visto con el movimiento feminista o las acusaciones de abusos en contra de sacerdotes. En el fondo, la gente sospechaba lo que ocurría, pero con la explosión de las denuncias y juicios, los hechos han sido corroborados por la sociedad”.

Una opinión parecida tiene Osvaldo Andrade, quien se desempeñaba como presidente del Partido Socialista cuando se destaparon estos escándalos. “Se develó ante la ciudadanía algo que se sospechaba hace tiempo, pero de lo cual no había evidencia: que las donaciones reservadas a los candidatos no eran el mecanismo de mayor aporte a las campañas, sino que esto se hacía a través de boletas por servicios y estudios falsos. La develación de esta situación generó una crisis de confianza brutal, de un nivel que era imposible imaginar”, reflexiona.

María Jaraquemada, directora de incidencia del think tank Espacio Público, apunta que “es cierto que existían sospechas de que algo así podía ocurrir en temas de financiamiento a campañas políticas, no en vano se habían hecho propuestas legislativas para normar estos temas, las cuales lamentablemente no contaron con piso político. Sin embargo, era muy difícil imaginar la verdadera y profunda dimensión del problema que afectaba a nuestra institucionalidad política. Fue impactante”. En esa línea, agrega que el Caso Caval sumó un ingrediente extra a esta ya dura realidad: “Elementos como el supuesto tráfico de influencias y el cohecho empeoraron aún más el escenario”.

Pablo Velozo, ex secretario general del PS y actual director del Instituto Chile 21, va más allá. Estos casos, según él, redibujaron el escenario político, cambiaron las reglas del juego y corroboraron definitivamente la crisis institucional y de los partidos políticos que vivía Chile hace ya un buen tiempo. “No creo que el sistema democrático esté en peligro, pero estas causas profundizaron la apatía política que vivía Chile hace ya varios años. La sensación de que son todos ladrones es muy fuerte”, afirma.

Nuevas reglas

Una de las consecuencias más evidentes tras el destape de estos escándalos fue lo que muchos han llamado como “cambio en las reglas del juego político”. En la práctica, este concepto se traduce en la aprobación por parte del Congreso de cerca de 12 nuevas leyes que reformularon, entre otras cosas, el modo de financiar la política, el funcionamiento y orgánica de los partidos políticos e introdujeron sanciones penales para la corrupción. “Hubo un cambio radical en la legislación en torno al financiamiento de la política. Ahora esa tarea recae principalmente en el Estado. Claramente este fue uno de los resultados más visibles tras la irrupción de estos casos”, afirma Velozo.

“La irrupción de los casos Penta, SQM y Caval fueron determinantes para que la Presidenta Bachelet creara el Consejo Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, conocido como la Comisión Engel”, comenta María Jaraquemada, quien participó en esta instancia. Para ella, las recomendaciones hechas por este consejo en algunos aspectos fueron antipopulares, como es el tema del financiamiento estatal para la política, pero necesarias. “Finalmente fue el Congreso el que aprobó las leyes, muchas de la cuales tardarán un poco en hacer cambios perceptibles para la gente, pero que son muy importantes, como el fomento a la participación femenina y la transparencia en la orgánica de los partidos”, concluye.

Ernesto Silva, exdiputado y expresidente de la UDI cuando se conocieron estos casos, tiene una visión distinta: “Al darse cuenta de la transversalidad del problema y la presión de la opinión pública, en marzo de 2015 la Presidenta Bachelet creó la Comisión Engel. La instancia entregó una serie de propuestas; sin embargo, creo que en el Parlamento no hubo un proceso de deliberación profunda sobre estas nuevas normativas. Por lo mismo, hay varios temas que en el futuro se deberán revisar”.

En la misma línea, el analista político Gonzalo Müller apunta que la nueva legislación si bien corrigió algunas falencias del sistema también plantea nuevos problemas, por ejemplo, “hoy es más difícil para los nuevos aspirantes poder acceder al Congreso, ya que al contar con menos dinero para las campañas les es más complicado competir con caras reconocibles”.

Cambios en el tablero

Con el destape del caso Caval, en febrero de 2015, pasó algo que muchos creían casi imposible: el apoyo ciudadano a Michelle Bachelet comenzó a caer rápidamente, llegando en su peor momento a cifras en torno al 15%, registrado en agosto de 2016. “El caso Caval supuso el quiebre del último vínculo afectivo-emocional entre la ciudadanía y un político. Michelle Bachelet representaba una figura prístina en medio de la corrupción política imperante, injustamente a mi juicio, pero es un hecho que la expresidenta pagó el costo de la desilusión colectiva y ese impacto fue muy profundo”, analiza Pablo Velozo.

