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Los acuerdos de la Universidad Católica luego de la movilización feminista

Luego de un semestre de trabajo, seis de las siete mesas de discusión llegaron a acuerdo en las medidas a implementar en esta casa de estudios.

Agencia Uno

Por Juan Manuel Ojeda

Martes 27 de noviembre de 2018

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Este año la Pontificia Universidad Católica (PUC) vivió un fuerte remezón liderado por sus estudiantes. En mayo, el Movimiento Autónomo Feminista Interseccional (MAFI) se tomó el campus Casa Central y las estudiantes lideraron una arremetida que duró cuatro días.

La situación polarizó a los estudiantes y obligó al rector Ignacio Sánchez a sentarse a negociar con las alumnas para destrabar el conflicto. Como resultado de esas tratativas, se puso fin a la toma y se llegó al compromiso de iniciar un trabajo en conjunto entre autoridades y estudiantes para darle una salida institucional a las demandas levantadas por el MAFI.

El rector Sánchez justo en el momento en que llegó a acuerdo con las estudiantes movilizadas para deponer la toma de Casa Central. Crédito: Agencia Uno

Así, se crearon siete mesas que estuvieron en funcionamiento durante todo este segundo semestre. En cada uno de esos espacios participaron representantes del movimiento feminista, del rector, académicos y estudiantes que en conjunto sumaron más de 80 personas. Las conclusiones de este trabajo fueron comunicadas esta semana por Sánchez, quien informó a toda la comunidad universitaria sobre las medidas que adoptó la casa de estudios.

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Cómo se gestó el fin de la toma de la UC y los cambios que negoció el rector

Las líderes del movimiento bajaron la ocupación tras cuatro días y el compromiso de Ignacio Sánchez de aceptar tres de sus 18 peticiones. Ambas partes acordaron crear una mesa para avanzar en puntos comunes.

Las medidas a implementar

En la mesa que analizó los protoclos en materia de violencia sexual y acoso sexual se llegó al resultado de cuatro acuerdos que buscan "explicitar los principios y ampliar las definicios sobre violencia sexual y acoso", mejorar los procesos de denuncias internos, una modificación al Reglamento sobre Responsabilidad Académica y Disciplinaria de los Miembros de la Comunidad Universitaria y encargar un "estudio de las situaciones de violencia sexual fuera de la UC, a fin de evaluar el actual protocolo".

En el segundo grupo, que estudió cambios a las "estrategias de prevención", los integrantes de esta mesa consensuaron ocho medidas. Entre las más destacadas están la ampliación de los "objetivos de la política UC en Prevención de violencia sexual", la incorporación del tema de violencia, abuso y discriminación en el Diplomado de Docencia Universitaria y en las Jornadas de Inducción y el desarrollo de protocolos de prevención en las organizaciones estudiantiles.

La tercera mesa de trabajo llevaba el nombre de "Educación feminista interseccional". Aquí se trabajó en cuatro medidas a implementar. Entra ellas están la intención por incorporar "los temas de equidad de género en contenidos, evaluaciones, bibliografía y fondos concursables", el uso de un "lenguaje genérico, que respete el castellano, en la documentación, reglamentaciones y comunicaciones institucionales", y se acordó favorecer una "creciente incorporación de mujeres en la planta académica". Para esto último, el Consejo Superior de la universidad buscará los mecanismos para asegurar la participación de ciertos mínimos de docentes mujeres en las postulaciones a concursos.

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La agenda feminista de la PUC entra en la recta final

Las siete mesas de trabajo tienen sus temáticas definidas. Para llegar a acuerdo tienen dos semanas de plazo, que podrían extenderse.

En la mesa que analizó la situación que viven las madres y padres universitarios se decidió impulsar ocho beneficios para estos estudiantes. Las medidas apuntan a por ejemplo extender los beneficios en la toma de ramos a los cuidadores y tutores, intalar mudadores en baños inclusivos, entre otros.

Hubo un quinto espacio que se dedicó a abordar los temas de "inclusión y diversidad". Acá se ratificó uno de los compromisos que suscribió el rector Sánchez con las estudiantes movilizadas para bajar la toma: la identificación en el sistema PUC de los alumnos trans por su nombre social. Junto con eso, se decidió eliminar la identificación por género en los formularios de salud, entre otras seis medidas.

La última mesa de trabajo trató la situación que viven las empresas externas de la UC. Dentro de los asuntos analizados, se respaldaron "los nuevos criterios definidos para la atención y adjudicación de licitaciones de empresas externas", se difinió que en casos de cambio de empresas se mantengan los "trabajadores con larga historia y buena evaluación en la UC".

La mesa que fracasó

El último espacio de trabajo llevaba el siguiente título: "Ley de aborto en tres causales". El objetivo, que se pusieron las estudiantes movilizadas, era que aquí se revisara la decisión institucional del plantel de no realizar abortos en los centros asistenciales de la Red Salud UC Christus.

El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Crédito: Agencia Uno

La idea desde un inicio fue polémica. Implicaba cuestionar la identidad católica de una universidad pontificia. De hecho, esa vez Sánchez dijo en PAUTA que descartaba implementar "cualquier cambio que fuera contrario a los principios de la universidad".

En el correo que Sánchez le mandó a toda la comunidad universitaria, cuando se refirió a esta mesa, explicó por qué no fue posible hacer que este grupo funcionara. "No obstante los esfuerzos oficiales realizados para concretar la iniciativa, no fue posible avanzar en la instalación de la mesa, en la designación de todos sus integrantes y en el establecimiento de objetivos, lo que determinó su cierre".

Pese a la presión de ciertos sectores de la universidad, sobre todo de los estudiantes, la PUC se mantiene firme en su posición: no realizará abortos. De hecho, como en un inicio el protocolo de la ley impedía que la red pudiera declararse objetora de conciencia institucional por recibir financiamiento estatal, Sánchez dijo públicamente que no había impedimento, ya que todos los médicos que trabajan en los centros UC suscriben a los principios de la universidad y, por tanto, deben ser objetores individuales.

Con todo, estos problemas ya no afectan a esta casa de estudios. La razón radica en que el nuevo reglamento de aborto en tres causales permite que el plantel pueda ser objetor institucional. Los obstáculos están en los centros privados que reciben financiamiento público y que incluyen prestaciones en "pabellón", algo que la UC no tiene debido a que sus convenios con el Minsal sólo aplican para los Centros de Salud Familiar Áncora, que son de atención primaria y ambulatoria.

El proceso que realizó la PUC no es algo novedoso para sus estudiantes y académicos. Desde hace varios años que este plantel universitario realiza los llamados "UC Dialoga", instancias de conversación en base a mesas temáticas en las que participan representantes de los tres estamentos. Esta misma metodología se aplicó para trabajar los temas impulsados por las estudiantes feministas y los acuerdos logrados serán implementados a través del Consejo Superior y las otras instancias respectivas.

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