Antonio Errázuriz, presidente de CChC: “Es urgente que el Estado genere un nuevo trato a los proyectos de construcción”
El gremio sistematizó las trabas en materia de planificación, diseño, adjudicación, permisos y construcción de proyectos. El líder del conglomerado recalcó que se necesita “crear un clima y una institucionalidad propicios para desarrollar proyectos de inversión y mejorar la productividad”.
Este jueves 10 de noviembre, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), entidad controladora de PAUTA, realizó un diagnóstico de las trabas administrativas que enfrentan los proyectos de construcción, tanto para ser autorizados como durante su desarrollo.
Durante la exposición, la gerenta general de la asociación gremial, Paula Urenda, valoró el trabajo realizado con el Gobierno para buscar soluciones a las dificultades provocadas por la contingencia nacional e internacional.
Además, señaló que “queremos aportar nuestra mirada para abordar una problemática que no responde a la coyuntura y se arrastra por años. Las trabas o ‘nudos críticos’ que encuentran las iniciativas de inversión para ser aprobadas y ejecutarse”.
El vicepresidente de la CChC, Carlos Zeppelin, comentó que estas dificultades se observan en diferentes etapas de los proyectos, como la planificación, el diseño, la adjudicación, los permisos y la construcción. “Esto provoca retrasos, mayores costos, controversias y judicialización, además de daños a las empresas y al interés público”, dijo.
Por su parte, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Antonio Errázuriz, enfatizó que “las personas y el país necesitan las obras de construcción. Pero algunos elementos de la institucionalidad, en especial el sistema de contratación pública, hacen que sea cada vez más difícil que se puedan realizar”.
“Es urgente que el Estado genere un nuevo trato para los proyectos de construcción o las iniciativas privadas serán cada vez menos y, las públicas, más caras”, sostuvo Errázuriz.
Los principales “nudos críticos” que identifica CChC
Según Zeppelin, “los problemas parten por una escasa planificación y la baja calidad del diseño de los proyectos. En Chile se invierte en esto último cinco a siete veces menos que en países referentes. Esto, en parte, explica, por ejemplo, el alto porcentaje de modificaciones y de controversias que registran los contratos de obras públicas”.
La siguiente etapa es la adjudicación, donde se formaliza la relación contractual entre el Estado y la empresa contratista. Es ahí cuando cobran relevancia los reglamentos de inversión de obra pública.
“En general, dejan muchos espacios para interpretaciones, traspasan riesgos excesivos a los contratistas y provocan retrasos y sobrecostos”, argumentó el dirigente.
Para CChC, la situación de la tramitación y obtención de permisos “es crítica”. Un estudio de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad identificó 400 permisos distintos, otorgados por 50 instituciones públicas, que podrían ser necesarios para desarrollar un proyecto de construcción. A eso se agrega que su tramitación no necesariamente cumple con los plazos establecidos en la ley.
En esa línea, Carlos Zeppelin mencionó que actualmente hay cerca de 22 mil viviendas sociales que corren el riesgo de no poder ejecutarse por dificultades para obtener sus respectivos Informes de Mitigación de Impacto Vial (IMIV).
En tanto, durante la construcción, el gremio denuncia que las trabas no son menores, fundamentalmente por severos retrasos asociados a expropiaciones, traslado de servicios y rescate de hallazgos arqueológicos. Estos últimos incluso pueden tardar años.
“Si a todo esto se suma la práctica de algunos organismos públicos de no recibir ni cancelar obras ya terminadas, no es raro que nuestra industria lo pase mal cuando se producen crisis”, afirmó el vicepresidente del conglomerado.
Posibles soluciones
El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción recalcó la necesidad de un “trabajo conjunto” entre el sector público y privado. Esto, con el fin de “crear un clima y una institucionalidad propicios para el desarrollo de proyectos de inversión y para mejorar la productividad de la construcción”.
“Para ello, no es necesario partir de cero”, agregó Errázuriz.
El líder gremial indicó que hay tres caminos de acción. El primero es “utilizar los ejercicios de planificación de largo plazo que hacen prácticamente todos los gobiernos en materia de infraestructura y que después no se usan”.
La segunda solución es “implementar las recomendaciones de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad para resolver problemáticas de la construcción y elevar su productividad”
En tanto, el tercer camino de acción es la “propuesta para mejorar los reglamentos de inversión de obras públicas” elaborada por CChC recientemente.
“El desafío es mayor. Implica cambios culturales en el Estado y en las empresas privadas, pero el resultado beneficiará a toda la sociedad”, concluyó Errázuriz.