Crónica

CUT y CPC asesorarán al Gobierno sobre enfoque de DD.HH. en empresas

Justicia puso en marcha el consejo asesor 360°, el cual "acompañará" la implementación del Plan de Acción Nacional (PAN) de DD.HH y Empresas.

Agencia Uno

Por Catalina Batarce L.

Domingo 12 de mayo de 2019

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Con el objetivo de "acompañar" la implementación del Plan de Acción Nacional (PAN) de DD.HH y Empresas, este viernes 10 de mayo el Ministerio de Justicia puso en marcha el Comité 360°. Se trata de una instancia que oficia como asesor y, además, procurará por la proyección del plan, detallaron desde la cartera.

Esta nueva estructura convoca a diversas entidades, entre las que se encuentran gremios empresariales, académicos y organizaciones sindicales. La idea, según precisaron, es que el equipo sea "lo más representativo, enriqueciendo el aporte que desde distintas miradas puedan hacerse al plan".

Entre las organizaciones se encuentra la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Central de Trabajadores de Chile (CTCH), el Consejo Minero, la Bolsa de Comercio de Santiago, la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Fundación Chile Mujeres, Corporación Mapuche Enama y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, entre otras.

PAN es una iniciativa que nació en agosto de 2017 y tiene como fin "fortalecer la protección de los derechos humanos por parte del Estado, en relación con la actuación de las empresas". Esto, como "base fundamental del desarrollo sostenible". Inicialmente estaba bajo la administración de la Cancillería, pero el 11 de enero se traspasó al ministerio que dirige Hernán Larraín.

De esta forma, el plan busca que las empresas incorporen un enfoque de derechos humanos en todo orden de cosas, ya sea con sus trabajadores o en su vinculación con el medio. 

Como dan cuenta desde el Ejecutivo, los principios rectores de la iniciativa son el deber del Estado de proteger a sus ciudadanos frente a los abusos de DD.HH. por parte de terceros, incluidas las empresas; la obligación de las empresas de respetar los derechos humanos, y la necesidad de mejorar el acceso de las víctimas de abusos a sus derechos a reparación efectiva (deber de Estado y empresa).

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