Nacional

Las cinco razones de Bermúdez para que la Contraloría tenga dirección unipersonal

Frente al Presidente Piñera, el contralor pidió respetar el "ADN" de la institución, que incluye su independencia.

Agencia Uno

Por Catalina Batarce L.

Martes 26 de marzo de 2019

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Dos minutos faltaban para las 10 de la mañana, cuando el contralor Jorge Bermúdez y el Presidente Sebastián Piñera arribaron juntos al salón donde se conmemoraron los 92 años de la Contraloría, en una jornada clave. En el marco de esta celebración, la máxima autoridad del órgano contralor presentó su propuesta para modificar la ley orgánica que los rige, pues desde el Ejecutivo se aprontan a presentar el proyecto al Congreso.

Una de las preocupaciones de Bermúdez, y por la cual se empeñaron en presentar estas sugerencias, es la duda que se ha instalado respecto de modificar el carácter unipersonal de la administración de la institución. En ese sentido, insistió en que están a favor del cambio, pero que este se debe apegar a tres rasgos fundamentales: que la Contraloría es independiente, tiene una autoridad única y es simple y eficiente.

"Esos aspectos están en el ADN de la Contraloría y sus funcionarios y funcionarias, pero en realidad están en el ADN de la República", dijo enfático el contralor en medio de su exposición ante las autoridades, varios ministros de Estado, el presidente de la Corte Suprema, el Fiscal Nacional, entre otros.  

Si bien en su discurso hizo presente los cuatro pilares que incluye la propuesta de 20 páginas que entregó al Mandatario, gran parte de este se enfocó en hacer patente su total rechazo a que se establezca una administración colegiada. De hecho, esbozó cinco claras razones para que se mantenga la unipersonalidad de la dirección.

En primer lugar, Bermúdez explicó que, desde hace años, las decisiones son tomadas entre varios. "Las decisiones no son tomadas privadamente por el contralor", sino que los profesionales expertos son siempre escuchados en su opinión, explicó. "En realidad, muy pocas veces el contralor puede imponer una opinión distinta a la que quien técnicamente le está proponiendo una solución", detalló.

Así, y recordando que la organización interna de la institución incluye una serie de departamentos y divisiones, Bermúdez dijo que siempre se ha encargado de que las opiniones técnicas sean recogidas. "Esto no es voluntarismo del contralor". De esta forma, echó por tierra uno de los argumentos que podría avalar la confirmación de un gobierno colegiado, y que dice relación con que es poco favorable que un gran número de determinaciones recaigan en solo una persona.

En segundo lugar, el contralor reiteró que, si bien su papel es controlar, también está sujeto a controles. A modo de ejemplo, mencionó cuatro instancias de rendición de cuentas y transparencia que implican un control externo.

Enumeró: las visitas al Congreso Nacional para exponer en comisiones investigadoras o permanentes, las rendiciones de cuentas permanente a través de la página web y redes sociales, el control de los tribunales de justicia, y la rendición de cuentas con la sociedad civil, a través del COSOC.

De la mano con aquellas instancias de fiscalización vino su tercer argumento para defender la unipersonalidad del cargo: el sitio de transparencia proactiva que elaboraron. Como profundizó, en aquel sitio "se pueden encontrar de un modo claro las remuneraciones de nuestro personal, los viajes de Contralor, dentro de Chile y en el extranjero, con detalles del viático asignado y de las funciones que ejerció en el lugar de destino".

En cuarto lugar, insistió en que se necesario reforzar el carácter unipersonal del contralor, pues "es un rasgo que explica la permanencia y el éxito de esta institución, así como la estabilidad, capacidad de acción y reacción enérgica". Eso sí, se abre a actualizar el estatuto del contralor y del personal.

Siguiendo esa lógica, propuso fortalecen las normas sobre nombramiento del contralor, sus inhabilidades y plazos de carencia. Asimismo, plantea la eliminación de la remoción por exclusiva confianza. Aquello solo se conservaría respecto de los directivos, contralores regionales y jefe de unidad.

De esta modificación se desprende el quinto argumento, pues en el caso de materializarse y al no ser cargos de exclusiva confianza, daría mayor imparcialidad.

Razones adicionales

Complementando estos cinco puntos y ante las consultas de los medios, Bermúdez expuso "dos razones fundamentales y una de carácter empírico".

Respecto de las dos primeras, sostuvo que se relacionan con los riesgos que pueden originarse. "Cuando se trata de un órgano colegiado, existe un alto riesgo de cuoteo político, eso uno lo puede observar en otros órganos colegiados. Y, en segundo lugar, la ineficiencia que se produce para la toma de decisiones", expuso.

"La Contraloría sacó el año pasado más de 700 auditorías. Órganos similares, con el mismo presupuesto, con misma cantidad de funcionarios, hicieron solo un tercio de lo que nosotros hicimos", agregó.

Adicionalmente, y en cuanto a las razones empíricas, indicó que los países que están mejor ranqueados en la lucha contra la corrupción tienen órganos que son de carácter unipersonal.  

Pugna con inmobiliarias

En la instancia, el Contralor también se refirió a "algunos intercambios de opinión en los diarios a propósito de asuntos inmobiliarios". 

"Hay veces en que lo que parece un debate o reclamo en torno a una decisión de la Contraloría, no es más que una confusión a partir de información errada o de lectura incompleta de ciertos dictámenes", dijo tajante.

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Eventual invalidación de permisos impacta obras por US$ 1.150 millones, cuyo 20% son proyectos entregados o en recepción final.

Tomando en cuenta eso, manifestó que "si bien la Contraloría ha tenido una línea clara respecto a esta realidad, en la práctica y por esa misma razón, estimó ajustada a derecho la interpretación normativa que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hizo en 2016".

Asimismo, precisó que los permisos de edificación otorgados con anterioridad a la señalada interpretación del Minvu, atendida su data, no han sido cuestionados, lo cual no quiere decir que hayan sido legalmente otorgados. "Respecto de aquellos que fueron emitidos con posterioridad, la Contraloría no ha invalidado ni ha ordenado invalidar ningún permiso de edificación, como se ha dicho. Tampoco ha pretendido dar una aplicación retroactiva a sus dictámenes", puntualizó.

Considerando aquello, enfatizó que la Contraloría no busca endosar ni trasladar responsabilidades a otros organismos, y recordó que "continuamente nos hemos manifestado dispuestos a colaborar en la búsqueda de las soluciones que el Estado requiere, tanto en esta como en otras materias".

Revisa el detalle de la propuesta de Bermúdez

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