Trump ataca la inmigración legal y revisa el uso de ayuda pública
La nueva normativa podría llevar a que inmigrantes legales dejan de usar beneficios que les han sido otorgados por miedo al gobierno de Trump.
El lunes, el gobierno Trump continuó su ofensiva contra la inmigración a través de una nueva norma que impediría a los inmigrantes obtener la tarjeta de residencia si han utilizado los beneficios del gobierno o si es probable que los usen.
La regulación de 837 páginas probablemente será más difícil para los inmigrantes legales de bajos ingresos que realizan gran parte del trabajo doméstico del país en granjas y en la industria de servicios.
La norma reemplaza la política actual que dice que los inmigrantes no deberían recibir más de la mitad de sus ingresos en beneficios en efectivo, como la asistencia temporal para familias necesitadas o ingresos de seguridad suplementarios del seguro social.
Según la nueva definición más integral, se supone que los inmigrantes no deben usar beneficios públicos como Medicaid, asistencia de vivienda pública o cupones de alimentos durante más de 12 meses en un período de 36 meses. Si lo hacen, corren el riesgo de ser categorizados como demasiado dependientes de los servicios gubernamentales.
“Ciertamente esperamos que alguien de cualquier ingreso pueda sostenerse por sí solo”, dijo el director interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU., Ken Cuccinelli, a los periodistas el lunes en la Casa Blanca.
Acuerdo México – Estados Unidos
El presidente Donald Trump se ha centrado en combatir la inmigración —uno de los temas principales de su presidencia— durante meses, a medida que avanza con su campaña por la reelección en 2020. La regulación, que entra en vigencia en 60 días, ha sido una prioridad del asesor presidencial de línea dura de Trump, Stephen Miller.
La semana pasada, el gobierno dijo que más de 30.000 inmigrantes habían sido enviados de regreso a México para esperar los procedimientos de la corte de inmigración como parte de un programa ampliado bajo un acuerdo del 7 de junio entre México y EE.UU.
Cuccinelli dijo que la norma ofrece claridad a los agentes del gobierno que evalúan las solicitudes de inmigración y, para los que buscan la residencia permanente en EE.UU., facilita entender las consecuencias del uso de los beneficios públicos.
Pero los opositores argumentan que la nueva norma dificultará que los inmigrantes de bajos ingresos permanezcan en el país y posiblemente asuste a las personas frente al uso de los beneficios a los que tienen derecho legalmente. Comentaron que debido a que el gobierno evalúa si alguien ha utilizado los beneficios públicos en el pasado y si es probable que lo haga en el futuro, incluso aquellos que no dependen de la asistencia podrían recibir una negativa. Se esperan desafíos legales a la nueva norma.
Infundir miedo
“La norma infundirá miedo en las comunidades de inmigrantes y hará que muchos inmigrantes que están aquí legalmente, y sus familias, renuncien a la cobertura de salud, asistencia nutricional y asistencia para la vivienda que necesitan”, dijo Bob Greenstein, presidente del Centro de Presupuestos y Prioridades Políticas.
Cuccinelli explicó que habría exenciones específicas para las poblaciones más vulnerables, como niños y madres embarazadas. Además, algunos programas como préstamos estudiantiles no serán un factor negativo para los inmigrantes que los usan. También dijo que los inmigrantes podrían evitar la evaluación de su probable uso de los beneficios públicos si encuentran un patrocinador dispuesto a firmar una declaración jurada que exprese que reembolsarían al gobierno por el uso de los servicios públicos.