El sube y baja de la tensión entre la Fiscalía y el Gobierno por los saqueos

Mientras la Cámara aprobaba el proyecto de ley antisaqueos, el Ministerio Público envió duras señales al oficialismo ante sus críticas por su rol en la crisis.

“Se hacen muchas gárgaras con la Ley de Seguridad del Estado. Los principales hechos, los más graves, los tuvimos del 18 al 21 [de octubre]. Yo le puedo decir certeramente que en la Fiscalía Oriente no tuvimos ningún abogado del Ministerio del Interior presente en una audiencia de control de detención, que era el momento de hacer valer la ley”.

La frase la pronunció el fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, quien en entrevista la mañana del 4 diciembre en Primera Pauta respondió a las críticas de las que ha sido objeto. Los cuestionamientos han provenido tanto del Gobierno -a través del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla- como de parlamentarios del oficialismo, en especial la diputada María José Hoffmann (UDI), sobre el rol del Ministerio Público en la persecución de los saqueos a locales comerciales que se produjeron a partir del 18 de octubre, cuando comenzó el estallido social.

Las críticas reventaron luego de la decisión del Ministerio Público de otorgar una salida alternativa a 26 imputados por saqueos a un supermercado -el delito es robo en lugar no habitado- en Conchalí el pasado 21 de octubre, cuando aún estaba vigente el estado de excepción.

Sobre el punto, Ubilla señaló a La Tercera que “muchas veces, la Fiscalía no nos acompaña y básicamente los detenidos quedan rápidamente en libertad, ni siquiera van a controles”.

Previamente, los abogados fichados por el Gobierno para representarlo en los delitos ocurridos durante la crisis social ante la justicia, Jorge Bofill, Gabriel Zaliasnik y Samuel Donoso, comenzaron con las críticas al rol del Ministerio Público. 

En el caso de Bofill, sus dardos apuntaron a que “era una pésima señal” dar una salida alternativa a quienes habían cometido saqueo y un “abandono de deberes grave”. Esto, aunque los imputados no tuvieran antecedentes penales.

La temperatura subió al punto de que el fiscal nacional, Jorge Abbott, también les contestó este mismo miércoles 4 de diciembre. Dijo que los penalistas de quienes provenían las críticas “son precisamente quienes han sido abogados de empresas o instituciones o personas que han accedido a suspensiones condicionales por hechos que han sido particularmente graves también. Por ejemplo, en el caso Penta, en el caso SQM, en el caso del senador Iván Moreira“.

Chivo expiatorio

Ante las críticas, Guerra señaló que “está bueno ya de que se utilice al Ministerio Público como chivo expiatorio”. Sus palabras sintonizaron con la entrevista que Abbott concedió a la misma hora en radio Cooperativa: tras los cuestionamientos al rol de su institución, dijo que “el Gobierno trata de llevar a sede penal un conflicto que es político y social, cuyos responsables no han sido capaces de solucionar”. Y añadió que cuando surgen problemas de seguridad pública, es usual que se centre el ataque en instituciones que actúan con posteridad de los actos, como es el caso, ejemplificó, de su institución y también del Poder Judicial.

Abbott también dijo que existe “ignorancia” respecto del trabajo de los fiscales, pues ellos van al sitio del suceso a levantar evidencia después de que ocurre un delito.

La reunión con el Gobierno

Abbott reiteró sus aseveraciones a la salida de la reunión al mediodía del 4 de diciembre de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, que lidera el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y en la que participan también autoridades de Carabineros, la PDI, el Colegio de Abogados, la Defensoría Penal Pública y el presidente de la Corte Suprema. El motivo: abordar el funcionamiento de las instituciones en el marco del estallido social.

Sobre la pugna entre La Moneda y el Ministerio Público también habló el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, luego de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto de la ley antisaqueos y barricadas, destinado a subir las penas, y que ahora pasará al Senado. “Necesitamos una justicia que actúe oportunamente, con mucha fuerza y con el máximo rigor de la ley, especialmente cuando se cometen delitos que causan tanto daño a las personas y que también dañan a la democracia”, señaló.

También se manifestó al respecto la vocera de gobierno, Karla Rubilar, quien dijo que “la Fiscalía no tiene que defenderse”, sino que “tiene que aprovechar la oportunidad para mejorar después de 48 días”. 

