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Norambuena: es grave la eliminación de cohecho y soborno

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Agencia Uno
POR Matias Bobadilla |

Para el exfiscal del caso Penta, había “antecedentes sólidos” para no llegar al acuerdo de juicio abreviado para los acusados.

El Octavo Juzgado de Garantía condenó al ex subsecretario Pablo Wagner a cuatro años de prohibición de ejercer cargos públicos por delitos tributarios reiterados e incremento patrimonial injustificado, mientras a los controladores del grupo Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, a cuatro años de libertad vigilada. Esto, por medio del juicio abreviado al que accedió el fiscal regional metropolitano, Manuel Guerra, quien renunció a la persecusión de cohecho y soborno.

El exfiscal del caso, Pablo Norambuena, dijo a Primera Pauta que esta es una decisión grave, pues las imputaciones por cohecho y soborno eran “bastante sólidas y serias” y recordó que en marzo de 2015 el tribunal acreditó los cargos y ordenó prisión preventiva para los imputados. “Esa resolución fue impugnada por las defensas y la Corte de Apelaciones procedió a confirmar cada uno de los cargos que realizó la Fiscalía”, dijo.

“Luego que se cumplieron los dos años de investigación, la Fiscalía Regional Oriente dirigida por Manuel Guerra, presentó una acusación escrita en contra de los señores Délano, Lavín y Wagner tanto por delitos tributarios como por los de corrupción y soborno. Esa acusación escrita fue presentada tanto por mí como por el exfiscal Carlos Gajardo, por la Fiscalía Regional Subrrogante y fue visada por el propio fiscal Guerra. En esa acusación la Fiscalía pedía siete años por delitos tributarios y tres por delitos de cohecho”, agregó.

En junio de 2016, Guerra anunció a los medios su intención de no aceptar ningún tipo de procedimiento abreviado en que los imputados evitaran la responsabilidad del delito de cohecho. Dos años después, decidió acceder a ese procedimiento pues justificó que en un eventual juicio no habrían podido acreditar los delitos retirados de la formalización.

“Es una convicción íntima de él, y el sistema procesal penal no está para convicciones íntimas ni para opiniones personales o juicios individuales que no se ajustan al mérito de la investigación. Si el fiscal Guerra presentó una acusación donde estimó que había argumentos serios para un juicio oral para imputar estas situaciones, ¿cuál es el antecedente en la investigación que lo hizo variar?”, sostuvo Norambuena.

“La propia unidad especializada anticorrupción de la Fiscalía no estuvo de acuerdo con la postura del fiscal Guerra, el órgano especialista en materia de persecusión de delitos cometidos por funcionarios públicos, el CDE, también estuvo en desacuerdo. Los fiscales del caso [Norambuena y Gajardo] que desarrollaron la investigación tampoco estuvieron de acuerdo. (…) El fiscal Guerra solo coincide en su decisión con la voluntad de la defensa de eliminar estos cargos y de evitar que se busque una sanción respecto a ello”, añadió.

La comisión mixta encargada de evaluar la ley de castigo a funcionarios públicos que incurren en cohecho y soborno rechazó el proyecto que tenía por objeto sancionar estos actos como delito aún cuando no existiera contraprestación, lo que Norambuena calificó como lamentable y una pésima señal para la ciudadanía.

“Ellos pretenden mantener impunes los casos en que un particular le entregue un beneficio económico a un funcionario público y no se pruebe una contraprestración. Un funcionario puede estar coaptado por un grupo económico o recibiendo remuneración y no va a ser sancionado”, dijo el exfiscal del caso Penta.

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