La particular naturaleza cívico-militar de Gendarmería

¿Por qué una institución de carácter militar puede tener gremios de funcionarios? Esa es una de las interrogantes que surge en medio del acuartelamiento de los gendarmes y su respuesta radica en su origen.

Las recientes decisiones de los funcionarios de Gendarmería han escalado en gravedad. La institución acumuló cuatro días de movilización que incluyeron paro, huelga de hambre y acuartelamiento de los uniformados en varios centros penitenciarios del país. Junto con provocarle un importante problema político al Ejecutivo, en especial al Ministerio de Justicia —la cartera de la cual depende Gendarmería—, el organismo está generando una serie de complicaciones para el funcionamiento de los penales y sobre todo de la justicia.

Este jueves 8 de noviembre, hubo cerca de 80 personas en prisión preventiva que no pudieron salir de los calabozos del Centro de Justicia, porque tenían prohibido ingresar al recinto penal debido a la fuerte negativa de los gendarmes para recibir otros internos.

El asunto incluso tiene movilizada a la Defensoría Penal Pública, que presentó un amparo constitucional para proteger las garantías de quienes se encuentran en esta situación. También preocupa a los jueces de garantía, quienes están pendientes de las posibles vulneraciones al debido proceso que se podrían generar. Dos juezas de Corte de Apelaciones hicieron visitas para monitorear las condiciones de los reclusos.

La Moneda ha evitado involucrarse en el asunto. A través de su vocera, Cecilia Pérez, en palacio han dicho que se trata de un paro “ilegal” y que los uniformados “no pueden entorpecer las labores del Poder Judicial”. Pero por cierto que hay un interlocutor. En este caso se trata del subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, quien es el interlocutor con los gremios de gendarmes.

La huelga, que no es ninguna novedad ya que suele ocurrir en todos los gobiernos, volvió a traer al debate varios de los temas pendientes que tiene a Gendarmería al centro de una crisis arrastrada desde al menos los últimos 25 años.

Uno de los puntos de fondo de la situación, y que es comentario obligado entre parlamentarios y exfuncionarios del Ministerio de Justicia, radica en la siguiente interrogante: ¿Por qué una institución de funcionarios públicos que tiene acceso a armas puede irse a huelga para presionar al Ejecutivo para que les concedan sus demandas? La pregunta se pone aún más difícil cuando se tiene en cuenta el carácter militar de la entidad.

El extraño caso de un organismo con naturaleza cívico-militar

Gendarmería es una institución que existe desde el siglo XIX y tiene sus raíces en lo que antes se llamó las policías de prisión, que tenían un carácter civil. Así estuvieron, bajo distintos nombres posteriores, durante varias décadas hasta que en 1979 el régimen militar quiso impulsar una reforma dado el aumento de los recintos penitenciarios y la cantidad de personas privadas de libertad.

En septiembre de ese año se dictó la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, hito que marcó un relevante cambio: la institución dejó de ser civil y pasó a tener un carácter militar. Los funcionarios se vistieron de uniforme, estructura y grados militares. Además, su previsión se regula según el mismo sistema de Carabineros (Dipreca).

Pese a ser militar, no depende del Ministerio del Interior, porque su foco no está en la seguridad. A pesar de que parte importante de sus atribuciones apunta a la custodia de los internos, su foco también incluye el trabajo de reinserción social, elemento que compete a Justicia.

Entonces, ¿por qué una institución militar puede tener asociaciones de funcionarios? Esa es una de las primeras preguntas que surgen de inmediato, ya que, por ejemplo, ni Carabineros ni las Fuerzas Armadas tienen prohibido contar con este tipo de gremios.

El exsubsecretario de Justicia Nicolás Mena explica a PAUTA que los antecedentes históricos sobre el origen de Gendarmería son fundamentales para entender parte de la crisis actual. “Todo esto generó que Gendarmería quede en una situación especial. Es un organismo público híbrido, algo que no se da en ninguna otra parte al tener este carácter cívico-militar. Esta naturaleza genera buena parte de los problemas históricos que se vienen arrastrando desde hace años”, dice Mena. 

La “parte civil” hace que los gendarmes puedan organizarse en asociaciones de funcionarios, dice Mena. Esto mismo fue comentado por un exfuncionario del gobierno anterior que vio en detalle estos temas e incluso se sentó varias veces con las asociaciones de Gendarmería para trabajar en sus demandas. Y la respuesta está en la Ley 19.296, que establece las normas sobre asociaciones de funcionarios.

Sin embargo, incluso hay un problema con el criterio de los funcionarios públicos, pues resulta que una huelga en el sector público está prohibida por la Constitución (en el artículo 19, número 16, inciso final). Pero se hacen huelgas de todos modos, e incluso la entonces presidenta Michelle Bachelet incluyó abiertamente permitir esa opción en su propuesta de cambio constitucional en marzo de este año. Así, los gendarmes, en su “lado civil”, no estarían haciendo algo muy distinto de lo que hacen otros trabajadores de servicios fiscales como Aduanas, los trabajadores de la salud o el Registro Civil, entre otros.

Un problema de recursos

Las demandas de los gendarmes se reducen en tres: la redistribución de los cargos de plantas de oficiales y suboficiales; mejorar la previsión aumentando el tope de pensiones, y que 2.500 funcionarios a contrata pasen a planta.

Lo más urgente, dicen los dirigentes, es la carrera funcionaria. En síntesis, el problema está en que una carrera que es piramidal tiene a la mayoría de sus funcionarios en la base y no se produce una movilidad debido a que no existen incentivos al retiro, por lo que los trabajadores de los escalafones superiores suelen estar ahí muchos años. Lo segundo está en la cantidad de gente a contrata. La carrera funcionaria sólo aplica para los trabajadores de planta, por lo tanto por eso los gendarmes solicitan el traspaso de más de 2.500 funcionarios.

Todos estos cambios implicarían una inyección de más de $50 mil millones, según el Ejecutivo, y $21 mil millones según los gendarmes, aumento que el Gobierno no estaría dispuesto a conceder de forma completa. Fuentes de Justicia aseguran a PAUTA que la totalidad de esos cambios están fuera de rango, dicen que se trata de algo “desproporcional” y que no va en la línea de los temas “prioritarios” para la cartera, como sí lo es Sename.

Los gremios dicen que una de las piedras de tope más importante son el presupuesto de gendarmería. Según el proyecto de ley que regula el presupuesto 2019, sólo se contempla una variación de 2,2% en los recursos para esa entidad. En gastos de personal, el incremento específico es de 0,7%.

Al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, Alberto Figueroa, asegura a PAUTA que el aumento es “ínfimo respecto de las necesidades que nosotros tenemos” y refleja que “el Estado chileno sigue postergando y discriminando la función penitenciaria, siendo esta tan importante para la seguridad ciudadana”.

El exsubsecretario Mena dice que, frente a este crispado contexto, lo fundamental es deponer el paro y una vez que eso ocurra habrá que hacerse cargo del fondo del asunto: “Es necesario hacer una reforma a largo plazo que, entre otras cosas, resuelva de una vez por todas si son militares o civiles. Según eso, habrá que tener claridad de sus derechos y deberes”. 

Mire la presentación del tema en Primera Pauta: