Proyecto de datos personales logra consensos y retoma trámite en el Congreso

Equipos técnicos de Gobierno y oposición llegaron a acuerdo en el 80% de temas. Pero queda pendiente si dependerá de agencia autónoma o del Consejo para la Transparencia.

Una ventana de oportunidad. Eso es lo que ha permitido que, sorpresivamente, la Comisión de Constitución del Senado haya puesto en tabla el proyecto de protección de datos personales. Una legislación que ha sido impulsada por los últimos tres gobiernos sin que se logre avances significativos, pero que ahora parece mostrar signos de movimiento.

Una ley de este tipo serviría de marco regulatorio para que situaciones habituales que ocurren hoy, como entregar el número de RUT personal al efectuar compras para obtener un descuento u oferta, puedan realizarse con la seguridad que la empresa que recibe esa información cautelará la privacidad de esos datos y no hará un uso comercial o venderá esa información a otros interesados. Esto, ya que habrá un organismo responsable de cautelar los derechos de las personas respecto del uso de sus propios datos, considerando incluso sanciones de hasta cinco mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalente a unos $241 millones para las empresas que incurran en faltas. 

“A partir del lunes 15 de abril comenzamos la votación en particular de este proyecto en la Comisión. Creo que se logrará una ley muy importante para Chile, porque se otorgará estabilidad y certeza a la industria de tratamiento de datos y, por otro lado, aumentará considerablemente el nivel de protección de los derechos de las personas respecto de sus datos”, comenta el presidente de esa instancia, el senador Felipe Harboe (PPD).

El gran pendiente

La reactivación de la iniciativa surge luego de un trabajo técnico realizado durante los últimos meses entre los expertos técnicos del Gobierno (liderados por la Coordinadora de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda, Catherine Tornel) y los asesores de los senadores, quienes revisaron las más de 300 indicaciones que recibió el proyecto. El Ejecutivo ingresó en julio pasado una indicacación sustitutiva al proyecto presentado por la administración anterior, que entre otros ajustes buscaba traspasar al Consejo para la Transparencia las facultades y atribuciones que originalmente se entregaban a una agencia especializada dependiente del Ministerio de Hacienda.

La idea no fue bien recibida en la oposición, al estimarse que radicar la proteccción de datos personales en la misma entidad que debe velar por la transparencia de los actos públicos, podría generar conflictos de interés que pueden desproteger algunos de estos derechos. Las razones por las cuales esta idea fue desechada se recogen pormenorizadamente en el Informe de Productividad del proyecto ingresado en mayo de 2017 al Congreso.

En su momento no se conocieron los argumentos de Hacienda para optar por el Consejo para la Transparencia, pero fuentes ligadas a la mesa técnica señalan que el tema se abordó en detalle y que a las razones de costos, se sumaron la experiencia de la entidad en temas de datos e información tras una década de funcionamiento, la ventaja de sumar este ámbito a un organismo vigente (en lugar de uno que parta de cero) y la creciente conciencia de la importancia de la protección de datos en sus fallos. Esto, ya que, por ejemplo, incluso ha denegado información cuando se trata de datos nominados (que identifican a las personas) o que puedan afectar la privacidad.

Aunque durante esta etapa de trabajo técnico se lograron acuerdos importantes, en esta área no hubo consenso. “Ese es uno de los puntos donde no tenemos acuerdo todavía, no obstante está la mejor de las voluntades para poder zanjar esta discusión con argumentos técnicos, que permitan que Chile pueda ser considerado un país con una legislación adecuada por parte de la Unión Europea, pero a la vez que tengamos la certeza de que quienes van a administrar esto sean especialistas en materia de protección de datos, porque de lo contrario sería una enorme frustración para los ciudadanos”, afirma el senador Harboe.

Otro ámbito en el que no se habría logrado acuerdo, según personas enteradas del trabajo técnico, se refiere al tratamiento de los datos sensibles, que son aquellos que no se pueden tratar sin un consentimiento especial (salud física y mental, afiliación política, entre otros). Esto, porque la ley vigente protege los llamados “hábitos personales”, que es información del comportamiento de las personas y sus perfiles de consumo, que hoy puede construirse con su actividad en internet. Desde el Ejecutivo se buscaba eliminar la protección que rige para los hábitos personales, lo que para algunos senadores implicaba desproteger los datos sensibles ligados a la conducta e intimidad de las personas.

En la sesión convocada para el lunes 15 de abril se dará cuenta oficialmente del trabajo de la instancia técnica, los acuerdos logrados y las áreas donde todavía subsisten los disensos. El senador Harboe destaca que se lograron consensuar propuestas en el 80% de las materias tratadas, mencionando especialmente que lo principal es que la nueva legislación va a contemplar explícitamente un conjunto derechos y, junto con ello, se hará cargo de toda la regulación en materia de transferencia internacional de datos.

Alude así a los llamados derechos ARCO (las sigla para Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) que garantizan que en todo momento la persona o su representante podrán solicitar a las empresas u organismos conocer y modificar los datos personales que tengan en su poder, o que se eliminen si fueron recolectados con otros fines o en forma no autorizada; por ejemplo, cuando se recolectaron sin consentimiento y se estén usando con fines comerciales.