El plan de bomberos para usar su tesoro bursátil

La institución recibirá cerca de US$ 11 millones durante el próximo año tras el remate de acciones sin dueño que se realizó en la rueda.

A las 12:32 del jueves comenzó a sellarse el valor del tesoro de la Bolsa. En un remate maratónico, se ofrecieron alrededor de 35 millones de papeles de 67 sociedades anónimas abiertas y de 38 empresas que actualmente se encuentran cerradas, en quiebra, liquidación u otro estado que no le permite estar inscrita en la Bolsa. En total se adjudicaron 10 millones de títulos por alrededor de US$11 millones. Para las otras 25 millones de acciones no hubo interesados, por lo que volverán a ofrecerse en la rueda en el corto plazo.

Todo estos activos son parte del patrimonio olvidado de inversionistas, el que nunca fue reclamado por su dueño, dueña o los sucesores, por lo que descansaban en la Bolsa de Comercio. Hasta ahora. Debido a una nueva disposición legal de 2016, a partir de 2017 las corredoras, bancos y las bolsas están obligadas a acudir al regulador si encuentran en custodia acciones cuyo dueño se desconoce. Si esto ocurre, deberán intentar contactar a los dueños a través de avisos de prensa. En el caso de los papeles adquiridos antes de 1981, los desconocidos inversionistas podían acudir al rescate de los títulos en el plazo de un año, el cual venció en mayo de este año. Los papeles que no fueron reclamados, fueron puestos en remate el jueves.

La transacción se resolvió en 68 minutos. Sin embargo, el traspaso del dinero a las arcas de bomberos tardará bastante más: cerca de un año, para ser precisos. Primero, la totalidad de los US$ 11 millones pasará a una cuenta en el Banco Santander, a la espera de que eventualmente aparezca uno de los desconocidos dueños. Si, nuevamente, estos no acuden al rescate de sus activos, el dinero irá íntegramente a la Junta Nacional de Bomberos.

La llegada de los dineros es esperada con ansias por la institución y aunque todavía no hay completa claridad sobre el monto que finalmente arribará, su destino ya ha sido discutido. Sucede que el monto que recibirán es cuantioso para las arcas de la organización.

El plan

El financiamiento de Bomberos se puede dividir, a grandes rasgos, en tres. Primero, los aportes públicos: la institución recibe un aporte único anual vía Ley de Presupuestos de parte del Estado. Para este año se entregaron $41 mil millones (US$ 63 millones). Además, cada cuartel es financiado con aportes municipales.

En segundo lugar están las donaciones directas de privados, a los que se suman en tercer lugar los traspasos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas. La normativa establece que los dividendos de inversionistas fallecidos, que no han sido recolectados por los herederos, deberán pasar a las arcas de Bomberos. Se trata, en promedio de $5 mil millones (U$ 8 millones) al año. Desde 2016 se agregó una nueva fuente de financiamiento a través de la normativa que rige a las sociedades anónimas. Las acciones que no tienen un dueño claramente identificable y que no han sido reclamadas, deberán ser rematadas y el dinero recaudado irá a Bomberos.

¿Por qué recibe Bomberos estos aportes y no otra institución? La explicación no está clara, ni tampoco fue parte de la discusión parlamentaria en el momento en que se dictaminó el remate de las acciones. Sin embargo, hay algunos que comentan que se trata de una organización privada única, ya que presta un servicio público fundamental sin ser parte del aparato del Estado. Por ello, había que buscar un mecanismo estable para asegurar su financiamiento.

Según detalla el presidente de la Junta Nacional de Bomberos, Raúl Bustos, se espera que el dinero recaudado por los dividendos no reclamados vaya disminuyendo en un futuro cercano. Esto, debido a que el desarrollo de las tecnologías ha masificado la información en todo nivel. Incluso para los herederos de los inversionistas. “Las personas se están enterando cada vez más rápido de las acciones que quedan para herencia”, asegura Bustos.

Por lo mismo, el presidente de Bomberos propondrá utilizar la mitad de los US$ 28 millones que esperan recibir para asegurar los flujos futuros que se obtienen por la Ley de Sociedades Anónimas. Tras ello, se crearía un fondo de estabilización y los recursos que se irían liberando cada vez que el dinero recaudado por dividendos no reclamados sea menor al promedio anual de $5 mil millones. La política de inversión del fondo, agrega, sería determinada en un futuro por la Junta Nacional. En cualquier caso, se buscarían activos de bajo riesgo.

El otro 50% de los dineros sería destinado a iniciativas individuales de cada cuartel, los que tendrían que presentar proyectos detallados y postular para obtener parte de los fondos.

De todas maneras, agrega Bustos, esta propuesta será presentada y discutida en una sesión especial que se convocará cuando se reciban los recursos. En ella, participará un representante por región de la Junta Nacional.

Además del fondo de estabilización, también han surgido otras alternativas para el uso de los recursos, como la reconstrucción de cuarteles que permanecen destruidos desde el terremoto y la renovación de equipamiento.

Para Bustos, no obstante, es vital mantener estable el ingreso de recursos vía Ley de Sociedades Anónimas. Esto, debido a que se trata de la principal fuente de financiamiento para la Academia Nacional de Bomberos. Del total de los $5 mil millones que se reciben en promedio por los dividendos no reclamados, unos $1.500 millones van al centro donde se entrena a los voluntarios. Este año, el instituto recibirá $41 mil millones de parte del Estado vía Ley de Presupuestos, de los cuales $600 millones irán para la academia. Este monto varía en el tiempo.

Los guardianes de bomberos

El dinero recibido de parte del Estado para 2018 ya está repartido. Cerca de la mitad se destinará de manera directa a los 313 cuerpos de bomberos que integran la Junta Nacional, 10% irá para el funcionamiento de este órgano central y a la academia, mientras que el monto restante se utilizará para la compra de materiales.

En el caso de esto último, los gastos más cuantiosos van a la renovación de la flota de carros bomba. Para la compra de estas máquinas se realizan licitaciones de contratos marcos, en los que se establecen las características que deben tener quiénes quieren participar en el concurso. Los que cumplen con estas exigencias, pueden integrar el grupo de marcas autorizadas por Bomberos. El costo de los carros varía, pero puede ubicarse entre los $160 millones y los $400 millones.

Debido a que la institución recibe recursos a través de la Ley de Presupuestos, Bomberos está supervisado por la Contraloría General de República, que tiene como tarea vigilar por el buen uso de los dineros fiscales. Además, como se trata de una organización no gubernamental que utiliza fondos públicos, cada cuartel debe estar inscrito ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), sucesora de la antigua Superintendencia de Valores y Seguros. Sin embargo, no se les exige contar con información actualizada, por lo que no deben enviar sus estados financieros ni tampoco tienen la obligación de comunicar hechos esenciales. De todas maneras, deben mantener informado al Ministerio del Interior -a través del cual recibe recursos estatales- del uso de los dineros.

Todo esto, para garantizar la sanidad de las arcas. Unas que se aprontan a recibir por primera -y única vez- un botín de cerca de US$ 11 millones.