La educación técnico-profesional que recibe a Piñera
El debate por el lucro en las universidades no afectó a institutos profesionales y centros técnicos.
Terminar con el lucro en la educación. Ese fue uno de los objetivos que se propuso la expresidenta Michelle Bachelet cuando llegó por segunda vez a La Moneda. Para concretarlo, el primer paso fue eliminarlo de la educación escolar y para eso impulsó la Ley de Inclusión. El segundo paso fue erradicar el lucro de la educación superior y así tramitó una reforma que, entre otras cosas, aumentó la fiscalización, creó la Superintendencia de Educación Superior y tipificó el lucro como un delito.
Pero todo eso no fue para todos, ya que los cambios tuvieron un gran ausente: la educación técnica. El gobierno pasado no tocó a los Institutos Profesionales (IP) ni a los Centros de Formación Técnica (CFT) que, desde 1981, tienen por ley permitido lucrar. Así lo estipulan dos decretos de ley de ese tiempo en que se establece que “cualquiera persona natural o jurídica podrá crear” un IP o un CFT.
La idea que no fue
El año pasado, cuando los equipos encargados de la reforma educacional preparaban el texto que cambiaría la educación superior, la pregunta sobre el lucro en los IP y CFT fue ampliamente discutida en el Ministerio de Educación (Mineduc). Así lo recuerda la entonces jefa de la División de Educación Superior (Divesup), Alejandra Contreras, quien confirma que inicialmente la voluntad del Mineduc de esa época era eliminar el lucro del sistema completo.
“Al inicio de la discusión de la reforma estuvo considerado la posibilidad de pensar que todas las instituciones de educación superior, incluido los IP y CFT, pasaran a ser instituciones sin fines de lucro. Sin embargo, esa discusión, por razones de viabilidad política, por la posibilidad de que esto realmente se aprobara en el Congreso, fue desechada”, recuerda Contreras.
Por eso la opción que quedó plasmada en la ley que más adelante deberá promulgar el Presidente Sebastián Piñera fue que, sólo para aquellos IP y CFT que busquen acceder a la gratuidad, se les exigirán dos requisitos: no tener fines de lucro —ni la institución ni sus controladores— y estar acreditados ante la Comisión Nacional de Acreditación por al menos cuatro años.
Para que el primer requisito se pudiera cumplir, los parlamentarios, mientras tramitaban la reforma, tuvieron que legislar una ley especial para permitirles a dichas instituciones poder transformarse voluntariamente en fundaciones o corporaciones sin fines de lucro.
Las cifras que rodean a los IP y CFT
Según los datos oficiales del Mineduc, en toda la educación técnica superior estudian 514.143 alumnos. La cifra representa el 44% de la totalidad del sistema de educación superior. Todos esos estudiantes se encuentran repartidos en 43 IP y 48 CFT.
De la totalidad de dichas instituciones, 13 IP y 25 CFT están constituidos como personas jurídicas sin fines de lucro. Así, el 42% de todo el sistema de educación técnico-profesional sí persigue fines de lucro.
Para este año, tal como lo establece la ley, sólo una institución, el CFT Lota-Arauco, ha manifestado su voluntad de transformarse en corporación o fundación sin fines de lucro.
A este escenario se suma que, dados los requisitos que exige la ley, de las 91 instituciones sólo 13 cumplen con los requisitos para acceder a la gratuidad. Es decir, de las 38 entidades (IP y CFT) sin fines de lucro, un tercio puede otorgar a sus estudiantes el beneficio de la gratuidad. El año pasado hubo 93.535 alumnos favorecidos y, en lo que va del proceso de asignación 2018, el Mineduc lleva 52.821 beneficiarios.
La información respecto de los IP y los CFT por parte del Mineduc es bastante restringida. Ante la consulta de PAUTA.cl sobre cuántos controladores tienen fines de lucro, el organismo afirma que “esta información no se encuentra sistematizada dentro del Ministerio de Educación”.
Sin embargo, dada la nueva ley de educación superior, una vez que entre en rigor la nueva Superintendencia de Educación Superior, que contará con atribuciones para vigilar el cumplimiento de la ley por parte de las instituciones, estos datos sí tendrán que ser entregados por las instituciones, por lo que se espera que a fines de este año el ministerio cuente, por primera vez, con el detalle de las personas naturales o jurídicas que controlan los IP y los CFT.
El plan de Piñera
Este escenario que recibe Piñera es especialmente relevante. La razón la entregó él mismo cuando en su campaña se comprometió a aumentar la gratuidad en la educación técnico profesional. El objetivo fue ambicioso, ya que se autoimpuso avanzar del sexto decil hasta el noveno. “Vamos a avanzar hasta llegar al 90% de los estudiantes técnicos profesionales, eso significa beneficiar a 325 mil jóvenes chilenos”, dijo el actual Mandatario en noviembre del 2017.
PAUTA.cl consultó a la actual Divesup sobre cómo está preparando este proyecto y el organismo se limitó a afirmar que el asunto es “un tema en desarrollo” y que no entregarán detalles al respecto.
Por el momento, el ministerio que lidera Gerardo Varela no tiene el foco puesto la educación superior, confirma el diputado de RN Diego Schalper, quien integra la Comisión de Educación de la Cámara Baja: “El ministro ha trazado una prioridad, la cual es la educación inicial y la calidad en la educación con una serie de propuestas, pero la convicción está en que la prioridad son los niños”.
Según el parlamentario, lo más probable es que los temas de educación superior, como el aumento del universo beneficiado por la gratuidad, se vean más adelante. Y para los proyectos actuales y futuros, tanto el Ejecutivo como el oficialismo están trabajando para ordenar y coordinar la agenda fijando reuniones periódicas entre los diputados que forman parte de la Comisión de Educación y las autoridades del Mineduc. Los legisladores, el ministro, el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, y la subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro, se reúnen todos los lunes para unificar criterio en estos temas.
Este martes 3 de abril el ministro Varela anunció la primera acción de su cartera sobre los asuntos que afectan a la educación superior. Luego de asistir a la sesión de la Comisión de Educación de la Cámara, informó que el Ejecutivo retirará el proyecto que termina con el CAE que ingresó Bachelet durante las últimas semanas de su gobierno. El Gobierno se puso un plazo de 90 días para perfeccionar el texto y presentar otro proyecto de ley. “Esperamos la próxima semana ya tener reuniones con Hacienda y, eventualmente después, con Presidencia, para reingresar ese proyecto, porque nos parece que es urgente”, dijo el secretario de Estado.
Una de las definiciones más importantes sobre la gratuidad en educación técnico-profesional que deberá tomar el oficialismo es cómo llegar a la meta de 325.000 estudiantes con gratuidad. El abogado constitucionalista Jorge Barrera, quien fue asesor de la senadora UDI Ena von Baer en la tramitación de todos los proyectos de educación en el gobierno pasado, asegura que se puede lograr un aumento de la gratuidad “generando un incremento progresivo de derechos fundamentales”.
La opción de Barrera es similar a lo que hizo el gobierno de Bachelet con la ley de carrera docente. En esa se estipuló que al sistema de perfeccionamiento docente podrían ingresar de inmediato los profesores escolares, sin embargo, se estipuló que las educadoras de párvulos recién podrán ser parte de la carrera docente en 2020. Así, según explica Barrera, una opción que podría manejar el Mineduc es “cumplir progresivamente una igualdad de trato entre las instituciones”, al fijar por ley que hasta cierto año aumentarán la gratuidad en primer lugar los IP y los CFT y, más tarde, las universidades.