El parcial cumplimiento de una orden presidencial sobre los proyectos de ley
El Presidente Piñera instruyó generar informes de Impacto Regulatorio en las iniciativas legales del Ejecutivo. Varios ministerios responden con silencio.
Fue una instrucción del Presidente Sebastián Piñera a los 24 ministros del gabinete: a partir de julio, todos los proyectos de ley del Ejecutivo deberán ingresar al Congreso con un informe de Impacto Regulatorio (IR), que reemplazan a los informes de Productividad y que buscan tener regulaciones más armónicas y eficientes. Al último día del mes, ese instructivo muestra un cumplimiento parcial.
Revise a continuación el Instructivo Presidencial N° 003 del 15 de abril de 2019:
Según las bases de datos públicas del Senado y la Cámara de Diputados, tres proyectos de ley originados en el Ejecutivo ingresaron al Congreso en julio: el que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad, ingresado el 2 de julio; el que otorga a los profesionales de la educación la titularidad de las horas de extensión en calidad de contrata, ingresado el 17 de julio, y el que modifica la Ley N° 18.101 sobre arrendamiento de predios urbanos, ingresado el 24 de julio.
Al descargarlos desde el sitio web del Senado, donde iniciaron su trámite, ninguno de ellos aparece con su informe IR, como era habitual que ocurriera con los informes de Productividad. Sin embargo, el reporte correspondiente a la tercera iniciativa mencionada sí figura en un repositorio del Ministerio de Economía. Es decir, de tres mensajes ingresados, solo uno estraía cumpliendo cumple el instructivo presidencial.
La elaboración de informes IR fue diseñada e impulsada en la Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional (OPEN), de dicha cartera. Se concretó así una idea contenida en el proyecto de ley de productividad enviado al Congreso en agosto de 2018, que entre otras materias les da rango legal a dichos reportes.
El instructivo presidencial explica que la responsabilidad de la realización de estos reportes recae en el ministerio responsable de cada proyecto de ley. Agrega que la cartera de Economía podrá dar asistencia metodológica a sus pares para la elaboración de estos documentos.
PAUTA consultó durante varios días -en forma reiterada- a los ministerios de Economía, Secretaría General de la Presidencia (Segpres, responsable de la coordinación con el Congreso), Educación y Salud (responsables de los proyectos ingresados sin IR) sobre este tema, pero al cierre de esta edición ninguna de esas carteras proporcionó una versión. Fuentes de Economía y Segpres sostuvieron por separado que no hay incumplimiento, ya que los informes IR se están realizando, pero no todos los proyectos ingresan aún al Congreso.
Un abogado que realiza tareas legislativas en el Gobierno, que pidió reserva de su nombre, estimó que podría haber faltado mayor difusión de esta medida entre los equipos legislativos de la administración y en el Congreso. “El objetivo es muy positivo, pero tal vez hubo algún apresuramiento además de ambición en las metas que se imponen”, acotó.
Los informes de Productividad (antecesores de los actuales e inicialmente validados por el Gobierno) fueron obligatorios solo para materias económicas, mientras que ahora las únicas excepciones son las leyes anuales (como el Presupuesto) y las asociadas a catástrofes, que podrían presentar el reporte después de su ingreso a trámite legislativo. Además, la fórmula para desarrollarlos anteriormente parecía más simple que la que ahora se describe en las 23 páginas del instructivo.
Derogar leyes obsoletas
La sustitución de los informes de Productividad por los de Impacto Regulatorio es una medida de la agenda de simplificación regulatoria impulsada por el Mandatario, que también considera la derogación de 100 leyes dictadas entre 1893 y 1927, que no tienen aplicación y que están tácitamente derogadas. Entre ellas, la que autoriza un proyecto de patentes para vehículos (1903); la que fija los derechos de internación que deben pagar el té y el arroz (1916) yla que establece un impuesto a las barajas, fonógrafos, pianos y pianos eléctricos (1922).
La iniciativa, ingresada el 25 de abril a la Cámara de Diputados, está tramitándose con urgencia simple en la Comisión de Constitución, donde fue presentada por el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, en la sesión del pasado 15 de mayo. Luego, el 23 de julio, la instancia recibió las opiniones favorables al proyecto del secretario general de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, y del director de la Biblioteca del Congreso, Miguel Alfonso Pérez, quienes además valoraron la propuesta de tener plan de derogación automática de leyes actualizable cada cuatro años.
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La Biblioteca del Congreso realizó un completo estudio sobre las leyes que se propone derogar y las diferencias con el proyecto son mínimas, ya que se detectó una ya expresamente derogada y solo dos que se estima cuestionable quitarles vigencia.
Uno de los puntos destacados de la iniciativa es que obligará que las mociones impulsadas por parlamentarios y los mensajes del Ejecutivo detallen qué leyes quedarán derogadas, lo que evita que los proyectos tengan, como ahora, la frase genérica de “que se entenderán derogadas todas las normas contrarias a la presente ley”. Esto último puede provocar errores y confusiones cuando se trata de definir exactamente las normas afectadas.