Las “vitaminas fiscales” que buscarán salvar empleos y sostener el consumo

Los fondos de Reserva de Pensiones y de Cesantía Solidario son pilares centrales en el diseño del plan de emergencia económico del Gobierno. El riesgo: sobrepasarse en su uso.

El ahorro que han realizado durante los últimos años gobiernos de distintos signos políticos está contribuyendo a financiar el plan económico de emergencia ante la pandemia. Suena lógico: al igual que las familias, el fisco echa mano a los recursos que ahorró en épocas más holgadas para enfrentar las crisis. La idea es mantener empresas operando, evitar despidos y que no se congele el consumo.

El problema surge cuando se emplean mecanismos diseñados para hacer frente a otras contingencias sociales, como el desempleo y la jubilación. Más aún, cuando Chile tiene un Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), diseñado específicamente para financiar déficits transitorios producto de las crisis y que hoy acumula US$ 12.352 millones, de los cuales ser usarían unos US$ 3 mil millones.

Como parte de las medidas para evitar despidos en empresas afectadas, el Gobierno consolidó en un proyecto dos alternativas: pactar rebajas de jornada o suspender el contrato de trabajo. Para complementar ingresos, en ambos casos el trabajador podrá acceder a su cuenta del Seguro de Cesantía y, si esos recursos se acaban, recibir giros desde el Fondo de Cesantía Solidario (FCS) que mantiene ahorros por US$ 12.6000 millones. El Fisco capitalizará a ese fondo con hasta US$ 2 mil millones para garantizar su sustentabilidad.

Los recursos para dicho fin serán un préstamo que realizará el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP), creado por ley en 2006 para respaldar las obligaciones fiscales en materia de pensiones solidarias y que hoy acumula US$ 10.872 millones. Este préstamo deberá ser reintegrado en un plazo máximo de 10 años, con un interés equivalente a la tasa de endeudamiento del Fisco en el período, el que será pagado con cargo al FCS.

Esta operación no considera desafectar primero esos ahorros, a pesar de que por ley los recursos del FRP tienen por objeto exclusivo complementar el financiamiento de obligaciones fiscales en materia de pensiones solidarias y de invalidez. Además, el paquete fiscal también afecta al FRP con otra medida: suspende por dos años el aporte anual obligatorio de 0,2% del PIB (unos US$ 500 millones).

En el debate de la reforma de pensiones, el FRP también ha tenido protagonismo. Esto, porque el Gobierno propuso retirar US$ 650 millones desde el FRP para apoyar el inicio de los beneficios que otorgaría el nuevo mecanismo de Ahorro Colectivo Solidario. Dichos recursos se restituirían también en diez años.

En su sesión de enero, el Comité Financiero que asesora a Hacienda en materia de fondos soberanos revisó el informe de sustentabilidad del FRP y alertó que las últimas modificaciones al Pilar Solidario “pondrán una mayor presión a la sustentabilidad del fondo“.

Presión sobre fondo para cesantía

Una situación similar ocurre con el FCS. A la mayor presión producto de los problema económicos generados en el marco de la emergencia sanitaria se suman las medidas que flexibilizan su uso, reduciendo los requisitos. Esto se da en un contexto en que también se le asignan nuevas responsabilidades a este fondo, según muchos “sobrecapitalizado”.

En la reforma previsional, el Gobierno propuso que durante los periodos de desempleo el FCS pagará las cotizaciones de AFP y también las del nuevo Ahorro Colectivo y seguro de dependencia. Al evaluar el impacto de esas medidas para la sustentabilidad del FCS, la Superintendencia de Pensiones detectó que su patrimonio disminuiría y su crecimiento se haría más lento. En un escenario con dicha reforma de pensiones implementada y con crisis, a 2028 el impacto en el patrimonio del FCS es de $1.136.726 millones menos.

Además, el proyecto de sala cuna que impulsa el Gobierno deroga el aporte del Estado al FCS, que asciende anualmente a un total de 225.792 UTM (poco más de $11 mil millones), lo que ha sido criticado por la Comisión de Usuarios del Seguro de Cesantía debido al impacto que implica “restarle el carácter tripartito al financiamiento del Seguro”