Economía

Lo que propuso Hacienda para la fase de desconfinamiento

Imagen principal
El cierre del comercio visibiliza el freno que el Covid-19 ha impuesto a la economía. Crédito: Agencia Uno
POR Marcela Gómez |

Subsidios para abaratar el costo de contratar trabajadores, alivios tributarios para pymes y apoyos para grandes empresas son parte del set pospandemia en materia económica.

Las conversaciones entre Gobierno y oposición llegaron a buen puerto la madrugada de este domingo. Aunque se bajó Revolución Democrática de las negociaciones, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana y el PPD sí firmarán el acuerdo con La Moneda. La discusión y las tratativas de las últimas dos semanas apuntaron a un plan para enfrentar la crisis y el posterior desconfinamiento con énfasis en mejorar el Ingreso Familiar de Emergencia lo antes posible, y pensar en la reactivación económica y del empleo en un horizonte más amplio.

Es natural que las miradas se centren en la urgencia del presente y las medidas que se requieren ahora. Pero Hacienda ya ha puesto sobre la mesa un conjunto de ideas que podrían concretarse una vez que existan condiciones para una reapertura controlada de la economía. Son medidas que se han usado con éxito en crisis anteriores, pero también fórmulas nuevas.

Un foco importante son las iniciativas tributarias y de fomento especiales para las pymes, para asegurarles liquidez y abrirles mercado; entre ellas, rebajar a la mitad el impuesto de primera categoría que deben pagar. Pero también hay propuestas en materia de empleo, inversión y grandes empresas. 

Medidas proempleo

Para abaratar el costo de contratar se crea un crédito tributario a la contratación. Así, la empresa podrá deducir como gasto el 50% del monto pagado al trabajador como salario y, en forma adicional, obtener un crédito tributario equivalente al 23% del valor de su remuneración anual del nuevo trabajador. Este crédito podrá ser imputado a pagar el 2021 o en futuros ejercicios, aunque también podrá descontados de los anticipos mensuales (PPM) para asegurar la liquidez de la firma.

El abogado Álvaro Moraga, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, estima que la redacción de la propuesta no es clara y podría inducir a errores. Critica que si lo que se está proponiendo es un 23% real de subsidio, se trata de una ayuda “que no cumple con el objetivo de incentivar al sector privado a contratar mano de obra en una época donde la tendencia es despedir”. Estima que ese monto debería llegar a 50%. “Y al ser el restante 50% un gasto que se deduce de la base imponible, el beneficio total a nivel impositivo será del 77%”, propone.

También se plantea crear un fondo para financiar subsidios al empleo, asumiendo el Estado el costo de medio salario mínimo de los nuevos contratados durante 12 meses.

Impulso a la inversión

La más importante implica elevar de 50% a 100% la depreciación instantánea de todos los activos fijos que las empresas adquieran: maquinaria, equipos, un nuevo galpón, entre otros. Tributariamente, ese costo puede deducirse de los impuestos a pagar el mismo año. Hoy la depreciación al 100% solo regía para la Región de la Araucanía.

“Me parece que ampliarla a 100% es una medida que promueve la inversión y que permitirá una uniformidad tributaria dentro del territorio nacional. También se facilita el control de parte de la autoridad fiscalizadora, ya que se evitarán controles asociados a depreciaciones. Es una medida muy acertada y necesaria dada la situación económica”, afirma el director de Redacon, Patricio Gana.

La propuesta también considera un conjunto de iniciativas para incentivar la inversión pública y privada, entre ellas un “fast track regulatorio” que apunte a reducir plazos y generar mayor certeza en los trámites regulatorios que deben enfrentar los proyectos de inversión. Asimismo, El Estado asumirá transitoriamente el aporte de 1% de la inversión radicada en regiones en 2021.

Grandes empresas

A las fórmulas que se discuten para que el Estado apoye a firmas estratégicas (como la aerolínea Latam), se sumaron nuevas opciones para las grandes empresas, que son aquellas con ventas anuales superiores a un millón de UF ($28.700 millones aproximadamente).

El abogado experto en materias tributarias Esteban García Nadal destaca dos de ellas. Una es el Fogape Plus, “que permitiría que grandes empresas emitan bonos u obtengan créditos con un 60% de garantía -como ya rige actualmente- pero con una tasa de interés que, en lugar de ser fija y sin comisión al beneficiario como es hoy, quedaría determinada por el mercado y se establece el pago al Estado de una comisión proporcional al riesgo incurrido”.

Añade que otra medida busca apoyar la recapitalización de firmas en riesgo de insolvencia, facilitando las operaciones de conversión de deuda en capital mediante medidas tributarias que abran la opción al financiamiento externo. Así se permitiría deducir del impuesto a las utilidades que pagan las empresas tanto los intereses de la deuda como una tasa de retorno para el capital. “Estas medidas vienen a saldar una ayuda que se encontraba pendiente en favor de esta clase de empresas”, afirma.

El abogado especialista en derecho corporativo Sebastián Aliaga sostiene que estas medidas apuntan a las grandes empresas por el rol que juegan dentro de un mercado, “ya que, si desaparecen, muchas pymes se verán resentidas, afectando el mercado laboral y económico del país”. A su juicio, en el caso del Fogape se requiere una regulación especial puesto que, en esencia, ese instrumento se enfoca en pequeñas empresas.