En ese sentido, Velozo agrega que, al romperse el paradigma emocional con Bachelet la ciudadanía de alguna manera perdona colectivamente a Piñera. “La idea de que al menos él sabe generar prosperidad económica comienza a imponerse. Esto finalmente sepulta las opciones presidenciales de la izquierda”, explica.

En la misma lógica, Osvaldo Andrade cree que al caer la popularidad de Bachelet se desdibujó también el proyecto político de la Nueva Mayoría. “La llave que sostenía al conglomerado era la Presidenta. Al verse ella misma involucrada, aunque injustamente, en el escándalo todos cayeron con ella. La coalición se desdibujó y ella misma soltó a la Nueva Mayoría”.

No sólo la figura de Michelle Bachelet se vio seriamente afectada por Caval. Varios políticos de fuste también vieron sus carreras dañadas al verse involucrados en las listas de beneficiados por los aportes irregulares de Penta, SQM y otras empresas. Entre ellos, los UDI Jovino Novoa, Pablo Longueira, Iván Moreira, Ena Von Baer y Laurence Golborne, por nombrar solo a algunos. Dentro de la oposición, Fulvio Rossi, Marco Enríquez-Ominami, Jorge Pizarro, Alberto Undurraga, Carolina Tohá y Andrés Velasco también aparecieron como beneficiados por estas empresas, aunque todos en grados y consecuencias muy distintos. A algunos, como Novoa, Longueira, ME-O y Pizarro, la Fiscalía los persiguió, mientras que en otros casos no hubo proceso porque el Ministerio Público no encontró motivos plausibles para continuar.

“Hubo un claro recambio de fuerzas en el tablero político y cayeron figuras emblemáticas. La UDI, por ejemplo, acusó el golpe y dejó de ser el partido más grande de Chile”, opina Andrade. Pero para Müller no todo es adjudicable a estos casos: “Caval perjudicó la relación de Bachelet con su propia ‘barra’, pero en el contexto país el descontento comenzó antes con el proceso de reformas radicales que emprendió la expresidenta y su mala gestión económica”. En cuanto a la UDI, Müller cree que parte de su baja en las últimas parlamentarias se debió a una equivocada estrategia electoral, donde se privilegió cuidar a ciertas figuras y evitar la competencia.

El salto del Frente Amplio es otro de los cambios en el tablero político que muchos aducen al verdadero terremoto institucional que supusieron estos casos. “El Frente Amplio de alguna manera se benefició con esta situación de corrupción generalizada. Ellos representaban una generación de caras nuevas y manos limpias. La gente vota por marcas y el FA fue una nueva alternativa tanto frente a la izquierda como a la derecha, ambas fuerzas manchadas por la corrupción imperante”, comenta Velozo.

Eugenio Guzmán agrega que “el FA supo ocupar muy bien el espacio que dejó la ex Nueva Mayoría y el deterioro de sus figuras. Utilizando un lenguaje antipolítica tradicional, leyeron bien el descontento social y aprovecharon esa coyuntura para hacerse fuertes”.

El dilema de las expectativas

Estos casos produjeron un nivel de expectativas de sanción muy altas en la población, que en general no corresponden a los castigos que los acusados han recibido en la realidad. “En el caso Penta no pasó mucho y en la ciudadanía está el sentimiento de que las penas no estuvieron acorde a los delitos cometidos. Con todo, el castigo moral de la ciudadanía  ha sido alto y algunas de las figuras involucradas en estos hechos no fueron a la reelección o no fueron reelectos”, sostiene María Jaraquemada. Según Osvaldo Andrade, en esta sensación de defraudación de las expectativas influyen también las llamativas declaraciones de fiscales y funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII). “Se generó una expectativa de sanción que no correspondía con la realidad judicial chilena. Hay delitos como el cohecho que en nuestra legislación son muy difíciles de probar”, comenta el exdiputado PS.

Sobre ese punto, Guzmán reflexiona que el actuar de algunos fiscales de alguna manera dio espacio para que en la opinión pública se generara la idea de que los efectos no eran ecuánimes entre todos los que cometían faltas similares. Ernesto Silva cree que en algunas ocasiones se produjo una politización de los tribunales y que esto se debe evitar, porque es deber de todos cuidar las instituciones. “La brecha de expectativas entre lo que se dijo y lo que efectivamente se podía hacer fue grande. No todo es delito y para eso el Estado de derecho es clave, éste muestra el camino de qué es sancionable y qué no lo es. Debemos ser responsables”, concluye.