La larga espera por un protocolo para emergencias por contaminantes en Quintero y Puchuncaví

En 2014, el Ministerio de Medio Ambiente planteó la creación de un protocolo para enfrentar emergencias de alzas de contaminantes. Nada se pudo activar en la reciente crisis en la zona, pues el plan no existe.

Los recientes episodios de contaminación que afectaron a los habitantes de Quintero y Puchuncaví revelaron no sólo fallas en cuanto a la detección de los agentes contaminantes, sino también de información a la comunidad, coordinación entre los organismos que debían responder ante esta emergencia y definición respecto de las fuentes emisoras de la contaminación. Todo ello debe ser parte de un protocolo oficial que norme la respuesta del Gobierno y sus servicios ante estos episodios criticos.

Pero esta emergencia reveló una carencia básica: ese protocolo sencillamente no existe. No se trata de cómo resolver de raíz la contaminación, sino de cómo enfrentar emergencias de manera de proteger a las personas.

No es que a nadie se le haya ocurrido que sea necesario.

Tener este protocolo ha sido un desafío al menos desde 2014 y es un tema que ha sido abordado desde el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) con otras reparticiones públicas y la sociedad civil de las comunas afectadas. Incluso se licitó un estudio a una consultora especializada para afinar el diagnóstico sobre lo que vive la comunidad cercana a la zona industrial y crear un procedimiento coordinado de emergencias.

El informe final elaborado por la consultora está en manos del MMA desde diciembre de 2015, pero no ha habido avances. Dirigentes sociales de Quintero y Puchuncaví que han participado en instancias de trabajo con las autoridades, en materias de la contaminación, desconocen la existencia de un protocolo de emergencias.

Lento avance

En 2014, el MMA lanzó el “Programa para la Recuperación Ambiental y Social para Quintero y Puchuncaví” (PRAS), que incluía un itinerario con 122 medidas de corto, mediano y largo plazo. Entre ellas se incluyó la necesidad de establecer un protocolo para emergencias asociadas a la contaminación, cuya elaboración tenía prioridad alta y para la cual se propuso una inversión de $30 millones.

Paralelalemente, se constituyó un Consejo para la Recuperación Ambiental y Social (CRAS), un grupo multisectorial donde participa la sociedad civil que se articuló en torno a mesas de trabajo para plantear soluciones.

En diciembre de 2017, después de cuatro años de monitoreo y reuniones de este Consejo, el MMA publicó el informe final de PRAS en el cual, entre otros problemas, se señala que el estándar de Chile para dióxido de azufre (SO2) es el doble del que recomienda la Unión Europea y doce veces más alto que el valor que recomienda la OMS.

En el mismo texto se propone elaborar y difundir el protocolo de emergencia para enfrentar las alzas de contaminantes y proteger la salud y seguridad de las personas frente a episodios de contaminación, incluyendo aquellos  “específicamente asociados a los peaks de SO2”. También se plantea que el protocolo funcionará como un procedimiento coordinado entre las empresas, sociedad civil y autoridades, y que permitirá actuar de forma inmediata en caso de acontecimientos que provoquen daños a la población o al medio ambiente.

Nueve meses después de dar a conocer el informe y en medio de la crisis ambiental de la zona, aún no existe este protocolo.

Dudas de la comunidad

Víctor Azócar, representante de la sociedad civil y vicepresidente del CRAS, señala que se realizaron mesas de trabajo, pero que el MMA nunca les entregó el protocolo. “Se creó el informe y solo hasta ahí supimos, porque vino el cambio de presidente. El protocolo no se hizo, lo del CRAS no se tocó nada”, indica.

El CRAS continúa sesionando todos los meses. Sin embargo, Azócar dice que tras el episodio tóxico iniciado en agosto no se habían reunido. “Por todo lo que ha pasado no nos hemos podido reunir y estamos indignados, nos han cambiado tres veces ya la fecha”. Este lunes 10 de septiembre el CRAS finalmente sesionó.

Desde el MMA admitieron que el protocolo aún no está operativo. Destacaron que la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, ha señalado que “se establecerá una normativa más exigente en calidad del aire para el dióxido de azufre a partir del primer semestre de 2019. Esto quiere decir que por primera vez en Chile se establecerá una norma horaria de dióxido de azufre, lo que permitirá medir cada una hora lo que actualmente se mide cada 24, incorporando niveles de exigencia más altos, equivalentes a los de la Unión Europea”.

Respecto de cuándo Quintero y Puchincaví tendrán un protocolo de emergencias, precisaron que esa medida “será ejecutada en su totalidad en la segunda parte del Apell, en donde también servirán como insumos los antecedentes recabados en el estudio Apell”. Apell es la denominación de un procedimiento de emergencias coordinado, diseñado por Naciones Unidas, para proveer respuestas organizadas para comunidades que enfrentan los riesgos de convivir con zonas industriales.

Apell: un procedimiento de $70 millones

Según el MMA, uno de los problemas sentidos por la comunidad era la falta de información respecto de las industrias vecinas del parque industrial y de qué hacer en caso de una emergencia.

Por ello se decidió licitar un estudio para empezar a responder a la demanda de la comunidad, aportar al territorio conocimiento en el tema de emergencias, y para hacer un diagnóstico y realizar recomendaciones para crear un procedimiento de emergencias coordinado: el procedimiento Apell.

La licitación para este procedimiento, para la cual se invirtieron $70 millones, fue publicada en julio de 2015. Fue adjudicada a la consultora IdeAmbiente en agosto de ese año. Cuatro meses después, Ideambiente entregó el informe final al MMA. 

De acuerdo con el MMA, el estudio “elaboró una propuesta inicial de un plan de respuesta integral Apell, el cual entrega directrices globales para las acciones de emergencia, los que sirven de insumo para la concreción del proceso Apell, trabajo que está en proceso de definición”.

El informe final aún no se ha entregado a la población de Quintero y Puchuncaví. Víctor Azócar señaló que “solamente nos hicieron una presentación basada en un protocolo hecho en la Bahía Blanca en Argentina, pero hasta ahí no más quedó”. Nielz Cortés, representante de la sociedad civil en el CRAS, cuenta que el Apell nunca se ejecutó. “Se hizo la consultoría, pero no nos entregaron documentación”. 

En diciembre de 2015 el Ministerio del Interior conformó una mesa de trabajo que reunía a diversos actores multisectoriales. Cortes volvió a representar a la sociedad civil en esta instancia y señala que la iniciativa del Interior “era como una CRAS paralelo, que quería ser un ente que ejecutara las medidas del Programa”. 

Casi un año después, en octubre de 2016, el MMA publicó en su página web que el procedimiento Apell creado por Ideambiente estaba siendo ejecutado por la mesa de trabajo creada por el Ministerio del Interior. Sin embargo, Cortés asegura que esto “quedó en nada. Nunca nos pudimos constituir. Nunca se ejecutó nada con respecto a eso”.