El estudio “boutique” tras la compleja defensa de Fuente-Alba

EH Abogados tiene tres socios en Santiago. Dos de ellos, Joanna Heskia y Pelayo Vial, están abocados en el caso del ex comandante en jefe del Ejército, en sus dos aristas: malversación de fondos públicos y lavado de activos.

En 2012, cuando lograron la condena en la Corte Suprema de dos altos ex oficiales del Ejército por el secuestro y homicidio del coronel Gerardo Huber -cuyo cadáver fue encontrado en la ribera del Río Maipo días después de que fuera citado a declarar por el tráfico de armas del Ejército a Croacia-, dos abogadas penalistas destacaban entre los querellantes: Joanna Heskia y María Inés Horvitz, la primera como representante de la familia de la víctima y la segunda por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Siete años después, ambas penalistas se reencontraron en una causa, pero como contrapartes, en el que se estima uno de los casos más complejos que hoy se tramitan tanto en la Fiscalía como en la justicia militar: el que involucra al ex comandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba. Esta vez, Joanna Heskia como defensora de Fuente-Alba -junto con Pelayo Vial– y María Inés Horvitz nuevamente por el CDE.

Fuente-Alba, quien está en prisión preventiva en el Batallón de Policía Militar del Ejército en Peñalolén, enfrenta un difícil escenario. Si hace una semana fue procesado por la ministra Rommy Rutherford como autor de malversación reiterada de caudales públicos por $3.500 millones, también enfrentará una próxima formalización por el delito de lavado de activos por parte del fiscal de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, José Morales, en una indagatoria paralela a la que realiza Rutherford y en la que se investiga el abultado patrimonio del general (r).

Según estiman varios penalistas, el caso de Fuente -Alba podría demorar de dos a tres años. Entre las razones, además de la alta complejidad y que finalmente llegará a la Corte Suprema, están que sus aristas se reparten en manos de dos investigadores. Uno es el fiscal Morales y otra es la jueza Rutherford. Por ello, la tarea para la defensa del excomandante en jefe- el tercero que enfrenta a la justicia, luego de Augusto Pinochet y Juan Emilio Cheyre- se da en un difícil escenario, en el que sus abogados deben litigar a dos bandas tanto en la justicia militar (que tiene los mismos códigos de la antigua justicia, con secreto de sumario y cuadernos secretos) como en la reformada justicia penal, donde las audiencias son públicas.

Parte de ese debate ya se adelantó cuando Heskia y Vial intentaron la semana pasada echar abajo el procesamiento de la jueza contra Fuente-Alba a través de un recurso de amparo, el que fue rechazado en forma unánime. El argumento de la defensa era que las tres declaraciones que le tomó Rutherford, y en las que Fuente-Alba admitió el uso irregular de fondos reservados, habían sido realizadas en largas jornadas y sin la presencia de sus abogados. Un argumento que la Corte Marcial desechó, pues esa es la forma que aún tiene de operar la justicia militar.

Sin embargo, ésta es una situación que no les ocurrirá ante el fiscal Morales: la reforma procesal penal no concibió la declaración de un imputado sin la presencia de sus defensores. Además, la nueva justicia entrega al imputado el derecho a guardar silencio.

Ahora, tras desistirse de apelar a la Corte Suprema ante el rechazo del recurso de amparo (el plazo acaba de vencer), los abogados de Fuente-Alba pedirán tener acceso al sumario de la ministra Rutherford y así poder conocer el contenido de un documento, que es clave tanto para las pesquisas de Morales como para el procesamiento dictado por la jueza: el informe de la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef) de la PDI, donde se analizaron sus bienes y su dinero.

Una relación de cinco años

Fuente-Alba es cliente del estudio EH Abogados desde 2014, cuando comenzó la investigación del fraude a la Ley Reservada del Cobre y su nombre surgió en una de las 21 aristas de la causa. Se trata del mismo año en que la firma, que nació en Concepción hace dos décadas y mantiene una oficina allá, abrió en Santiago.

Es un estudio “boutique”, como llaman los abogados a las firmas pequeñas pero que se dedican a casos de alta complejidad en forma personalizada. En Concepción trabaja Enrique Tapia (hijo del ex ministro de la Corte Suprema Enrique Tapia Wittig) y en Santiago los tres socios: Espinoza, Heskia y Vial. Este último se sumó en junio de 2016 y llegó directamente desde la Defensoría Penal Pública (DPP), donde fue jefe de estudios de la Defensoría Metropolitana Norte.

En la DPP, Vial -especialista en litigio procesal penal- llevó varios casos complejos. Uno de ellos fue el de Carlos Ominami, cuando lo representó en el caso SQM por falsificación ideológica de boletas y logró su sobreseimiento. 

Cuando Vial se sumó a la firma, también se abocó a los causas complejas que ya llevaban Heskia y Espinoza: la defensa en el caso SQM de Fulvio Rossi, en la que fue sobreseído de delitos tributarios y también a Cristian Warner, quien era un estrecho colaborar de la campaña de Marco Enríquez-Ominami (ME-O).

Además de los casos de platas políticas, en Concepción defendieron a los a los dueños del Alto Río, el edificio de Concepción que se derrumbó en el terremoto del 27 de febrero de 2010 y que fueron sentenciados a tres años de presidio remitido y al pago de $2 mil millones de pesos a las víctimas. Mientras que hoy son representantes de Gas Sur tras la explosión en el Sanatorio Alemán, en abril del año pasado, y que dejó varios heridos y víctimas fatales.

También, representaron en Chile a Nicolás Zepeda, el joven chileno requerido por la justicia francesa tras la desaparición de la estudiante japonesa Narumi Kurosaky. Y tal como lo han hecho hasta ahora con Fuente-Alba, en este caso tanto su cliente como sus abogados han guardado un muy bajo perfil, sin dar entrevistas ni declaraciones.

Hoy, Heskia y Vial están abocados al caso del ex comandante en jefe del Ejército, mientras que Espinoza se concentra en la causa de Longueira en SQM, que hasta ahora está lejos de cerrarse y que, en marzo, se debatirá en el Tribunal Constitucional.

Vínculos con Luksic y los jesuitas

De los socios del estudio, Alejandro Espinoza y Joanna Heskia están ligados a la Fundación Amparo y Justicia, cuyo vicepresidente y fundador es el empresario Andrónico Luksic. La entidad se dedica a la defensa de niños que han sido víctimas de abusos sexual o la de los padres que han perdido a sus hijos producto de una violación con homicidio.

Espinoza es miembro del directorio de la fundación, mientras que Joanna Heskia es consejera. Allí comparte con el penalista Ciro Colombara -en cuyo estudio trabajó durante ocho años y juntos representaron a la familia de Huber- y con la académica de Derecho de la Universidad Católica, María Elena Santibáñez, entre otros.

Heskia, quien está próxima a recibir su título como magíster en Derecho Probatorio en la Universidad de Puerto Rico, se ha especializado en defensa de casos de abuso sexual de niños. En ese contexto, ha estado tras varias causas de connotación pública como querellante, entre ellos el caso Spiniak, donde representó a la ONG Ciudadanía Activa y también la causa contra Rafael Maureira, alias Zakarach.

Justamente ese sello es por el que es la única del estudio que, en un trabajo que es indepediente a BH Abogados, fue convocada por la Compañía de Jesús hace un año para hacerse cargo de recepcionar las denuncias por abusos sexuales al interior del Colegio San Ignacio  y, además, es parte de la Comisión de prevención de abusos y acompañamiento que creó Schoenstatt el año pasado. Se trata de dos instancias que compatibilizará con la ardua defensa de Fuente-Alba.