Rubilar ya había señalado que una entrevista con PAUTA, el 3 de diciembre, que es necesaria una especie de cuenta pública por parte del Ministerio Público para explicar su trabajo en la crisis, mientras que la diputada Hoffmann fue quien acusó falta de presencia de los fiscales en terreno y pidió una sesión especial en el Congreso para debatir el papel de la institución.

Quién esá detrás de los saqueos

Guerra, en tanto, recordó que desde el 18 de octubre se han intensificado los turnos de emergencia de los fiscales y explicó en PAUTA cuál ha sido el modus operandi: “Trabajamos sobre la base de los insumos que nos entrega la policía. Tenemos muchos casos en que la prueba es mínima […] Aquí no hay tema de favorecer a la delincuencia […] nosotros no podemos acusar gente si después van a ser absueltos por la Justicia por falta de pruebas”.

También dijo que si bien hay un grupo de “delincuentes habituales” que ha liderado los saqueos, en un comienzo quienes fueron detenidos eran personas que por primera vez entraban al sistema penal; por lo tanto, no tenían antecedentes.

El fiscal explicó que en la zona oriente los robos en lugar no habitado -saqueos- ocurrieron más bien en las dos primeras semanas tras el estallido y se concentraron en Macul, La Florida y Peñalolén, y luego la situación empezó a bajar progresivamente. “Mayoritariamente, lo que observamos fue un tema de generación espontánea. Es usual que en este tipo de situaciones se genere un grado alto de temor al desabastecimiento”.

Abbott, a la vez, intensificó la defensa institucional y dijo que “el subsecretario del Interior y los ministros del Interior de todos los gobiernos, cada vez que hay un procedimiento policial exitoso, aparecen junto con las policías, a veces con los fiscales […] pero cuando hay fracasos o teóricamente críticas, no, es el Ministerio Público. Es decir, las utilidades las hace el Ministerio del Interior y las pérdidas, el Ministerio Público”.

Desde el 18 de octubre y hasta el 22 de noviembre, el Ministerio Público ha pasado a control de detención a más de 30 mil personas. De ellas, poco más de 20.000 han sido formalizadas y 2.000 se encuentran en prisión preventiva. 

Larraín: “Creemos que las cosas se pueden hacer mejor”

Tras terminar la reunión de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, el ministro Hernán Larraín, quien la preside, dijo que “como Gobierno nos preocupamos de instar al mejor funcionamiento de las instituciones. No somos jueces con la capacidad de decir qué es lo que tiene que hacer un fiscal, un policía o un juez, pero sí instar a que haya un compromiso de funcionamiento más positivo, porque creemos que las cosas se pueden hacer mejor”.

Consultado sobre si la ciudadanía puede confiar en estos momentos en las instituciones de persecución penal, dijo: “Es la pregunta que nos hemos hecho. Y la respuesta de las instituciones es que están haciendo el mejor esfuerzo para atender y responder a las inquietudes ciudadanas. Probablemente, por la gravedad de los hechos, muchos esperan respuestas más rápidas, eficaces y oportunas. Y los tiempos y ritmos con que trabajan los fiscales, los jueces, los investigadores y, en general, el sistema, no van en el ritmo de la demanda ciudadana”.

Añadió que “el rol que le compete al Gobierno y a este ministerio es asegurar que las instituciones funcionen. Porque en un Estado de Derecho democrático, esa es la clave. En otros tiempos de nuestra historia no lo había y la gente con razón ha tenido desconfianza y ha sufrido las consecuencias”.

Abbott, después de sus 48 horas defendiéndose de las críticas, dijo: “La conclusión de la comisión es que el sistema de justicia ha funcionado bien: los tribunales, la Defensoría Penal y también el Ministerio Público. Es decir, el Estado de Derecho está funcionando perfectamente. Así lo ha reconocido la propia presidenta del Colegio de Abogados. Y, por cierto, los resultados de las investigaciones actualmente en curso, pues tendrán su maduración en el momento oportuno”.

Abbott añadió que “han pasado menos de 50 días del inicio de estos hechos y, en consecuencia, es muy difícil pedirles resultado a investigaciones que tenen un plazo que, muchas veces, excede los 60 o 90 días”.

Sobre las palabras de la vocera de Gobierno en cuanto a que la Fiscalía, en vez de defenderse, debe tomar las críticas como una oportunidad de mejorar, dijo: “Pareciera que esa afirmación parte de la base de que desde el Ministerio del Interior parecen no haber leído las cifras que nosotros tenemos”.