Puntos políticos y legales de la “inconstitucionalidad” de Aula Segura
La senadora von Baer acusó “bloqueo” de la oposición, mientras Víctor Maldonado llamó al Gobierno a Negociar. El abogado Matías Künsemüller explicó el problema legal.
El proyecto de ley Aula Segura ha vuelto a poner frente a frente a Gobierno y oposición. La iniciativa impulsada por la ministra de Educación, Marcela Cubillos, fue declarada como inconstitucional por la Comisión de Constitución del Senado, lo que dificulta su ingreso a la Comisión de Educación para ser discutida por la urgencia que puso el Presidente Sebastián Piñera.
La senadora Ena von Baer (UDI) se mostró extrañada por este resultado pues, aseguró, este tipo de problemas generalmente se resuelven en la discusión parlamentaria. “Yo veo de parte de la oposición un bloqueo a la iniciativa. Si no les gusta, que la voten en contra, pero esto de buscar distintas excusas para no discutir el proyecto me parece que no está dentro de una discusión democrática”, dijo a Primera PAUTA.
Además, la senadora sostuvo que no le parece inconstitucional el proyecto, aunque puede ser perfeccionado en su discusión. “Aquí hay una urgencia de este proyecto y la oposición ha buscado distintos mecanismos para dilatar la discusión. Que un proyecto entre a la Comisión de Constitución no es un trámite normal, si uno considera que tiene vicios de constitucionalidad en la comisión que revisa el proyecto presenta las indicaciones necesarias. Eso es lo que se hace normalmente”, agregó.
El Diputado UDI Jaime Bellolio, integrante de la Comisión de Educación, aseguró en PAUTA Final, que “es legítimo que los senadores tengan dudas y quieran discutirlo. Por eso es que existe la posibilidad de hacer indicaciones. Pero lo que hicieron fue enviarlo a la Comisión de Constitución, para que estos dijeran que eran inconstitucional, atribuyéndose a sí mismos algo que no tienen, ya que el Congreso no puede declarar algo inconstitucional”.
También manifestó que “algunos han dicho que esto no resuelve el problema, pero aquí nadie pretende resolver el problema con una expulsión, pero que se pretende hacer con unos alumnos que le rociaron bencina a una profesora para asesinarla”.
El proyecto de Aula Segura busca dotar de mayores facultades a los directores de colegios públicos y particulares subvencionados para expulsar de manera inmediata a los estudiantes que protagonicen actos de violencia grave. La Comisión de Constitución argumentó que esta iniciativa no respeta el debido proceso.
Acuerdo político
La panelista de Primera PAUTA y subdirectora de Política Pública de Libertad y Desarrollo Bettina Horst, señaló que la violencia está “instalada en las comunidades educativas” y que “no podemos normalizar situaciones”. “Siento que estamos tratando de igual manera tipos de violencia que son muy distintos e inaceptables”, agregó.
Sobre la decisión de la Comisión de Constitución, Horst la calificó como “bastante insólita” y agregó que le “da la impresión que la oposición no se atreve a votar en contra”.
En tanto, el exsubsecretario de la Presidencia y de Desarrollo Social del gobierno de Michelle Bachelet Víctor Maldonado hizo un llamado al Gobierno a buscar la construcción de un acuerdo y no de la política comunicacional de marcar la diferencia: “El camino chico de pensar que un cambio de letras en una ley va a cambiar la convivencia”.
Añadió también que “en un país esas cosas [actos de violencia grave] deben ser probadas. Uno puede suspender, hacer el proceso y después expulsar”.
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La supuesta inconstitucionalidad del proyecto
El abogado penalista y columnista de Un Día Perfecto Matías Kunsemüller explicó que es “técnicamente incorrecto” decir que una comisión de parlamentarios declara inconstitucional alguna iniciativa, pues esa es una facultad del Tribunal Constitucional. “Lo que hace esta comisión es informar que a parecer de ellos el proyecto tendría vicios de inconstitucionalidad”, siguió.
Para el experto, el avance de Aula Segura depende de encontrar un punto intermedio en la exigencia para que un alumno sea expulsado: “Se está sancionando previo a escuchar al alumno y eso es lo que resulta contrario a los principios del debido proceso. […] [Pero] ¿Cuál debería ser el estándar para expulsar a un alumno? ¿Que haya sido condenado? Yo creo que no, que debe ser menor. Pero tampoco basta con que el rector de un colegio diga ‘yo creo que él fue, expulsado'”, sostuvo el abogado.
Después de la decisión de la Comisión de Constitución, la ministra Cubillos respondió: “¿Cómo va a ser inconstitucional expulsar a un alumno que lanza una molotov al interior del colegio o rocía con bencina a un profesor?”. Sin embargo, Kunsemüller explicó que el foco de la aprobación del proyecto no debe estar en el resultado final sino en el procedimiento de determinar la responsabilidad del acto vandálico.
“Si el procedimiento va a ser el ‘yo creo que el fue’ y por eso se expulsa, es una locura. De la misma forma, si para que un alumno pueda ser expulsado es necesario que la corte celestial lo condene después de un juicio de cinco años también es absurdo”, cerró.