2018: el año del cuestionamiento a las instituciones

La Contraloría, el Tribunal Constitucional y hasta la Corte Suprema se han visto cuestionadas en sus dictámenes y fallos durante 2018. ¿Están estas instituciones extralimitándose en sus atribuciones? ¿Hay una superposición de funciones?

El que termina ha sido un año difícil para las instituciones en Chile. El Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República y hasta la Corte Suprema han enfrentado cuestionamientos.

En PAUTA Bloomberg la subdirectora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo, Natalia González, y la académica y ex subsecretaria de Hacienda Macarena Lobos analizan el tema y hacen un recuento de los fallos y dictámenes más polémicos de 2018.

Cuestionamientos

Para Natalia González, para hacer un diagnóstico hay que distinguir las diferentes materias sobre las que estas instituciones se han pronunciado. Recuerda que el año comenzó con el fallo del Tribunal Constitucional respecto de la ley de protección al consumidor, “que fue un fallo bastante polémico porque se dijo que a través de ese fallo se cercenaban las facultades que le había asignado el Poder Legislativo al Sernac”, y el fallo respecto de la tutela laboral para los empleados públicos.

“Yo creo que en el caso del TC pasan dos cosas: la primera es que, a nivel legislativo, en el Congreso, hay que mejorar los procesos de toma de decisiones y de diseño de políticas públicas […] Yo creo que hay ciertas dudas que se han dado respecto de cómo se integra, de cómo se designan a sus integrantes, si tienen necesariamente la trayectoria, los méritos suficientes. Creo que ese es un tema de política pública que también es necesario eventualmente revisar”, afirma González.

“Todas las instituciones, incluido el Congreso, tienen que mejorar sus procedimientos y ajustarse a sus competencias y potestades, porque efectivamente es una mala señal que el Poder Legislativo, parlamentarios, presenten indicaciones o mociones manifiestamente inconstitucionales”, plantea Lobos. “Sin embargo, en el caso del Tribunal Constitucional yo creo que el gran problema es una excepcionalidad en nuestro ordenamiento, que es el control preventivo que tiene el Tribunal Constitucional. Yo creo que dentro de las reformas […] debiéramos avanzar al tema del control preventivo”, recalca.

Separación de poderes

“En el caso del Tribunal [Constitucional], los Tribunales de Justicia, la Contraloría [General de la República], lo que se está dando en definitiva es que no se está respetando un principio básico del Estado de Derecho, que es la separación de poderes. Justamente tenemos todas estas instituciones para hacer pesos y contrapesos entre una y otra, pero en la medida en que todas se anclen a las funciones y atribuciones que ellas tienen”, explica Lobos. “En la medida que ellas corran el cerco y quieran sustituir las potestades de otro poder del Estado o de otra institución, nos enfrentamos a los conflictos que estamos visualizando”, complementa.

“En el caso de la Contraloría el Gobierno ha manifestado la necesidad de avanzar en una reforma. Recordemos que la ley orgánica de la Contraloría data del año 52, si bien ha tenido modificaciones durante estos años no se ha hecho una revisión integral. Yo creo que el enfrentamiento lamentable que ha habido entre el contralor y la subcontralora respecto a la interpretación de su propia ley […] debiera también poner sobre el tapete la discusión sobre el gobierno corporativo de la Contraloría”, plantea la ex subsecretaria de Hacienda.

“En algunos casos es necesario revisar la legislación. Por ejemplo la Contraloría. La Contraloría se supone que hace una revisión de legalidad y no entra al mérito […] Y lo que hemos visto de un tiempo a esta parte es que sí está entrando a calificar el mérito, y va más allá, va al fondo del asunto”, explica Natalia González. “También creo que es muy relevante que quienes representan a esas instituciones vuelvan siempre a estos principios fundamentales; ellos están investidos con una cierta cantidad de poderes y no puede ir más allá de esos poderes […] La Constitución es el marco general de actuar de todos estos organismos. Si no la respetan ellos, qué queda para ciudadanía”, agrega.

Fallos en Salud

“Creo que en materia de Salud, donde derechamente hay vacíos […] eso ha dado pie para que la Justicia, la jurisprudencia venga a interpretar algún análisis razonado de las normas que sí están vigentes. Viene a llenar vacíos que a veces dan pie para sostener que se han extralimitado en sus funciones, sobre todo en lo que dice relación con la disposición de recursos públicos”, argumenta la subdirectora de Libertad y Desarrollo. “En el caso de Salud es bastante evidente que la política pública es la que tiene que entrar a llenar ese vacío, y no los Tribunales”, argumenta González.

“Nunca la ley ni los recursos públicos van a poder satisfacer todas las necesidades, más allá de los medicamentos o los tratamientos de alto costo, cualquier situación de salud te va a poner en esa disyuntiva; cuando no hay camas, cuando hay listas de espera. En definitiva es súper compleja esa definición de los Tribunales, porque en la práctica está vulnerando el principio de iniciativas exclusivas que tiene el Ejecutivo en materia de gasto fiscal”, complementa Macarena Lobos.

“La separación entre control de legalidad y control de mérito ha estado siempre. Que la Contraloría tenga vedado el control de mérito es un principio desde el día uno, y que hoy día se esté dando tiene que ver mucho con la impronta de las personas que están a cargo de las instituciones”, acota Lobos. “Uno puede tener objetivos muy loables, que es lo mismo que pasa con los tribunales de Justicia, de dar justicia material para el caso concreto, pero no puede significar que esa justicia material para el caso concreto desconozca el marco jurídico vigente”, dice.

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