Gremio de jueces acusa a la Suprema de ejercer funciones que son del Congreso

Soledad Piñeiro, presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados, critica que el Pleno dictara normas para modificar el sistema de nombramientos.

Totalmente en contra, sobre todo en la forma. Así se manifiesta la presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados y ministra de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Soledad Piñeiro, respecto de la decisión del Pleno de la Corte Suprema -del pasado 6 de junio- de adelantarse al proyecto de ley que anunció el Gobierno para modificar el sistema de nombramiento de los jueces y dictar un auto acordado con sus propias normas para cambiar el proceso.

El acuerdo del Pleno lo informó el pasado lunes 10 el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, quien señaló que el auto acordado operará mientras no exista una modificación legal. Entre sus puntos principales se encuentra que los concursos de ministros de cortes de apelaciones y jueces, en adelante serán ciegos (sin conocer el nombre del postulante) y con audiencias públicas.

Cisternas hizo el anuncio 10 días después de que en su cuenta pública el Presidente Sebastián Piñera informara que se hará un reforma al sistema de nombramiento de los jueces, la que está a cargo del ministro de Justicia, Hernán Larraín. De hecho, el secretario de Estado ya comenzó a difundir de qué tratan los cambios. El principal: que las designaciones las realice un Consejo Nacional de Nombramientos autónomo, a fin de evitar la politización del sistema y la posibilidad de lobby para acceder a los cargos.

Soledad Piñero estima que la Corte Suprema se excedió en sus funciones y que debió esperar el avance del proyecto de ley y no dictar un auto acordado “por la contingencia”. Y añade: “Esto no es una propuesta, sino un auto acordado. Y nosotros estamos absolutamente en contra de que la Corte Suprema nuevamente asuma tareas que le corresponden al Poder Legislativo y, en este caso, establece procedimientos para el sistema de nombramientos y requisitos que no están contemplados en la ley, además de una serie de fórmulas que pretenden subsanar lo que hoy día reconocen como una falta legal”.

De hecho, la decisión del Pleno se produce en medio del caso de los tres ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua investigados por presuntas irregularidades e intervención en nombramientos en su zona -y que están al borde de la expulsión- y ante el inminente rechazo del Senado que obligó a la ministra Dobra Lusic a renunciar a ser la candidata del Gobierno para ascender a la Suprema.

–¿Por qué cree que la Corte Suprema debió esperar el proyecto de ley?

“Porque esto debió seguir su curso por la vía que corresponde, que es el Congreso y la discusión parlamentaria. Y en esa discusión pueden tomar parte muchos actores, entre ellos la Corte Suprema y también a Asociación Nacional de Magistrados, sin perjuicio de que los parlamentarios convoquen a otros actores, como académicos que ya han manifestado que este sistema debe cambiarse. Nostros llevamos a lo menos 12 años esperando que estas modificaciones legales -que pretenden una reestructuración completa del Poder Judicial-, se lleven a cabo. Por eso estamos en condiciones de seguir esperando lo que demore este proyecto en ser tramitado y aprobado”.

–Al ser un auto acordado, ¿tiene la sensación de que se les está imponiendo una fórmula?

“No es una sensación, esa es la fórmula legal, porque legalmente la Corte Suprema tiene facultades para dictar autos acordados. Lo que nosotros cuestionamos es el contenido y las materias que abarcan esos autos acordados, que en este caso son materias que son propias de ley. Nunca debieron hacerlo por esta vía”.

–¿A qué atribuye a que el Pleno se haya adelantado en dictar medidas?

“Yo creo que la contingencia producida por los nombramientos que todos conocemos, y por las conversaciones entre la Asociación con el Ministerio de Justicia, la han impulsado a realizar esta pretendida reforma”.

–El vocero de la Corte Suprema, al anunciar estos cambios, advirtió que este auto acordado tenía la función de operar mientras se avanzaba el proyecto de ley.

“Nosotros entendemos que aun siendo ‘mientras tanto’, ninguna autoridad -y menos el Poder Judicial- puede arrogarse facultades que están determinadas por mandado constitucional. Porque la Constitución divide los poderes y entrega atribuciones. Y en este momento, la Corte Suprema está tomándose atribuciones que no le corresponden. Pero esto no lo decimos a propósito de esta acta, sino que lo hemos dicho a propósito de innumerables cantidades de actas que se remiten a materias propias de ley. Esto también lo hemos discutido ante el Tribunal Constitucional, lo tenemos pendiente en una acción de nulidad de derecho público y además ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a la independencia judicial. Allá dimos a conocer la prolífica conducta que tiene la Corte Suprema a dictar autos acordados sobre materias propias de ley”.

Mesa con Justicia

Piñeiro recordó a PAUTA que el gremio de magistrados trabaja al menos desde 2007 en propuestas para cambiar el sistema y que fueron parte de una mesa de trabajo con el Ministerio de Justicia que operó entre octubre del 2018 y enero de este año. El cuestionamiento de fondo que tienen del sistema actual es que estiman los jueces solo deben dedicarse a labores de juzgar. Y que no deben -en el caso de la Suprema- nombrar, calificar y a la vez sancionar a los magistrados de otros escalafones.

Hoy el proceso es así: en el caso de los ministros de la Suprema, el Pleno (de esa misma Corte) elabora una quina con postulantes; el Presidente de la República elige un nombre y el Senado debe ratificarlo con una votación de dos tercios. Los concursantes externos -abogados sin carrera judicial- son los únicos que tienen audiencia pública.

En el caso de los ministros de Cortes de Apelaciones, estos son designados tras una terna (que elabora la Suprema). Luego la lista se envía al Ministerio de Justicia y el Presidente de la República elige un nombre. Para los jueces de primera instancia (de garantía, orales, civiles, del trabajo y familia), el proceso es igual.

La aspiración de la Asociación de Magistrados es que en los nombramientos no participen las cortes, sino que exista un organismo autónomo -similar al consejo anunciado por Larraín- que esté a cargo de las funciones administrativas y que asegure la independencia judicial. El gremio tiene algunas divergencias respecto de la conformación de este consejo, pero eso “se discutirá en sede democrática, que es el Congreso”, dice Piñeiro.

–¿Qué les parece como gremio la propuesta de Larraín, que incluye en el consejo de nombramiento de jueces a un representante del Presidente de la República, uno del Senado, otro del Poder Judicial, un decano de una facultad de Derecho y un quinto que llegará por Alta Dirección Pública?

“Nosotros estamos muy de acuerdo en la elaboración de este nuevo órgano y en las tareas que por ahora se le está asignando. Pero no necesariamente estamos de acuerdo en su conformación, porque la propuesta del ministro deja fuera a los jueces. Es solo un representante del Poder Judicial, pero no de los jueces. Tampoco se indica cómo se va a elegir. Pero esas son materias que tienen que ver con la orgánica y que se pueden discutir en el Congreso, que es la sede democrática”.