Economía corrige el decreto que crea la oficina proinversión

Aunque lo firmó el Presidente Piñera en una ceremonia en La Moneda hace un mes, el trámite del decreto en la Contraloría está suspendido y partidos de oposición pidieron que el ente revisor lo objete.

Los presidentes de la Región Metropolitana de la DC, PPD, PRSD y PC presentaron el pasado lunes una solicitud ante la Contraloría General de la República (CGR) para que no tome razón del decreto enviado por el Ministerio de Economía referido a la creación de la oficina proinversión del Ejecutivo, conocida como de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), o se pronuncie sobre la legalidad de la actuación de la cartera al estimar que la creación de dicha unidad no respeta la legalidad vigente.

La solicitud ocurre en momentos en que Economía retiró recientemente (antes de conocerse dicha presentación) dicho decreto desde la CGR, según explicaron fuentes oficiales, con el fin de realizar algunos ajustes al texto en materia de contenido y redacción. Las fuentes estimaron que el documento será reingresado a trámite en el curso de la semana próxima.

La firma del decreto se produjo el pasado 14 de mayo en un acto oficial en La Moneda encabezado por el Presidente Sebastián Piñera (en la foto), donde además se anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que considera diversas medidas para agilizar la inversión.

“Lobbistas gubernamentales”

Aun cuando los firmantes de la presentación ante la CGR admiten que no han revisado el decreto aludido, ya que éste no será público hasta que concluya el trámite ante el ente revisor y se publique en el Diario Oficial, estiman que el Ministerio de Economía no tiene facultades legales en materia de evaluación de impacto ambiental (exclusivas del Ministerio de Medio Ambiente y el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) y además la nueva oficina invade las atribuciones del Consejo de Ministros en materia ambiental creado por la ley N°19.300.

Agregan que la razón de ser para crear la nueva oficina no tiene sustento en la realidad, ya que no es efectivo que los proyectos de inversión estén paralizados y la cartera de Economía, en todo caso, carecería de atribuciones para agilizar la inversión.

Además, argumentan que la función de la oficina GPS no respeta el principio constitucional de igualdad ante la ley, ya que “se beneficia a empresas poderosas y no así a las pequeñas empresas o al ciudadano medio”, señala el documento.

“Por este acto el Ministerio de Economía contrata a ocho profesionales que actúan como lobistas gubernamentales que presionarán a distintos servicios públicos para que se aprueben proyectos de inversión”, dice el escrito. Detalla que el costo de la nueva unidad se eleva a $360 millones anuales sólo por concepto de honorarios del equipo y su director, Juan José Obach.

De grandes proyectos a proyectos sustentables

Reimpulsar la inversión después de cuatro años de caída de ese factor es la principal meta que el Presidente Sebastián Piñera le puso a su ministro de Economía, José Ramón Valente. Para cumplir esta tarea, el modelo que comenzaron a trabajar en Economía fue crear una oficina especializada, que acompañara a los grandes inversionistas en todo su proceso de conseguir los permisos necesarios para instalarse y operar.

Inicialmente, esa unidad se llamó oficina de Grandes Proyectos, pero a poco andar el nombre mutó a oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), remarcando la idea que la nueva unidad no buscaba que los proyectos “se saltaran” los requerimientos medioambientales, sino que los cumplieran a cabalidad pero en tiempos rmás acotados.

Cuando se firmó el decreto el pasado 14 de mayo, el Ministerio de Economía subió a su web un sitio especial para la oficina GPS, donde se muestra el catastro de proyectos de inversión por región y etapa de tramitación. En ese momento, el catastro mostraba 203 proyectos que comprometían montos por US$ 65.121 millones. Transcurrido un mes, se registran 214 proyectos por US$69.244 millones, pero no ha habido cambios respecto que más del 50% de los recursos involucrados se relacionan con iniciativas que están en la fase final de aprobación, ya sea en la tramitación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental o a la espera de permisos sectoriales.