El mapa de la “permisología” detrás de los proyectos de inversión

La Comisión Nacional de Productividad reconoció que los informes de impacto regulatorio, que debían acompañar las nuevas leyes, “no han funcionado tan bien”.

El martes 3 de septiembre el Presidente Sebastián Piñera se reunió con Raphael Bergoeing, Joseph Ramos y Alfie Ulloa, todos autoridades de la Comisión Nacional de Productividad (CNP), para recibir el informe elaborado por la entidad, el cual incluye 108 recomendaciones que buscan dar mayor certeza jurídica y hacer más eficiente la tramitación de los proyectos de inversión. Bajo el título de “Revisión regulatoria de sectores estratégicos”, el documento plantea una estrategia que permitiría una simplificación regulatoria y administrativa para agilizar tales trámites y darle así un impulso a la actividad económica. 

En conversación con PAUTA Bloomberg, Raphael Bergoeing, presidente de la CNP, detalla que la revisión se trata del primer estudio exhaustivo sobre “permisología”, término que tiene una connotación negativa precisamente por el impacto que la tramitación de permisos tiene en los proyectos de inversión. “De lo que se trata es de avanzar simplificando permisos pero sin sacrificar estándares de sustentabilidad. Porque uno puede de muchas maneras rentabilizar una inversión en el corto plazo, pero es pan para hoy y hambre para mañana”, comenta Bergoeing. 

El economista asegura que se analizaron cinco sectores productivos: la minería, la energía, la industria, el sector inmobiliario y el de infraestructura, y que en estos se identificaron 400 permisos, que a su vez pueden significar, por ejemplo en el caso de un proyecto minero, obtener hasta 3.000 aprobaciones. Bergoeing plantea que a partir del análisis de datos detectaron dos grandes problemas transversarles. El primero tiene que ver con temas de eficencia y que se traduce en que los mismos permisos, en comparación con un benchmark y con la misma norma que los creó, se demoran demasiado en ser aprobados. “Por ejemplo, de los 400 permisos que identificamos, 225 ni siquiera tienen plazo normativo”, sostiene Bergoeing. 

Un segundo problema, asegura el experto, es lo que llaman una “creciente incerteza jurídica”. “Lo que está pasando es que por la razón correcta, hay ciertos actores en la economía hoy día que están ganando más poder. Por ejemplo, las comunidades locales, cuando se hace una inversión minera. Las comunidades, que tienen más voz por la razón correcta, empiezan a agarrar fuerza”, comenta Bergoeing. Esto redunda en que en el caso de las comunidades, van accediendo a distintos caminos para impugnar una iniciativa.

“Hoy día en Chile un proyecto se puede impugnar por ocho lugares distintos, lo que lleva a la ridiculez, al absurdo, de que si incluso el proyecto estuvo mal diseñado, una vez que ya es realidad y la gente ya está viviendo en el edificio, te pueden decir que hay que botar el edificio. Lo que nosotros decimos es que nunca debimos haber llegado a este lugar”, afirma Bergoeing. El economista plantea que en ese sentido es necesario avanzar hacia una vía única de impugnación, no solo para darle certeza a los inversionistas y las comunidades, sino que también para permitir una mejor fiscalización por parte de las autoridades.

Rutas críticas

Con la idea de mejorar en cuanto a la eficiencia, Bergoeing explica que buscaron generar rutas críticas. “Por ejemplo, en un proyecto minero tú necesitas 221 permisos, pero no todos son iguales. Hay algunos que son simultáneos con otros, hay otros secuenciales”, detalla. Analizando los trámites requeridos concluyeron que por ejemplo, en el caso particular de la minería, de esos 221 permisos requeridos, siete son decisivos. El problema es que muchos de ellos exceden con creces los plazos previstos. Para aterrizar las dificultades que se enfrentan, el economista explica que en el caso puntual del permiso de obras hidráulicas, que debiera tardar 180 días, este toma 1.440 días, es decir, ocho veces el tiempo presupuestado originalmente. 

Una vez hecho este análisis, se llegó a recomendaciones específicas para resolver el tema. En ese sentido, las propuestas planteadas se dividieron por categorías: ideas institucionales (4), recomendaciones generales (29) y propuestas específicas (75). Según Bergoeing, además revisaron cuáles de ellas debían resolverse por medio de leyes y cuáles en cambio se podían mejorar simplemente por vía administrativa. En el caso de las recomendaciones específicas, 64 de ellas no requieren de cambios legales para ser corregidas. 

Informes de impacto regulatorio

El proyecto de portabilidad financiera, que lleva adelante el Ministerio de Hacienda, no incluye un informes de impacto regulatorio, una idea que ha sido promovida por la CNP para dar luces sobre el impacto que las nuevas regulaciones en general tendrían en productividad. 

Al respecto, Bergoeing comenta que la comisión que preside tiene solo cuatro años de vida y que la implementación este tipo de temas toma tiempo. Sin embargo, Bergoeing reconoce que esta iniciativa se ha implementado parcialmente a pesar de que no está escrita en ninguna ley. “No ha funcionado tan bien porque no todos los proyectos de ley que debían venir con informe de productividad han venido y algunos informes de productividad han sido súper interesantes y han generado mucha discusión (…) y otros la verdad es que no han sido iguales”, comenta. 

De ahí que en el actual informe hayan aprovechado la recomendación de crear un sistema de evaluación de políticas públicas para plantear la necesidad de una institucionalidad que ayude a avanzar en esta línea. Bergoeing explica por ejemplo que si se realiza una ley de pesca, el Ministerio de Economía debería entregar el informe de impacto regulatorio y por lo tanto lo que se requiere es una instancia que tiempo después revise que ese impacto haya sido el descrito por el documento. 

Jornada laboral y productividad

Uno de los temas que ha estado sobre la mesa durante la semana es la reducción de la jornada laboral, a partir del proyecto presentado por las diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola, que busca acortarla a 40 horas semanales. Respecto de la propuesta, Bergoeing tiene sus reparos. “En dos líneas, reducir la jornada a nivel agregado no va a aumentar la productividad, aumentar la productividad permite reducir la jornada”, sostiene. “Eso lo han dicho todos los economistas de izquierda, centro y derecha y yo no hago más que sumarme a eso”, afirma.

Aun así, Bergoeing considera que dado el nivel de ingresos per cápita que tiene el país, es razonable que se esté discutiendo sobre cómo tener jornadas de trabajo más breves. Sin embargo, el experto asegura que esta disminución de las horas de trabajo debe venir acompañada de flexibilidad, defendiendo la iniciativa planteada por el Gobierno y que reduce la jornada a 41 horas horas semanales, pero a partir de un promedio mensual, lo que permite distribuirla de forma diferente en un período de 30 días. 

Vea la conversación completa en PAUTA Bloomberg acá: