Nacional

Suprema envía una señal: pagará sueldos a su personal de aseo aunque no trabaje

La vocera Gloria Ana Chevesich entregó un informe sobre cómo el Poder Judicial ha aplicado medidas extraordinarias en esta crisis.

Agencia Uno

Por Ana María Sanhueza

Martes 31 de marzo de 2020

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La vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, al dar cuenta la mañana del 31 de marzo de la situación de los tribunales y cárceles en la emergencia sanitaria, señaló que, aunque el personal de aseo que trabaja en el Poder Judicial no pueda desempeñarse -han sido cerrados 39 edificios-, de todas formas se les pagarán sus remuneraciones.

La información entregada por la vocera ocurre cinco días después del polémico dictamen de la Dirección del Trabajo (DT). En ese documento, la DT establece que ante medidas "como son la cuarentena, el cordón sanitario o el toque de queda, al ser actos de autoridad que responden a una situación de emergencia sanitaria [...,] se exonera a las partes de las obligaciones recíprocas que les impone el contrato de trabajo". Es decir, se exceptúan de "pagar la remuneración de parte del empleador y asistir a prestar los servicios pactados por parte del trabajador".

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La vocera de la Corte Suprema comentó que el jueves 26 el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial resolvió que al personal de aseo se le mantendrán los contratos por medio de las empresas que prestan servicios y en las mismas condiciones. "Por lo tanto, todos estos trabajadores deben recibir íntegramente la remuneración acordada, aun cuando no estén en condiciones de prestar las labores asignadas por la contingencia sanitaria", señaló Chevesich.

La señal suprema

La ministra explicó que si el pago no lo hacen íntegramente las empresas al personal de aseo, "ya sea remuneraciones o imposiciones, se va a aplicar la retención respectiva en los estados de pago, para los efectos de pagar las remuneraciones e imposiciones en los organismos de seguridad social. Esto es, en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), instituciones de salud previsional (isapres) y también del Fondo Nacional de Salud (Fonasa)".

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"Me he contactado con ellos y todos están bien hasta ahora, pero con las medidas propias del contagio", dijo la también ministra de la Corte Suprema.

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La magistrada agregó que una forma de bajar el contagio dentro del Poder Judicial ha sido disminuyendo la concurrencia de los funcionarios a los tribunales y también de los operadores del sistema, aplicando teletrabajo y videoconferencias.

De los 12.144 funcionarios, el 12% está operando vía presencial, el 71% a través de teletrabajo y el 12% se encuentra sin laborar. Añadió que existen 318 funcionarios en cuarentena preventiva y 39 edificios cerrados, los que han sido sanitizados.

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Informe sobre cárceles

Gloria Ana Chevesich señaló también que la Corte Suprema encargó a la ministra Rosa María Maggi realizar un seguimiento a los centros del Sename, mientras que la fiscal judicial del máximo tribunal, Lya Cabello, elaboró un informe sobre la situación de los penales del país. Hasta el momento, solo la Cárcel de Puente Alto ha presentado un caso de contagio de Covid-19.

Añadió que la fiscal judicial relató que en las cárceles se están aplicando los protocolos que les fueron entregados a Gendarmería. Cabello sugirió que se genere una mesa de trabajo entre Gendarmería y el Ministerio de Salud para uniformar los criterios a lo largo del país frente a la pandemia.

"La realidad de las cárceles es prácticamente de hacinamiento, pero Gendarmería se ha abocado en ir generando espacios que son indispensables para poder aislar (a los internos en observación) de la población penal", agregó.

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En el mismo informe judicial, se señaló que si bien no hay nuevos confirmados de Covid-19, salvo el de Puente Alto, en el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur hay ocho internos en observación, de nacionalidad extranjera, y que ingresaron recientemente.

Además, Chevesich indicó que se han realizado 664 audiencias de medidas cautelares de prisión preventiva durante la emergencia en los juzgados de garantía del país.

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