El principal operador de buses interurbanos ha activado el 17% de su flota y mantiene al 60% de sus trabajadores suspendidos. Según el gerente general de la empresa, el sector “va a cambiar considerablemente”.
Agencia Uno
Los motores de Turbus han arrancado, pero de manera lenta. Entre abril y comienzos de agosto, el mayor operador de buses interurbanos de Chile mantuvo apagadas sus máquinas ante las cuarentenas obligatorias, los cordones sanitarios y las medidas de distanciamiento social implementadas para hacer frente al coronavirus. Por lo mismo, la empresa suspendió los contratos del 80% de sus trabajadores.
En agosto, ante la reapertura de parte de la Región Metropolitana, la empresa retomó sus viajes interurbanos, pero solo con el 3% de su flota. La cifra fue creciendo hasta llegar al 17% de la flota a fines de septiembre, con un factor de ocupación de 30%.
Las aerolíneas, los aeropuertos, las líneas de cruceros y los hoteles deberán desarrollar y adherirse a nuevas pautas sobre distanciamiento social, limpieza y servicio de alimentos.
Según comentó el gerente general de Turbus, José Antonio Errandonea, el crecimiento ha sido lento, pero existen señales alentadoras. "El anuncio que hizo esta semana la subsecretaria [de Salud, Paula] Daza es una buena noticia en el sentido de que flexibilizan la autorización de viajes entre regiones, hasta antes de ese uso había que esperar a fase 5 para efectos de poder viajar entre regiones […], creemos que será muy gradual y la clave es ver qué es lo que pasa con la probable segunda ola", dijo Errandonea en PAUTA Bloomberg, de Radio PAUTA.
Debido a la falta de operaciones, la empresa ha debido recurrir a los aportes de sus controladores. "Hemos subsistido básicamente con el apoyo de los dueños, la familia Diez ha aportado en promedio del orden de $1.500 millones todos los meses, desde marzo hasta la fecha y ya totaliza alrededor de US$ 15 millones", detalló Errandonea.
Retomar las operaciones le ha permitido a Turbus reducir el porcentaje de trabajadores suspendidos de 80% al 60%. Pero esta situación, advirtió Errandonea, podría cambiar en noviembre, cuando venza el plazo máximo permitido para acogerse a la Ley de Protección al Empleo. "Nuestra interpretación legal es que el 1 de noviembre podríamos tener que activar a toda la gente y si no hay volumen de operación para eso, va a ser un problema para nosotros y muchos otros rubros", reconoció el ejecutivo, quien agregó que la empresa ha mostrado su preocupación a las autoridades a través de la Asociación de Buses Interurbanos.
Unos 400.000 empleados de líneas aéreas han sido despedidos, cesados temporalmente de sus puestos, o se les ha comunicado que podrían perder sus trabajos.
De todos modos, la empresa se encuentra atenta a los anuncios en materia de subsidios a la contratación, en los que podrían incluirse medidas para la protección de los trabajos.
Pese a que la crisis asociada al coronavirus es vista como temporal, podría tener un impacto permanente en la industria del transporte. "Creo que el sector va a cambiar considerablemente respecto a la realidad que tenemos hoy", pronosticó Errandonea. Entre las evoluciones, comentó que la industria tenderá a consolidarse. "No todos vamos a poder pasar este bache y los que queden probablemente busquen mecanismos para rentabilizar mejor sus buses", dijo Errandonea, mencionando así el fortalecimiento de las ventas por Internet y la simplificación de los servicios que ofrecen los operadores. "Es un año de mucha pérdida y en algún minuto hay que recuperarla", comentó.
Vea la entrevista con José Antonio Errandonea en PAUTA Bloomberg
El director de empresas y presidente de Generación Empresarial afirmó que "la mayor demanda del estallido social era reducir la desigualdad de ingreso y trato, y estamos en el camino".
El director del servicio, Marcelo Mosso, asegura que la relación con el resto de los prestadores de la salud privada ha sido fluida durante la pandemia. “Hemos obrado en términos justos respecto a los pagos que se hacen”, comentó.
BHP registró un deterioro de US$ 409 millones por las operaciones del yacimiento, cuya venta acordada en 2018 fue cancelada.
El proyecto es una de las iniciativas que preocupa al sector privado, ya que restringiría el desarrollo de actividades mineras.
