Agnic: “La posibilidad para esconder flujos de un origen ilícito es enorme”
Tras las revelaciones de actividades sospechosas en los mayores bancos del mundo, la exdirectora de la Unidad de Análisis Financiero advirtió que los sistemas de cumplimiento no son percibidos como propios del negocio.
Entre 1999 y 2017 los principales bancos mundiales reportaron actividades sospechosas de lavado de activos u otros delitos por un total de US$ 2 billones (millones de millones). Aunque es obligación de las entidades dar la alerta a los reguladores de este tipo de transacciones, en estos casos el aviso llegó años más tarde, luego de comprobar la existencia de actividades criminales o solo después de llamados de atención de las autoridades. Esto, según un reporte que dio a conocer el Consorcio de Periodistas de Investigación, que filtró miles de documentos que mostraron el flujo del dinero ilegal.
“En estricto rigor esa información nunca debió haber llegado a manos de los periodistas. Porque el sistema de prevención antilavado de activos se funda en la confidencialidad”, advirtió Tamara Agnic, exdirectora de la Unidad de Análisis Financiero y socia de KPMG. Sin embargo, agregó que la investigación mostró que el sistema no es infalible. “No es la primera vez que les habían hecho la advertencia (a los bancos) que sus sistemas de prevención estaban funcionando mal y que los incentivos comerciales detrás de todos estos enormes flujos de dinero fueron más importantes que los sistemas que debiesen estar instalados de manera sólida en cada rincón de la institución”, comentó Agnic en PAUTA Bloomberg, de Radio PAUTA. “La posibilidad que hay para esconder flujos de un origen ilícito es enorme y tenemos que tener esa consciencia de la vulnerabilidad”, agregó.
De acuerdo a Agnic, cuando la estructura preventiva no forma parte del proceso completo de las operaciones, solo se radica en las áreas de cumplimientos y no es considerado parte del negocio, los sistemas se vuelven permeables. “Mientras existe esa disociación lamentablemente vamos a tener sistemas preventivos superdébiles, porque vamos a estar anteponiendo el interés del negocio de corto plazo”, advirtió Agnic.
En Chile, las entidades tienen la obligación de reportar transacciones que levanten sospechas de actividades criminales. “Es fundamental que el sector privado se involucre activamente en el ámbito de la prevención. Lo que hace es identificar estas primeras señales de alerta y tienen la obligación de reportar a la autoridad competente (como la UAF)”, dice Agnic. En 2019 la UAF recibió un total de 4.798 reportes de operaciones sospechosas, lo que representa una caída de 4,3% en relación a 2018. Sin embargo, la detección de indicios de lavado de activos y financiamiento del terrorismo aumentó en 73,8%.
Vea la entrevista con Tamara Agnic en PAUTA Bloomberg